Luego de la sesión de este lunes en la sede del Congreso en Santiago, los integrantes de la comisión especial investigadora que está encargada de esclarecer las responsabilidades políticas en el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, ya empiezan a sacar las primeras conclusiones.

Esto, en el marco de que a la instancia fiscalizadora de la Cámara de Diputados ya le va quedando poco tiempo para empezar a trabajar en el informe que debe evacuar a la sala de esa rama del Congreso. Por lo mismo es que el presidente de la comisión, Miguel Mellado (RN), adelantó que pedirá formalmente la extensión del plazo que tiene la instancia para cumplir con su mandato.

Inicialmente, con los 60 días que tiene para enviar el informe a la sala -que son días corridos a excepción de los domingos- tienen como plazo fatal el 31 de este mes para entregar el documento. Por lo mismo, Mellado adelantó que pedirá 15 días adicionales, teniendo el inicio de marzo, a la vuelta del receso legislativo, más jornadas para trabajar en ello.

Sin embargo, el documento no es la única preocupación de, al menos, los diputados de oposición que integran la comisión, pues luego de que el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (FA), invocara la tesis de que “las conversaciones con el Presidente son privadas” para eludir las preguntas de los parlamentarios cuando fue invocado, los legisladores de Chile Vamos recurrieron a la Contraloría para que el ente se pronuncie respecto de si es efectivo o no lo que planteó Crispi.

A pesar de ello, entre algunos parlamentarios ya existen algunas conclusiones. Incluso, la diputada Alejandra Placencia (PC) afirmó que la comisión ya tiene algunas propuestas para hacer.

“Llamaría a que empecemos a cerrar la labor de esta comisión porque ya tenemos antecedentes suficientes para evaluar aquello que fueron los actos de gobierno, que hubo desprolijidad, pero que también tenemos visiones que desde el mismo gobierno y la reflexión propia de los parlamentarios de la comisión tenemos cómo proponer recomendaciones que sirvan para el futuro”, sostuvo la diputada comunista.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas), en tanto, se lamentó por lo que, a su juicio, han sido las pocas conclusiones que pueden extraer del trabajo de la comisión. “Siendo bien autocríticos, la comisión hasta ahora no ha sido determinante. Hasta ahora los medios han aportado bastante, la investigación que va en sede penal también y por cierto los oficios (que) han hablado más que algunos asesores que han venido”, sostuvo.

Y añadió: “La responsabilidad política ha ido quedando claro desde un principio, aquí hay un ministerio que está a cargo de lo que sucede en una cartera con una autoridad, que falta control”.

Más cauto, eso sí, se mostró el presidente de la instancia. En ese sentido, Miguel Mellado indicó que “esperaría al final de la comisión porque todavía queda bastante, la contralora es una de ellas, para tener conclusiones y acciones que tienen que haber. No quiero aventurar conclusiones porque nos falta bastante en esta comisión”.

Los tiempos con que cuenta la comisión ha sido una permanente preocupación desde el momento de su constitución -a finales de noviembre-, pues desde a finales del año pasado que el Congreso se recargó con una importante batería de proyectos de ley, además de otras tres comisiones investigadoras. Así, los diputados también se vieron obligados a buscar otras sedes para sesionar. De ahí que, en la primera sesión de la investigadora de Monsalve, se decidió que la sede principal de su funcionamiento sea la sede del Congreso en Santiago.

Posteriormente, en un tenso inicio de sesión -y con la ausencia de parlamentarios oficialistas- los diputados acordaron tener un día extra de sesión, zanjando que fueran los días martes en la sede del Congreso de Valparaíso.

Ahí, por ejemplo, han recibido a los asesores de los distintos ministerios involucrados en el caso, como por ejemplo Pía Mundaca (Interior). Este martes, en tanto, están convocados Camilo Araneda, Ricardo Lillo y María Fernanda Astudillo; quienes son asesores y funcionarios de esa misma cartera. Inicialmente, estaban citados para este lunes, no obstante, como ha sido la tónica, pero por falta de tiempo, no alcanzaron a exponer.

En la exposición de este lunes -la segunda que hace ante la comisión- el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, se refirió al informe, dado a conocer por La Tercera, que advirtió sobre la pérdida de registros de cámaras relacionados a la indagatoria.

Al respecto, Cerna afirmó que “no ha desaparecido, destruido, ni borrado registro alguno. Las imágenes están en poder del Ministerio Público. Como lo he expuesto, las acciones de inteligencia se realizan para recuperar información, para luego analizarla, procesarla y transformarla en un producto útil para la toma de decisiones. La información no útil no se considera o es desestimada”.

El director de la PDI informó que el viernes 10 de enero se entregó a la Fiscalía Centro Norte un archivo recuperado con el duplicado de imágenes analizadas.

“El jefe nacional de Inteligencia, titular, que me acompaña, me informó que el personal de la Brigada de Contrainteligencia realizó una búsqueda de los registros no considerados útiles en el proceso de inteligencia, verificando así que el oficial que levantó el duplicado de las imágenes, encontró el soporte y recuperó el archivo, lo que fue comunicado al Ministerio Público y el día viernes 10 fue entregado el citado soporte, el archivo, junto al testimonio del oficial de inteligencia. Es decir, todas las imágenes obtenidas y levantadas de las actuaciones de inteligencia que fueron útiles, están en poder del Ministerio Público, incluso esta, que no aportaba antecedentes respecto a la indagatoria que se estaba realizando”, explicó.

A su turno, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, refrendó lo que han expuesto los personeros de gobierno en la comisión, que es que la decisión del gobierno, en los momentos que estalló la crisis, fue no informar al comité político completo de la situación.

Al respecto, indicó que “los días previos yo me encontraba en Ginebra encabezando una delegación de Estado compuesta por los tres poderes ante la Convención CEDAW y regresé al país el jueves 18. La decisión de remover un cargo de confianza de este nivel es del Presidente, el ministerio del Interior gestionó los primeros pasos y recabó los antecedentes sobre esta denuncia”.

En esa línea, agregó: “No lo tomo desde una óptica desde nuestro ministerio, sino que no fue solo al ministerio de la Mujer, sino que fue una determinación el que el comité político no fuera informado de inmediato en su conjunto porque había una investigación reservada que debía mantenerse bajo estricta confidencialidad para resguardar tanto a la víctima como también al curso de las diligencias, que a mí me parece un punto clave”.

“Como ya explicó la ministra Tohá, se compartió únicamente la información mínima entre determinados funcionarios para poder llevar a cabo algunas gestiones iniciales. La idea era comunicar al comité político al momento de tomar decisiones concretas, pero los hechos se precipitaron y, en ese sentido, no se hizo una convocatoria al equipo completo, independiente de que yo no me encontraba acá”, remató la secretaria de Estado.

La ministra Orellana también fue consultada sobre la no aplicación en el caso de los protocolos fijados en la norma que “Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo”, conocida como Ley Karin. Esto, atendiendo que la denunciante trabajaba como asesora de Monsalve.

“Estos protocolos, vale decir, se activan cuando hay una denuncia interna, lo cual en este caso no ocurrió. Y eso imposibilita que se echen a andar las recomendaciones, digamos, el 1, 2, 3 que debe ocurrir, gracias a la Ley Karin, cuando hay una denuncia interna. La víctima optó por denunciar ante sede penal, directamente en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Legítimamente es su derecho, pero al no haber una denuncia interna, no se activan los protocolos de ley, que son precisamente para espacios laborales”, precisó.