Cómo el Mineduc se convirtió en el principal “ring” de la política

El ingreso de la acusación constitucional contra Marco Antonio Ávila, marcó varios récords.

Además de sus siete capítulos, la presentación transformaba a los ministros de Educación en el cargo político que ha sido acusado más veces desde 1990.

Si bien desde el Siglo XIX, los titulares del Interior han sido las autoridades a las que más veces se ha sometido a un juicio constitucional (en 23 ocasiones), desde el retorno de la democracia, sólo cinco jefes de Interior han pasado por ese trance, versus seis ministros de Educación.

El lunes 19 de junio, Ávila se convirtió en el sexto jefe de esta cartera en ser acusado desde 1990 (el séptimo desde el Siglo XIX), ratificando un fenómeno de las últimas décadas: el Mineduc se convirtió en el principal campo de batalla ideológico entre el gobierno de turno y la oposición, debido a la influencia que puede ejercer esta secretaría de Estado en el pensamiento de las futuras generaciones.

Precisamente uno de los argumentos que sustenta el libelo contra Ávila es su presunta agenda para instalar una suerte de doctrina en favor de la diversidad sexual.

Sin embargo, también hay otros elementos de fondo. Además de ser una de las carteras que representa el mayor desembolso fiscal del país (más del 19% del Presupuesto de la Nación), las acusaciones contra los ministros de Educación han sido usadas por los dirigentes de oposición para demonizar y “exorcizar” los males, que, a juicio de ellos, representa cada gobierno, por ejemplo, la corrupción, la mala gestión, el lucro o el deterioro del sistema público.

Coincidentemente detrás de cada libelo acusatorio contra un titular del Mineduc, los distintos bandos políticos comenzaron a ensayar coordinaciones que posteriormente derivaron en nuevas alianzas que llegaron a La Moneda.

Así ocurrió, por ejemplo, en el libelo contra Yasna Provoste en 2008, que marcó el primer acercamiento palpable entre grupos expulsados de la Concertación, que terminaron colaborando con el primer gobierno de Sebastián Piñera.

También algo parecido ocurrió con el libelo en contra de Harald Beyer en 2013. La acción era una suerte de guiño de la antigua Concertación al movimiento estudiantil, entonces liderado por figuras como Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Ello fue la antesala de la Nueva Mayoría y el segundo gobierno de Michelle Bachelet (que incluyó al PC y a un sector del movimiento estudiantil).

Lo mismo sucedió con las presentaciones en contra de Marcela Cubillos y Raúl Figueroa, que, a pesar de fracasar en su primera instancia, se sustentaban en una creciente articulación entre el Frente Amplio y el PC con antiguas fuerzas concertacionistas como el PS y el PPD, que hoy son el eje de la administración del Presidente Boric.

Tal vez el caso de José Pablo Arellano (DC), quien fue el primer titular del Mineduc acusado desde el 90, es el único distinto. La presentación de 1997 de las fuerzas de derecha, que fue desechada por la Cámara, obedecía a materias administrativas: se le reprochaba adeudar la asignación de perfeccionamiento docente a cerca de 70.000 profesores del sector municipal.

El cuadro cambiaría radicalmente once años después cuando la oposición sometió a un juicio constitucional, en 2008, a Provoste (DC), quien encabezaba en esos años la cartera. Si bien la presentación constaba de cinco capítulos, el punto central era un informe de la Contraloría que daba cuenta de un desorden administrativo en el pago de subvenciones por $262 mil millones.

Aunque el contralor de la época, Ramiro Mendoza, no le dio la connotación de un caso de corrupción, ratificó que había negligencias, como pagos sin la debida documentación de respaldo. La polémica escaló rápidamente y la arremetida encontró eco incluso en parlamentarios oficialistas, paradójicamente de la propia DC.

El telón de fondo de aquella acusación era la pugna que ya se vivía dentro de la DC por la expulsión de la colectividad de su expresidente, el senador Adolfo Zaldívar. En aquellos años, ya se evidenciaba el impulso de algunos de dirigentes de la Falange de romper con los partidos progresistas de la Concertación (PPD y PS) y buscar nuevas alianzas políticas con sectores de la derecha.

Así, el libelo contra Provoste se aprobó primero en la Cámara con el apoyo de algunos DC cercanos a Zaldívar, los llamados “colorines”. La presentación luego se ratificó en el Senado con el voto favorable del mismo expresidente falangista, además de Fernando Flores (quien había renunciado al PPD) y del independiente Carlos Bianchi.

