Con votos a favor de Cariola y Mirosevic, Cámara aprueba examen de drogas obligatorio para el Presidente y sus ministros

Un brusco inicio tuvo la discusión particular de la Ley de Presupuesto 2025, este martes, en la Cámara de Diputados.

A partir de una indicación presentada por el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, se aprobó una glosa en la partida de la Presidencia de la República que obliga al primer mandatario Gabriel Boric y a sus ministros a realizarse exámenes de drogas.

“El Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, se lee en la observación.

Inicialmente esta disposición fue considerada inadmisible por recomendación del secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, debido a que la glosa se escapaba de las ideas matrices de la Ley de Presupuesto y definía un gasto, materia que es atribución exclusiva del Ejecutivo. Ese análisis jurídico fue recogido inicialmente por la mesa de la corporación, que preside la diputada Karol Cariola (PC).

No obstante, el autor de la medida, el diputado Coloma alegó la calificación y obligó a que se votara su admisibilidad.

Sorpresivamente, en esta votación preliminar de índole formal, la norma tuvo apoyos no solo de la oposición. También diputados oficialistas del grupo PPD-Independientes y de la bancada Liberal respaldaron su admisibilidad, que logró 75 votos a favor. Algunos DC e independientes aliados del gobierno también apoyaron, mientras que ciertos socialistas se ausentaron de la sala o se abstuvieron.

Tras doblegar la posición de la mesa, cuya declaración de inadmisibilidad no fue defendida por ningún diputado en los discursos, la norma fue sometida a votación y se aprobó por una mayoría incluso más amplia: 81 votos a favor, entre ellos, la propia Cariola (PC) y otros doce legisladores oficialistas más.

A favor también se pronunció el expresidente de la Cámara y actual carta a La Moneda del Partido Liberal, Vlado Mirosevic (PL), quien, al igual que Cariola, es considerado un legislador cercano al Mandatario.

También aprobaron Camila Musante (jefa de la bancada Ind.-PPD), Leonardo Soto (PS), Danisa Astudillo (PS), Jaime Araya (Ind. PPD), Alejandro Bernales (PL), Viviana Delgado (Ind. PL), Sebastián Videla (Ind. PL), Luis Malla (PL), Marta González (Ind. PPD), Marcos Ilabaca (PS), Emilia Nuyado (PS).

El mismo voto favorable marcaron el timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga y sus camaradas Ricardo Cifuentes, Héctor Barría, al igual que los independientes René Alinco, Carlos Bianchi, Félix González y Mónica Arce.

Por la abstención, en tanto, se inclinaron Juan Santana (PS), Tomás Lagomarsino (Ind. radical), Tomás de Rementería (PS) y Ana María Bravo (PS).

Tras la aprobación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo reserva de constitucionalidad sobre la indicación, argumentando las mismas razones que entregó la secretaría de la mesa. “La norma (del test de drogas) no tiene mayor relación con la ejecución del Presupuesto”, dijo.

A pesar de que existe una decisión para tratar revertir esta medida en la siguiente fase de tramitación en el Senado, el hecho dejaba en una incómoda posición a los ministros y al Presidente, porque los obligaba a tener que oponerse a la realización del examen aun cuando haya una justificación jurídica.

En todo caso, si el Senado, donde la oposición es mayoría, ratifica la obligatoriedad del test de drogas, el Ejecutivo aún tendría más herramientas para derribar la disposición, ya sea a través de un veto supresivo (que solo requiere de un tercio de una de las ramas del Congreso para lograr su objetivo) o mediante una impugnación ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ello llevaría al Ejecutivo a asumir un rol incluso más activo en el objetivo de rechazar la norma.

“Creo que la medida es absurda y la indicación aprobada es inconstitucional, porque estamos discutiendo el Presupuesto y la indicación en cuestión, no tiene relación directa con las ideas fundamentales o matrices del proyecto, tal como lo establece el artículo 69 de nuestra Constitución”, dijo la diputada oficialista Ana María Gazmuri (Acción Humanista), quien se ha opuesto a la realización de estos exámenes como política de persecución del consumo de drogas.

No obstante, no fue el único revés que le propinó la oposición al gobierno en la partida de la Presidencia.

A raíz del caso de Hugo Morales, quien se desempeñaba como gásfiter en La Moneda y falleció el pasado 28 de septiembre debido a un paro cardiaco, durante una jornada de trabajo de 18 horas continuas, diputados desde el PC al Partido Republicano aprobaron indicación que promueve la protección de la integridad física y psicológica del personal de apoyo a la Presidencia. Esa glosa, impulsada por la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, tuvo una aplastante mayoría de 120 votos a favor, ninguno en contra y solo 3 abstenciones.

Además, una indicación del republicano Luis Sánchez que proponía que las personas contratadas por la Presidencia “tendrán la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, incluida la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de sus funciones”. La medida, que también fue cuestionada en su constitucionalidad por Marcel, apuntaba especialmente al equipo asesor del Presidente Boric, que en el pasado ha sido protagonista de algunas polémicas como el caso Convenios o los cuestionados indultos a condenados por estallido social.

Luego, la Cámara aprobó una reducción de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior a $1.000, como acción de protesta ante la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, quien tenía acceso al manejo de dichos fondos.

La indicación fue presentada por el Partido Demócratas, cuya jefa de bancada, Joanna Pérez, dijo que “mientras este gobierno tenga a un exsubsecretario de Interior investigado por gastos reservados, no estamos disponibles a dar un cheque en blanco”.