Comisión Experta se divide ante la opción de mantener o eliminar el indulto presidencial

“La experiencia de este proceso probablemente nos obligue a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad, esencialmente por la presión que cae sobre la decisión de una sola persona”. Las palabras las dijo el martes en la tarde el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de que el TC -tal como estaba predispuesto dadas las mayorías del pleno- rechazara los requerimientos en contra de los indultos presidenciales otorgados por el Presidente Gabriel Boric.

La apertura de Cordero para revisar la regulación de la potestad presidencial de los indultos particulares fue una puerta que abrió, pero que de inmediato se la dejó en manos del proceso constitucional. La Comisión Experta -el primer órgano del proceso a cargo de redactar un anteproyecto- recibió el recado y entró al debate.

La regulación constitucional del indulto particular está en la Constitución vigente. Al tratarse de una facultad presidencial, será tarea de la subcomisión a cargo de normar el sistema político. En esa instancia -que integran Juan José Ossa (RN), Natalia González (Ind-UDI), Antonia Rivas (CS), Sebastián Soto (Ind-Evópoli), Gabriel Osorio (PS) y Francisco Soto (Ind-PPD)- han discutido el tema, pero sin resolver nada aún. Dos de los tres expertos oficialistas que participan en esa comisión son partidarios de no eliminar la facultad, pero sí dotarla de una mejor regulación.

En la oposición, un comisionado, a priori, es de la idea de restringir mucho esta facultad o en su defecto eliminarla.

De esta forma, los comisionados de esa subcomisión adelantan que es muy temprano para saber hacia dónde irá la nueva regulación de los indultos particulares, ya que “aún falta mucho por conversar”. Lo cierto es que no tienen mucho tiempo. El 30 de marzo vence el plazo para presentar las normas del anteproyecto y los expertos encargados del sistema político están tratando de acordar al máximo posible todos sus artículos.

Uno de los comisionados de esa instancia agrega que la clave es ver si están los 3/5 en el pleno de la Comisión Experta para mantener los indultos.

A pesar de que varios son enfáticos en decir que no quieren que su trabajo se contamine con la coyuntura política ni tampoco tener que reaccionar ante los problemas de la política contingente, algunos de ellos se atreven a transparentar sus posiciones. La mayoría opta por guardar silencio frente al tema para no “adelantar juicios”.

Los dos exministros de Justicia -Hernán Larraín (UDI) y Teodoro Ribera (RN)- son partidarios de mantener los indultos particulares. El primero, sin embargo, lo hace con un matiz, ya que le gustaría analizar que la facultad sea trasladada al Congreso, tal como estipulaba un proyecto de ley que ingresó cuando lideraba el Ministerio de Justicia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

“Si se va a radicar algún tipo de indulto en la Constitución en el futuro, debe ser excepcionalísimo y solo por razones de carácter humanitario, personas que están en riesgo inminente de muerte. De lo contrario, lo que estamos haciendo es saltarnos la administración de justicia. ¿Para qué tenemos tribunales si después tenemos a un señor o una señora que va a decir mire, olvidémonos, váyase tranquilo para la casa? No me parece que sea una institución seria. Hay que dejar en manos del Congreso o incluso prefiero que sean los mismos tribunales los que lo vuelvan a revisar, pero saquémoslo de las autoridades políticas como norma general”, afirmó Larraín.

Uno de los expertos designados por RN, Jaime Arancibia (Independiente), también está a favor de mantenerlo. “Es una potestad que corresponde al Presidente en calidad de Jefe de Estado más que jefe de gobierno. Soy partidario de mantenerlo como potestad excepcional únicamente por razones humanitarias, sin perjuicios de otros casos que puedan ser regulados por el legislador de modo específico”, comentó el académico de la Universidad de los Andes.

En el oficialismo, hasta el momento, también están por mantener esta facultad presidencial. Un experto de ese sector comenta -en privado- que también está a favor de mantenerlo, ya que se trata de algo “propio del sistema presidencial”.

En la decé también están por mantener el indulto. “Podemos tener indultos particulares, pero lo relevante es que la facultad que se ejerza sea excepcionalísima. Tenemos que generar que la futura Constitución también tenga ese mismo carácter de excepcional”, afirmó la comisionada Paz Anastasiadis (DC).

Algunos comisionados aún no tienen postura sobre el tema y han puesto dos puntos sobre la mesa para el análisis. El primero es la tradición constitucional chilena que siempre, durante toda su historia, ha tenido el indulto particular en su regulación constitucional. El segundo tema a evaluar es el efecto que tienen los indultos en la sociedad, ya que si esas consecuencias son generalmente problemáticas, “probablemente haya que darles una vuelta”.

En la oposición, hasta el momento, los expertos que quieren eliminar la facultad presidencial son minoría. Sólo uno de ellos lo reconoció en privado y agregó que el sector está dividido. El asunto ya había sido abordado por los dos partidos principales de Chile Vamos.

La UDI, por ejemplo, redactó un documento en el cual tomó postura a favor de eliminar esta facultad presidencial. En RN hicieron algo similar y sostuvo que el indulto particular no puede continuar de la misma forma en que está actualmente y que la opción es acotarlo a razones de salud o derechamente eliminarlo.