Corrían las primeras horas del apagón del martes, cuando el diputado Jaime Mulet (FRVS) señaló que impulsará una nueva comisión especial investigadora para dilucidar las responsabilidades por el corte de suministro.

“Creo que es muy importante investigar a fondo”, señaló Mulet. Y agregó que “como diputado de la República vamos a pedir una comisión investigadora, porque esta situación es dramática para nuestra gente”.

Como argumento, una de las cartas presidenciables del oficialismo, indicó que “hay muchas pérdidas económicas y el sistema y la energía que pagamos debiera tener mejores niveles de seguridad. Por otro lado, cierta soberanía y autonomía energética, donde los techos solares y otro tipo de unidades más pequeñas ayudarían también en situaciones como esta al tener menor vulnerabilidad energética, es muy importante”.

Lo cierto es que para la constitución de la instancia fiscalizadora, la sala de la Cámara deberá aprobarla por los dos quintos de los diputados en ejercicio, es decir, 60 parlamentarios. Quienes conocen de los pasos de Mulet, aseguran que dedicó el miércoles para la redacción de la fundamentación de la comisión, por lo que espera subir el escrito durante esta jornada a la plataforma de la Cámara.

Una vez que el documento esté en el portal, los diputados que adhieran a esta comisión podrán incorporar su firma digital -que requiere 62-, por lo que una vez presentada, se podría aprobar sin inconvenientes en la sala.

En paralelo, la bancadas de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- también están impulsando otra instancia investigadora. De hecho, el bloque del partido opositor ya ingresó el oficio respectivo.

Lo que buscan, según el documento, es reunir información relativa a los actos de gobierno, especialmente de los ministerios del Interior, Energía, Transportes y Medio Ambiente.

Adicionalmente, el 10 de septiembre del año pasado, el propio diputado Mulet, junto con Rubén Oyarzo, encabezó la constitución de otra instancia fiscalizadora sobre los cortes de luz y agua potable que ocurrieron por efecto de los sistemas frontales de 2023 y 2024. Ahí se vieron afectadas las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, el Maule, Biobío y La Araucanía.

El objetivo de esta comisión, según señala el documento, es recabar antecedentes sobre los actos del gobierno -en particular de los Ministerios de Energía, Economía y Obras Públicas-, además de la Superintendencia de Electricidad y de Servicios Sanitarios, en el cumplimiento de sus labores de fiscalización, coordinación y operatividad de funcionamientos de los servicios de luz y de agua.

Si bien las responsabilidades en una comisión investigadora se vislumbran una vez acordada las conclusiones por sus integrantes, el documento de la constitución de esta instancia es especialmente severo con las empresas del rubro.

Entre los antecedentes para la conformación del espacio fiscalizador, los diputados aseguran que “las empresas no se preparan para los estragos que generan las condiciones adversas en el sistema de distribución de energía y de suministro de agua”.

Más adelante acusan que “ha quedado al descubierto la ausencia de medidas de mitigación e información oportuna, especialmente por parte de las empresas distribuidoras de energía”.

“La realidad expuesta se repite año a año, evidenciando una realidad preocupante: las empresas sanitarias y eléctricas muchas veces no toman resguardos básicos para mantener el normal funcionamiento del servicio”, indica otro de los antecedentes.

Una vez culminado el receso legislativo, la comisión retomará sus funciones inmediatamente, pues la próxima sesión está convocada para el lunes 3 de marzo, donde recibirán a la Comisión Nacional de Energía y representantes de la Compañía General de Electricidad.

Junto con ello, según confirmó Mulet a este medio, tiene la intención de citar a una sesión especial de la comisión, para el día martes a las 08.30, para recibir al ministro de Energía, Diego Pardow.

Como cualquier comisión investigadora, tienen 60 días para evacuar el informe; esta instancia solicitó a la sala de la Cámara una prórroga para extender su mandato, lo cual fue concedido, por lo que tienen plazo hasta el 17 de marzo para emanar el informe con sus conclusiones al pleno de la Corporación.