En el tono de los discursos, especialmente de parte de los senadores de derecha, quedaba claro que la acusación no sólo iba dirigida contra Provoste, también era una suerte de juicio a la Concertación. “Se abre una nueva etapa en la vida política nacional que termina con la permanente impunidad que los funcionarios públicos tuvieron por décadas... en orden a poner fin a la corrupción, al uso ineficiente y al derroche de los recursos del Estado”, dijo, por ejemplo, el senador Baldo Prokurica (RN) en la sesión del 16 de abril de 2008.

En abril de 2013, Bayer debió enfrentar una acción basada en tres causales. La principal le reprochaba al ministro no haber fiscalizado debidamente para impedir el lucro en las universidades privadas. Tras la movilización estudiantil de 2011, el fin al lucro se había transformado en la principal bandera de la generación que llegaría a La Moneda con Boric en 2022.

En aquella discusión en el Senado, varios legisladores de la oposición a Piñera remarcaron que no había un ánimo personal contra Beyer y admitían que el tema de fondo era el cuestionamiento a un modelo de “mercantilización” de la Educación. “Las dos herencias más profundas, más complejas de la dictadura, que nunca se hubieran aprobado en democracia ¡nunca! son la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal de educación”, dijo en el entonces senador Guido Girardi (PPD), al votar a favor del libelo el 17 de abril de 2013.

La presentación contra Cubillos (septiembre de 2019) tenía cinco capítulos, pero gran parte de ellas se centraban en los reparos de la entonces ministra al Sistema de Admisión Escolar. De fondo, estaba la discusión entre la libertad de elección y la selección por méritos versus la no discriminación y el acceso igualitario a la educación pública.

“La lectura será simple, pues hoy solo hay dos alternativas: se está junto a la derecha, apoyando a la ministra peor evaluada del gobierno, que ha criticado a cuanto movimiento social por la educación ha surgido..., o se vota a favor por la defensa de la educación pública”, dijo el diputado socialista Juan Santana.

“La ministra representa a un sector político del país que no acepta el fin del lucro y el fin de la selección de estudiantes”, añadió el diputado Esteban Velásquez (hoy senador FREVS) en la sesión del primero de octubre de 2019, donde se rechazó el libelo.

En la acusación a Figueroa, que contenía tres causales (julio-agosto de 2021), el tema en discusión era el regreso a clases en el epílogo de la pandemia. Sin embargo, la oposición centró su crítica en el abandono de la educación pública, lo que a juicio de algunos legisladores impedía retornar a la presencialidad. Esta presentación fue rechazada en su fase de cuestión previa en la Cámara, el 12 de agosto de 2021.

El escrito contra Ávila impulsado inicialmente por legisladoras evangélicas debido a los programas de educación sexual, rápidamente creció en respaldo y en temáticas. Si bien para los sectores más conservadores del Congreso, la educación sexual sigue siendo uno de los temas centrales que sustentan la arremetida, para otros legisladores de Evópoli, de la DC, del PDG o del Partido Demócrata (ex-DC), la falta de gestión del Mineduc -critica que también se hace extensible a toda la administración de Boric- es un punto importante que justifica la destitución del ministro. Y, al igual que en los libelos pasados, ya hay señales de una nueva coordinación política que aspira a proyectarse.

A juicio de Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, el ministerio tiene características que lo hacen muy susceptible a estas confrontaciones. “Detrás de lo que aparenta ser una cartera sectorial, hay una cartera tremendamente política, que tiene una llegada directa a todos los niños y jóvenes, en el caso de educación superior... Lo segundo es que es un ministerio demasiado grande, cubre demasiadas áreas y maneja muchísimos recursos”, comenta.

“Si uno juntara un comité de juristas, transversal y desapasionado, creo que ninguno encontraría un atisbo de causal (en estas acusaciones). No ejecutar leyes, traición a la patria, en fin, son cosas de otro calibre. La clase política al parecer no ha sabido procesar esa complejidad (del Mineduc) de otra manera que no sea con estas acusaciones, que terminan en un conteo marginal de votos. Al final, pareciera que este es un ring, una arena, en la cual la clase política puede jugar a medir sus fuerzas”, sostiene Rodríguez.

Alejandra Falabella, directora del Doctorado en Educación de la U. Alberto Hurtado, señala que “es un ministerio sensible porque la Educación es un ámbito de disputa ideológica: cómo educamos a nuestras futuras generaciones, cómo construimos sociedad, nación, el proyecto de país. Cuando hay que definir los currículums cada cierto tiempo, son tremendas disputas. Qué se le va a enseñar a los niños y niñas y jóvenes. Está lejos de ser algo neutral”, explica la académica, quien pone de ejemplo los intensos debates que generaron, en su momento, la Escuela Nacional Unificada (ENU), en el gobierno de Salvador Allende, o la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920.

Falabella también coincide que el “volumen de recursos” es otro factor, lo que incide en que haya muchos intereses involucrados, “económicos, políticos e ideológicos”, en la Educación.