Consejeros republicanos alistan enmienda para definir la jerarquía que tendrán los tratados internacionales de derechos humanos

La bancada de 22 consejeros republicanos tiene como objetivo resolver un tema complejo, pero que, dicen, es necesario para dar “certezas jurídicas”. Se trata del debate no resuelto sobre qué jerarquía o rango deben tener los tratados internacionales de derechos humanos.

Las normas suelen tener distinta jerarquía. Si uno simplificara el asunto y se imaginara una pirámide, en la cúspide está situada la Constitución, la norma de mayor rango normativo. Abajo de ella viene la ley y en tercer lugar los decretos o reglamentos. ¿Dónde se ubican los tratados internacionales de derechos humanos? Ese es el nudo del problema.

El origen de este asunto se remonta a la reforma constitucional de 1989. Fue ahí cuando se incorporó un inciso que es la cláusula que dio origen a todo este debate. “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, se lee en la norma.

Con el paso de las décadas, ese inciso abrió un abanico de interpretaciones que, para los republicanos, “es una realidad peligrosa para el Estado de derecho”. Aquí es cuando para la derecha se produce la diferencia de criterio que genera la “incerteza jurídica”. El Tribunal Constitucional (TC), en al menos dos sentencias, una del año 2002 y otra de 2012, ha declarado que los tratados internacionales de derechos humanos “tendrían rango supralegal, pero infraconstitucional”, es decir, se ubicarían debajo de la Constitución, pero encima de la ley.

En cambio, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido, en varias sentencias, que este tipo de tratados tienen rango constitucional, que son “superiores a toda norma” y les concede “una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales”. De hecho, la postura institucional del máximo tribunal va un paso más allá.

El expresidente de la Suprema Guillermo Silva, cuando expuso ante la disuelta Convención, afirmó que “en una nueva Constitución debería dársele un carácter supraconstitucional” a estos tratados. Durante el actual proceso, el ministro Leopoldo Llanos, a nombre de toda la Suprema, ha defendido la misma línea. En una de sus presentaciones manifestó que el máximo tribunal “promueve el carácter y jerarquía supraconstitucional de las normas del derecho internacional de los derechos humanos” en atención “al desarrollo progresivo del derecho internacional y al impacto que genera en la protección, realización y protección de los derechos humanos”.

Esta diferencia es la que resolverán los republicanos. Fuentes de esa bancada comentan que aún no han tomado una postura, pero que es un hecho que resolverán el asunto con una definición clara, ya que no están dispuestos a seguir con “la misma ambigüedad de la Constitución vigente y que replica el anteproyecto de los expertos”. Para eso, el partido se reunirá durante este fin de semana para ir despejando este y otros puntos clave para las enmiendas que deben ingresarse hasta el 17 de julio.

“Esta una de las grandes discusiones que vamos a tener. Lo conveniente es que la futura Constitución resuelva esta incertidumbre porque esa es la situación actual en Chile, no hay certidumbre sobre cuál es el lugar que los tratados internacionales tienen. La doctrina está controvertida sobre el punto”, afirma a título personal el delegado de los republicanos, Luis Silva.

Una de las opciones es definir que tienen rango constitucional, es decir, su jerarquía se sitúa en paralelo a la Constitución y, por lo tanto, ambas fuentes normativas deben interpretarse con el mismo rango. Otra opción es explicitar que van por debajo de la Constitución y por sobre la ley. La tercera alternativa es hacer una cláusula que “haga una diferenciación por foro”, es decir, explicitar la jerarquía que tendrá para el Poder Judicial, para el TC y para otros órganos de la administración como la Contraloría.

“Si nosotros les reconocemos a los tratados internacionales supraconstitucionalidad, existiría la posibilidad de que un juez, invocando a un tratado internacional, pueda desconocer la Constitución. Esa solución no es coherente. Los tratados internacionales en Chile tienen vigor a través de un procedimiento definido por la Constitución. No me parece coherente que los mismos tratados internacionales que ingresan gracias a la Constitución, puedan estar por sobre la Constitución. Eso desde el punto de vista de los tribunales de justicia plantea un problema que no podemos ignorar”, explica Silva.

Una postura similar tiene Antonio Barchiesi (republicano). “El anteproyecto, tal como está, es confuso respecto de esta materia, y sin duda tenemos que tomar una decisión al respecto. En mi opinión, la Constitución es expresión de la soberanía, y por ese motivo todas las demás normas, sean nacionales o de tratados internacionales, tienen que ajustarse a ella”, explica el consejero.

En esa bancada, en privado, además se comenta que la balanza se inclina por darle rango “infraconstitucional, porque darle un rango supraconstitucional o incluso un rango constitucional sería renunciar a la soberanía”. Eso último es lo que más molesta a varios representantes de este partido, ya que, en privado, dicen que “a nadie le gusta que de afuera te digan qué es lo que tienes que hacer adentro de tu propio país”.

La Comisión Experta intentó resolver este tema, pero fracasó. Así lo reconocen varios comisionados. El anteproyecto dejó la misma apertura interpretativa que existe en la Constitución vigente, pero con una redacción distinta.

“El ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona”, se lee en los dos primeros incisos del artículo 5 del texto de los expertos.

Chile Vamos promovió una enmienda en que se reconocía que “el texto de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y que se encuentren vigentes tendrá rango constitucional”, pero el asunto no tuvo el apoyo de los 12 comisionados del oficialismo y la DC.

Por lo mismo, el oficialismo en el Consejo está alerta a este tema. Para la izquierda el asunto tiene alta relevancia, ya que, dicen, los tratados internacionales de derechos humanos corresponden a un “mínimo civilizatorio” y bajarles el rango o su jerarquía “implicaría un retroceso que no vamos a aceptar”.

El consejero Yerko Ljubetic conoce de cerca el tema. Integra la comisión de Principios, que es la instancia encargada de regular esta materia y además se desempeñó como consejero del Instituto de Derechos Humanos (INDH). El representante de CS refuta los argumentos de los republicanos, al plantear que los tratados internacionales se tramitan por el Congreso como si fueran una ley.

“Esto no se trata de una imposición externa, sino que es la adopción de un acuerdo democrático como podría ser un proyecto de ley en el ámbito nacional. No hay ninguna intervención ni imposición foránea”, dice el abogado.

Ljubetic agrega: “Este argumento me parece una especie de déjà vu respecto a los argumentos esgrimidos por la dictadura en la época. Me parece no solo un retroceso desde el punto de vista normativo, sino que me parece un grave retroceso desde el punto de vista político”. A su juicio estos tratados deben tener rango constitucional y asegura estar conforme con la cláusula del anteproyecto.