Cónclave por “mínimos comunes”: el detalle de las propuestas de la oposición

A esta hora la oposición se encuentra discutiendo las propuestas preliminares en materia de Renta Básica Universal de Emergencia; ayudas para las Pymes y medidas sanitarias, entre otras, con el objetivo de zanjar un documento de “mínimos comunes” para enfrentar la pandemia que se convierta en una contrapropuesta para presentarle al Ejecutivo en el marco de las conversaciones sostenidas las últimas semanas.

Esto se realiza en el marco del “Encuentro político y social por Chile” -convocado por la mesa del Senado, la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados y los presidentes de comité de ambas Cámaras- que tiene como objetivo “constituirse como un espacio de debate político y social, de las propuestas que serán presentadas a la opinión publica y al gobierno para hacer frente a los principales problemas afectan a Chile y sus familias”.

En sus palabras iniciales, la líder del Senado, Yasna Provoste sostuvo que “no es que nos conformemos hoy día con esta agenda que hemos señalado de mínimos, no es que no conformemos con el mínimo ni creamos que con esto se resuelven los problemas del país. Hemos planteado esta agenda porque creemos que las necesidades más urgentes no pueden esperar, porque sabemos que no es posible avanzar con un gobierno tan mediocre como el que tenemos (...)”.

“Quiero valorar este encuentro, agradecer a las organizaciones de la sociedad civil (...) y que respaldan con su presencia el impulso a esta agenda de mínimos comunes en un momento tan crucial para nuestro país y especialmente para quienes hoy sufren el dolor de esta pandemia y la precariedad que acarrea el desempleo y el desamparo”, agregó Provoste.

Además de parlamentarios, dirigentes de partidos de la oposición y los candidatos presidenciales Heraldo Muñoz (PPD), Paula Narváez (PS), Pablo Vidal (Nuevo Trato) y Ximena Rincón (DC), en este encuentro también participan organizaciones sociales como la Confederación de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Chile; la Federación Nacional de Consejeros de la Sociedad Civil (Chilecosoc); la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conaecus); la Confederación Nacional de Uniones Comunales del Adulto Mayor; la Corporación Innovación y Ciudadanía; la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef); la Coordinadora de gremios, sindicatos, movimientos sociales y federaciones estudiantiles (EVEP); la Federación de Trabajadores del Cobre; las Asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (ANAIICH y AFIICH) la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros; el Sindicato del Banco del Estado; el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte); la Union Nacional de Artistas y Audiovisualistas, Conapyme, Unapyme y la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), entre otras.

También están presentes el Instituto Igualdad; la Fundación Chile 21, la Fundación por la Democracia; Rumbo Colectivo; Horizonte Ciudadano; Fundación para la Superación de la Pobreza; Foro Económico para el Desarrollo Justo y Sostenible; Espacio Público; Fenpruss; Asemuc, la Federación de Colegios Profesionales, el Colegio de Psicólogos, la Fundación Ojos de Chile y la Red de Colaboradores en apoyo a víctimas de trauma ocular.

La propuesta expuesta por Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, con los comentarios de legisladores Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes, establece una “Renta Básica Universal de Emergencia que le permita a las familias chilenas contar con los recursos necesarios para afrontar los efectos económicos lesivos de los confinamientos extensivos” debido a la pandemia.

El documento, a la que tuvo acceso La Tercera, y que fue elaborada por los asesores parlamentarios, consigna que el beneficio “debe ser universal y llegar al 100% Registro Social Hogares, que significa beneficiar a 6.602.059 millones de familia; y que se “deben establecer mecanismos de incorporación especiales para familias de los deciles inferiores que hoy día por diversos motivos no son parte del RSH”.

Esto último para “llegar al mayor número de beneficiarios posibles, para lo cual se propone simplificar el modo de acceso al Registro Social de Hogares (RSH), junto con ampliar la cohorte de beneficiarios”.

La renta básica “se estimará en torno a un criterio de suficiencia por hogar basado en instrumentos formales de medición, los que consideran la línea de la pobreza más otros gastos familiares esenciales no considerados en la estimación actual de la línea de la pobreza”, por lo que no se fija un monto específico.

El documento también propone que “el criterio definitorio debe ser la mantención de los ingresos de las familias en condiciones de dignidad y que ello permita hacer frente a las restricciones de movilidad. Por lo tanto, debe ser “tres meses prorrogables según sea la evolución de la emergencia sanitaria”.

Así, se sugiere financiarla con “mecanismos asociativos, sea con municipios o con ONGs con trabajo territorial, para que puedan catastrar estos universos de beneficiarios que necesitan la prestación, pero por alguna razón, han quedado excluidos de la red estatal”.

Sobre esto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) destacó la necesidad de recurrir a exenciones tributarias “que no se justifican” y, asimismo, a endeudamiento público. Mientras que su par de Hacienda, Carlos Montes (PS), subrayó que es necesario reforzar medidas “antielusión y antievasión” para tener una mayor recaudación.

Respecto a la modalidad de pago, “con el cruce de datos administrativos se verifican las cuentas bancarias de los beneficiarios, prefiriendo que el pago sea vía Cuenta Rut en lugar de pago presencial”. Los beneficiarios no automatizados “deberán ser sólo aquellos respecto de los cuales no haya registros previos fidedignos o suficientes”.

En el encuentro también se expondrá la propuesta de la centroizquierda en materia sanitaria. Se trata de una batería de medidas que buscan enfrentar de mejor forma la estrategia contra la pandemia.

“Estas son medidas que responden al fracaso total de la estrategia contra la pandemia que ha desplegado el gobierno”, aseguró el senador Guido Girardi al presentar la propuesta sanitaria.

