Comisión Experta ratifica barrera electoral de 5%, normas antidíscolos y un artículo transitorio de paridad

Un umbral adicional para que los partidos accedan a los escaños en el Congreso, normas para combatir a los parlamentarios díscolos, multas para los diputados o senadores que no cumplan las urgencias legislativas y una agenda prioritaria para que el Presidente pueda aprobar sus proyectos de ley. Eso es, en parte, lo que este viernes aprobó el pleno de 24 comisionados que forman parte de la Comisión Experta.

Al someter a votación el cuarto capítulo sobre el Congreso, el órgano de expertos se adentró en el corazón de lo que serán los artículos que regularán el futuro sistema político, lo que algunos constitucionalistas llaman “la sala de máquinas” de una Constitución.

La norma más emblemática en este tema fue la instalación de un umbral electoral para que los partidos puedan acceder a la repartición de los escaños luego de las elecciones parlamentarias. “Solo los partidos políticos que alcancen, al menos, el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente electos en dicha elección de diputados y diputadas y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección”, dice la norma aprobada.

Pese a que la DC no apoyaba la norma y promovió sin éxito una enmienda que permitiera que los partidos que no lograban el 5% pudieran federarse, en el pleno ambas comisionadas -Paz Anastasiadis y Alejandra Krauss- dieron su voto a favor. De esta manera, el umbral tuvo 23 apoyos y la única abstención fue de la comisionada Magaly Fuenzalida (FRVS).

Esta barrera está pensada para combatir la fragmentación política y reducir la cantidad de partidos que tienen en el Congreso. Esto debido a que el sistema completo ha tendido a la atomización pasando, a través de los años, desde ocho a más de 20 las colectividades que logran algún escaño.

Hace varias semanas el comisionado Teodoro Ribera (RN) dijo que el objetivo de la norma era “eliminar, perdonando la expresión, a los ‘partidos callampa’ y va a hacer florecer partidos más grandes”. Por lo mismo, implicó que los partidos más chicos que podrían verse afectados por este umbral -como el PR, DC, PL, FVRS- hicieran gestiones con los comisionados e incluso con La Moneda para evitar que prospera. Sin embargo, su arremetida llegó tarde y en los partidos ya existía un acuerdo transversal para apoyar el artículo.

Lo único que sí lograron fue un artículo transitorio para que la primera aplicación en la parlamentaria de 2025 sea más suave. “Excepcionalmente, para acceder a la representación parlamentaria en la Cámara de Diputados en el primer proceso eleccionario celebrado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, los partidos políticos deberán obtener al menos un cuatro por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo cuatro parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente electos en dicha elección de diputados y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección”, se lee en esa norma transitoria.

Uno de los defensores más duros del umbral de 5% fue el comisionado Gabriel Osorio (PS), quien insistió en su postura ante el pleno: “Reconociendo que la fragmentación es una cosa estructural en la sociedad chilena y que desde el nacimiento de nuestro sistema de partidos, recordando la cuestión del sacristán, Chile es un país multipartidista. Sin embargo, hemos buscado morigerar esa realidad social a través del valioso umbral electoral que en caso alguno pretende la instalación de un monopolio político. Busca favorecer la consolidación de los disgregados grupos en organizaciones más coherentes y estructuradas que servirán de útiles interlocutores para el diálogo y la negociación política”.

La voz más crítica llegó por parte de Fuenzalida. “La cuota fijada en un 5% a nivel nacional resulta un guarismo excesivo. Más aún cuando se contabilizan los votos a nivel nacional porque esto solo favorecerá a los partidos más grandes, dificultando enormemente a los partidos que tengan su fuerte en la representación regional”, dijo la representante de la FRVS.

Por parte de la derecha, Natalia González (Ind.-UDI) sostuvo que “la instalación del umbral, tan polémico por estos días, contribuye a la gobernabilidad, a crear partidos fuertes, con alta representación en la ciudadanía”.

De esa misma bancada, el comisionado Hernán Larraín también valoró la barrera electoral: “El 5% me parece esencial. Parte de los problemas es que debido al sistema electoral hemos derivado en un tremendo fraccionamiento de los partidos políticos con una existencia de tal cantidad de partidos y grupos parlamentarios que no hay posibilidad alguna de gobernar”.

