Consejeros del oficialismo y oposición se enfrentan por enmiendas sobre voto voluntario a los 16 años y sistema de financiamiento electoral
La comisión de Sistema político inició este martes la discusión en particular de las enmiendas ingresadas al texto de la Comisión Experta.
Este martes se inició la discusión en particular en la comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, respecto a las enmiendas presentadas al capítulo III de “Representación Política y Participación” del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta. Durante la sesión se debatieron temas como el voto voluntario a partir de los 16 años; el sistema electoral público y otros asuntos.
Durante varias horas, la comisión repasó las 48 enmiendas presentadas por las distintas bancadas.
Por su parte, el resto de las comisiones comenzarán a sesionar este miércoles y las votaciones de las enmiendas comenzaría a partir del lunes 21 de agosto.
Voto voluntario en jóvenes de 16 años
La primera discusión que tomó una hora y media, fue respecto al artículo 39 del texto del anteproyecto que hace referencia a los “derechos que tienen las personas a participar en los asuntos de interés público”.
En esta instancia, los consejeros oficialistas, Karen Araya (PC); Jessica Bengoa (CS); Kinturay Melín (RD); Nancy Márquez (CS); Julio Ñanco (RD); María Pardo (CS); Christian Suárez (indep.-PS) y Fernando Viveros (PC) presentaron dos enmiendas.
En primer lugar, una indicación que establece que “la ley establecerá mecanismos para que los niños, niñas y adolescentes participen progresivamente en los asuntos públicos”. En segundo lugar, que “el derecho a sufragio será voluntario desde los dieciséis años y obligatorio desde los dieciocho”.
Bajo este contexto, desde la oposición cuestionaron la idea de que desde los 16 años se pueda votar voluntariamente y argumentaron la “falta de educación cívica y madurez cognitiva de los jóvenes para tomar decisiones de este nivel”.
La consejera Patricia Spoerer (Partido Republicano) señaló que “primero hay que enfocarse a enseñar y después cuando tengamos resuelto ese tema, deberíamos quizás ver la posibilidad de que alguien a los 16 años pudiese votar, porque sino sería irresponsable. En todo caso, creo que hay otra maneras de participar que no tiene que ser el sufragio”.
Por su parte, la consejera Gloria Hutt (Evópoli) sostuvo que “si bien en Argentina, Ecuador y Nicaragua incluyen a los jóvenes a participar de esa manera, en ninguno de esos casos ha implicado una mejoría de la democracia y nosotros lo que estamos buscando es eso”.
Una de la intervenciones más controvertidas dentro de esta discusión fue de Jorge De la Maza (Partido Republicano), quien catalogó que la enmienda presentada por la bancada oficialista es “un hecho que corresponde a un aumento populista de instancia de participación”.
Ante esto, Jessica Bengoa pidió respeto y respondió: “Nuestras enmiendas no son populistas, tengamos cuidado en cómo nos referimos a cada una de las elaboraciones”.
Además, sostuvo que “el objetivo no tiene que ver solamente con que le entreguemos mayor participación a los jóvenes, sino entregarle al legislador dos enmiendas que se retroalimentan que tienen ese objetivo final”.
Plebiscitos versus referendos
Por otro lado, la bancada de republicanos, los comisionados Jorge De La Maza, Ricardo Ortega, Luis Silva; Carlos Solar y Patricia Spoerer argumentaron la enmienda al artículo 40 del anteproyecto que dice: “En las votaciones populares, plebiscitos y referendos, el sufragio será personal, igualitario, secreto, informado y obligatorio”, para sustituirlo por la expresión “... y plebiscitos y referendos” por “y plebiscitos”, solamente.
En esta línea, la consejera Bengoa consultó, “¿Cuál es la intención de sacar los referendos? Entendiendo que son distintos a los plebiscitos”.
Además, opinó que “Chile ya carece de mecanismos de participación ciudadana, más allá de las cuentas publicas participación y otras que han dado cuenta de la modernización y participación, el voto sigue siendo insuficiente”.
De esta manera, De la Maza explicó que la decisión se basa en tres aspectos: “En la historia constitucional de Chile, dicho termino no es posible encontrarlo; en segundo lugar, está en un contexto reiterativo, ya que también hace referencia a una consulta popular (plebiscito). Finalmente, si bien dicho concepto tendría efectivamente distinción con el plebiscito, en el contexto de que si ya se le entrega al Congreso el poder de ser elegidos para que nos represente, ¿por qué tener incidir en ir más allá y concurrir a las urnas para poder determinar la validez de una norma?”.
Aun así, el consejero republicano puntualizó que “esto no es un tema para nosotros escrito en piedra y aquí tenemos la posibilidad de modificar la redacción o llegar algún tipo de acuerdo”.
Sistema electoral público
Por su parte, los consejeros de Chile Vamos, Ivón Guerra (UDI); María Claudia Jorquera (UDI); Carolina Navarrete (UDI); Arturo Phillips (indep.-UDI) y Carlos Recondo (UDI) defendieron la enmienda para suprimir en el inciso 3 del artículo 41 la expresión “público”, esto ya que el anteproyecto supone: “La ley electoral regulará la propaganda electoral y establecerá también un sistema de financiamiento público, transparencia, límite y control del gasto electoral”.
Esto fue ampliamente cuestionado por los consejeros oficialistas, ya que creen que “se va a prestar para algún tipo de interpretación” y que, en caso de no tenerlo planteado, “se puede entregar una mala señal, porque no hemos tenido buena experiencia con un financiamiento privado desproporcionado”, según afirmó Suárez.
Es por ello que pidieron explicaciones a sus pares de la comisión.
En ese sentido, la consejera Jorquera reiteró que la decisión de su bancada de proponer que se elimine la expresión “público” y señaló que “hoy la ley electoral regula de la mejor forma el financiamiento, no creemos que sea necesario incorporarlo. Hay que dejarlo como esta hoy día”.
Ante esto, Julio Ñanco sostuvo que tener un sistema de financiamiento público “es bueno para garantizar la democracia”, ya que “podría fortalecer nuestra capacidad de enfrentar la corrupción y la igualdad de oportunidades”.
“Un sistema público podría garantizar una oportunidad para postular a cargos públicos, porque no todos tienen la misma oportunidad de la misma cantidad de aportes”, agregó.
Sin embargo, la comisionada Hutt aseveró que eso lo debería especificar la ley y no la Constitución.
Al cierre de esta edición, la comisión de Sistema político seguía debatiendo las enmiendas del anteproyecto.
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