Consejera RN reabre debate sobre mención expresa del principio de subsidiariedad en la propuesta constitucional

Como si fuera un déjà vu. Esa es la dinámica que está marcando el debate de la comisión de Principios del Consejo Constitucional que, este lunes, volvió a repetir la misma discusión que tuvo la Comisión Experta tres meses atrás. El tema se puede resumir con la siguiente interrogante: ¿Es necesario que la propuesta de nueva Constitución que redactarán los consejeros mencione expresamente el principio de subsidiariedad?

Fue la consejera de RN Ivonne Mangelsdorff quien tomó la iniciativa y planteó el asunto. “Así como hay una declaración expresa en el primer artículo del anteproyecto que reconoce el Estado social y democrático de derecho, quizás también es necesario que la subsidiariedad del Estado no solamente se entienda implícitamente, sino que también se diga expresamente”, afirmó la representante de la Región de O’Higgins.

El punto planteado por Mangelsdorff hace referencia a una vieja discusión que divide a la izquierda y la derecha. El oficialismo ha argumentado que el Estado social es una superación de la subsidiariedad y que ambos conceptos son incompatibles. En cambio, la oposición ha defendido la subsidiariedad y ha explicado que es una condición relevante para que exista el Estado social.

El principio de subsidiariedad es uno de los conceptos más valorados por la derecha de la Constitución vigente. Lo paradójico de todo esto es que se trata de un elemento que está presente de manera implícita y que en realidad se desprende de una serie de normas que son parte de la columna vertebral de la actual Carta Magna.

Por lo mismo, fue que cuando la Comisión Experta entró en este debate, con el paso de las semanas el asunto se diluyó y los comisionados fueron pragmáticos para no entramparse en esta discusión. De esa manera mantuvieron que no se hiciera mención explícita a este principio y se logró un texto que dejó conforme tanto a la derecha como a la izquierda.

Los expertos han destacado que el anteproyecto logra combinar la cláusula de Estado social con normas que, tradicionalmente, se han identificado con la subsidiariedad como por ejemplo el artículo que menciona que el Estado está al servicio de la persona, la autonomía de las agrupaciones sociales, la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la permanencia -sin mayores modificaciones- de las normas sobre el Estado empresario.

De hecho, este lunes, cuando el asunto fue debatido en la comisión, hubo algunos comisionados que estaban presentes y que se refirieron el asunto. “Tampoco hay que generar falsas dicotomías. El Estado social es una forma de organización que en este anteproyecto se combina con un ámbito de libertades fundamentales”, dijo el comisionado Máximo Pavez (UDI).

La experta socialista Catalina Lagos comentó que primero hay que definir qué es la subsidiariedad porque el concepto, afirmó, se usa de diversas maneras y no hay consenso al respecto. “Si la subsidiariedad implica la provisión mixta, bueno, evidentemente sí es compatible con el Estado social”, señaló la abogada.

La petición de Mangelsdorff tuvo efectos inmediatos. Sus palabras no cayeron bien en sectores del oficialismo. De hecho, el consejero comunista Fernando Viveros adelantó que avanzar a una mención expresa de ese principio justificaría invocar al Comité Técnico de Admisibilidad (CTA). “Avanzar en forma explícita hacia que Chile también es un Estado subsidiario sin duda relativiza los bordes institucionales y le quita la importancia de lo que tiene que ver con que el Estado asegure derechos sociales. Si la derecha intenta avanzar en eso, es una figura peligrosa que nos obliga a avanzar hacia el CTA”, afirmó Viveros.

Lo mismo fue reforzado, con algunos matices, por el consejero Yerko Ljubetic (CS). “Efectivamente sería cuestionable desde el punto de vista de las bases dentro de las cuales el debate tiene que darse”, sostuvo el representante frenteamplista.

El debate es visto con cautela desde los republicanos. Si bien ellos son defensores de la subsidiariedad, en privado comentan que están conformes con la forma en que el anteproyecto resguarda ese principio y que, bajo esa lógica, si la Constitución vigente no lo menciona explícitamente, no ven necesidad de hacerlo.

“Nosotros lo vamos a evaluar, pues, como decían los expertos, sin un Estado subsidiario no se puede tener un Estado social. Por lo tanto, tenemos que considerar si va a estar explícito en el texto o no”, respondió Mariela Fincheira (republicana).

Una postura similar tuvo Antonio Barchiesi (republicano). “Yo creo que un Estado que no es subsidiario, que no respeta la libertad de las personas, que no respeta los cuerpos intermedios, no puede ser social. La subsidiariedad va de la mano con el Estado social”, afirmó Barchiesi.

El consejero evitó referirse a la amenaza de llevar este tema la CTA: “No quiero entrar en una polémica con él, yo entiendo que puede haber distintas interpretaciones del concepto del Estado social, pero creo que no hay una interpretación que sea más válida que otra”.