Si bien el oficialismo quería tener una norma permanente para garantizar la paridad en el Congreso de 50%-50%, esa aspiración quedó fuera del acuerdo. En cambio, ambas fuerzas políticas negociaron una norma transitoria y mucho más atenuada.

“Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, será ingresado sea por mensaje o moción al Congreso Nacional un proyecto de ley electoral que deberá disponer un mecanismo de su integración, según las siguientes reglas: a) El mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños, en elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el sesenta por ciento de los electos en los respectivos actos”, plantea una parte de la norma.

La cláusula además tiene fecha de vencimiento definida: “La vigencia del mecanismo referido en este artículo cesará tras las dos elecciones parlamentarias siguientes a la entrada en vigencia de la ley electoral a que hace referencia en este artículo, o bien, si antes del referido plazo en una misma elección parlamentaria, de no haber mediado su aplicación, fuere lograda la proporción señalada en el literal a) en sus respectivos resultados electorales”.

El asunto fue materia de un fuerte debate entre los comisionados. “Acá no se trata de oponerse a que las mujeres participen con igualdad de oportunidades en la vida política. Tampoco se trata de que un sector político promueve esa participación con pasión y otro no. O que otro se hace el loco o muestre desinterés. Por el contrario, quiero decir que para este sector político, bienvenidas las mujeres y también los hombres que con interés y rigor se acercan a los asuntos públicos a efectuar una valiosa contribución”, afirmó la comisionada González.

La experta designada por la UDI luego agregó: “No soy partidaria de establecer una cuota de resultados especificas ni aun transitoriamente (...) sobre todo cuando hay otros valores que resguardar, como la igualdad ante la ley y la libertad de cada uno de nosotros para elegir a quien mejor lo representa”. Por su parte, la comisionada Bettina Horst (Ind.-UDI) comentó que “no necesariamente una mujer va a representar mejor mis ideas como mujer”.

La respuesta llegó por parte del oficialismo. “Los estudios han comprobado que efectivamente una participación mayoritaria de mujeres, una masa crítica de mujeres, un número importante de mujeres que participan de los órganos colegiados dan cuenta de las necesidades, de las vivencias que se relacionan con las experiencias de discriminación estructural, con las limitaciones que enfrentamos día a día”, afirmó Catalina Lagos (PS).

Al votarse el transitorio, la norma contó con 20 votos a favor y cuatro en contra. Los rechazos vinieron por parte de las comisionadas Horst, González, Marcela Peredo (Ind.-RN) y el experto Carlos Frontaura (Ind.-Republicano).

El oficialismo tampoco logró incorporar escaños reservados para pueblos indígenas. En cambio, solo consiguió una norma genérica para instalar un principio constitucional. “La ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional”, se lee en la cláusula.

La norma tuvo 19 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Los votos opositores fueron de Horst, González y Frontaura. En tanto los comisionados Larraín y Máximo Pavez (UDI) se abstuvieron.

La experta que más resintió esto fue la abogada y antropóloga Antonia Rivas (CS), quien se ha especializado en estudiar a los pueblos indígenas. “Agradezco al menos que hayamos dado señales normativas que habilitan el debate y permiten dejar en claro que pese a nuestras diferencias, consideramos estos temas como relevantes y fundamentales para que sean abordados posteriormente por el legislador”, dijo la comisionada.

Otra norma que visó el pleno fue la que establece que durante su cuenta pública, el Presidente podrá escoger un máximo de tres proyectos de ley como parte de su agenda legislativa prioritaria. Estos proyectos deben tramitarse en un año. Si el Congreso no cumple, “se pondrán en votación en la sala en su última versión aprobada”.

También se le dio luz verde a los artículos que pretenden combatir a los parlamentarios díscolos. Si renuncian al partido con el cual fueron electos o son expulsados de la colectividad, perderán el escaño.

Asimismo la Comisión Experta, con la intención de colaborar a la creación de gobiernos de mayorías, trasladó la elección parlamentaria a la segunda vuelta presidencial.