En la propuesta preliminar elaborada por los asesores parlamentarios, y a la que tuvo acceso La Tercera, se detalla en primer lugar que se garantice la gratuidad de los exámenes PCR, “independiente que la persona esté o no en su red (atendida su naturaleza de bien público)”.

Asimismo, se plantea una transferencia de recursos a la atención primaria de salud para testeo, trazabilidad y aislamiento: “30 trazadores por cada 100.000 habitantes (1 por cada 3.333 habitantes, además de gestores de casos, gestores del cuidado y trabajadores de APS suficientes en todos los territorios”, se lee en el documento.

En tercer lugar, se propone un pago de subsidio de incapacidad laboral, es decir, un pago “inmediato de todos aquellos subsidios que están pendientes en Isapres, Fonasa, Compin y/o SUSESO, aun cuando estén con recursos administrativos pendientes, sin perjuicio de la posibilidad de fiscalización ex post”.

En otro punto, el texto detalla la necesidad de abordar las listas de espera, especialmente en consultas de especialidad como ginecología, mediante la toma y entrega de resultados del Examen de Papanicolaou; oftalmología, relacionada con entrega de lentes ópticos, para lo cual se puede recurrir al apoyo de tecnólogos médicos u oftalmólogos; salud mental, con apoyo con psicólogo y equipos de profesionales relacionados y por último reforzar diagnóstico y tratamientos de pacientes con cáncer.

“Debemos seguir reconociendo la labor de las y los funcionarias y funcionarios de la salud, la que ha sido y seguirá siendo relevante para superar la pandemia. Por ello, apoyamos y reiteramos la necesidad urgente que tengan mejores y más dignas condiciones de trabajo; que puedan recibir una justa compensación por la tremenda sobrecarga laboral que han asumido desde hace más de un año; y que el gobierno concrete a la brevedad su promesa que percibirán en un 100% las asignaciones y bonificaciones de funcionarios mientras dure la alerta sanitaria”, plantea en otra materia la propuesta opositora, además de impulsar una “regulación de precios de las hospitalizaciones originadas por el Covid, ampliando la cobertura que hoy poseen los beneficiarios del Fonasa”.

Respecto a la crisis alimentaria que ha provocado la pandemia en los sectores más vulnerados, la oposición advierte que “están apareciendo focos de desnutrición en grupos vulnerables, lo que como país teníamos erradicado”.

Y propone: “Ello se debe abordar mediante la revisión de las colaciones y menús de los niños y regulaciones de precios para que las personas puedan acceder a comidas saludables, para que no sea reemplazada por comida chatarra o altamente refinada”.

Subsidios y créditos para la sobrevivencia de las empresas de menor tamaño; recuperar la actividad; defender los niveles de empleo de la economía y definir al corto plazo protocolos sanitarios sectoriales. Esos son los cuatros ejes que contempla la propuesta de los parlamentarios de oposición con el objetivo de elaborar un plan de recuperación dirigido principalmente a las empresas de menor tamaño.

En primer lugar, proponen entregar un paquete de transferencias no reembolsables por un monto total de US$3.000 millones, las que -indican- “debieran abarcar principalmente a las empresas con ventas netas hasta UF 25.000”.

Según señalaron, este instrumento debiera apuntar a ser “universal”, priorizando a industrias como la cultura y entretenimiento, turismo, gastronomía y hotelería, servicios personales y sociales, artesanía y comercio minorista.

Además, plantean que deben entregarse a través de BancoEstado líneas de crédito a largo plazo garantizados al 90% (sin deducible) por Fogape, incorporando al menos un año de gracia e interés similar al del Fogape I y la suspensión de los pagos de patentes y eliminación de multas por incumplimiento tributario durante 2021.

También indican que debieran adoptarse otros mecanismos para enfrentar la emergencia actual como eliminar, condonar o reducir a un mínimo las multas e intereses moratorios; permitir convenios de pagos, con un periodo de gracia de 3 meses, plazos de 3 años o más y tasa de interés de 0% real para todas las deudas tributarias vigentes de las empresas de hasta UF 100.000; suspender durante 2021 los pagos por contribuciones, concepto de patentes comerciales e industriales, derechos de aseo, pagos municipales por propaganda y publicidad y permisos específicos de funcionamiento; y, en la medida en que se perjudicaran los presupuestos municipales por la suspensión de pagos, solicitaron adelantar los flujos de transferencia de los recursos del Fondo Común Municipal. Finalmente, también propusieron Líneas de Financiamiento con condiciones preferenciales y garantía estatal exclusivas para las empresas hasta UF 100.000 en ventas anuales.

En segundo lugar, también se abordó la necesidad de una política de “discriminación positiva” hacia las mipyme en el área de compras públicas. Un punto que, sostuvieron, “exigiremos en el proyecto de modernización de compras públicas que ingresó a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados”.

Un tercer punto está enfocado en la recuperación del empleo, particularmente en pequeñas empresas. En ese sentido, propusieron modificaciones al subsidio del empleo Sence. Por ejemplo, en la Línea Regresa, el incentivo “debiera ascender al menos a $250 mil para todos los trabajadores recontratados”. También plantearon rediseñar y ampliar el programa Protege para “facilitar la reinserción laboral femenina” y que los subsidios abarcaran hasta finales de este año.

Por último, también se abordó la apertura de actividades en sectores que vieron más restringido su funcionamiento durante la pandemia debido a las medidas del Minsal. Al respecto, señalan que se deben definir protocolos sanitarios sectoriales “nuevos y mejores” en el corto plazo para retomar “gradualmente” las actividades “con el máximo de seguridad sanitaria”.

Para financiar esta propuesta apuntan a un alza de ingresos fiscales provenientes del mayor precio del cobre, un mayor endeudamiento, uso de activos como el Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees) y fondos en Fuerzas Armadas.