Contraloría responde a Mañalich y refuerza que información de interés público debe entregarse por canales oficiales

A través de un oficio firmado por el contralor regional René Morales, la Contraloría General de la República respondió esta tarde al ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien, ayer en la noche, le envió un oficio al organismo informándole del cierre de su cuenta de Twitter, argumentando que lo hacía porque era la única forma posible de cumplir con las disposiciones de la Contraloría informadas el pasado 6 de abril.

El titular de Salud hacía alusión al dictamen del organismo que señala que si la autoridad utiliza su cuenta personal para entregar información obtenida en el ejercicio de su cargo público, antes que la cuenta institucional o únicamente en la cuenta privada, se debe someter a las reglas del uso de las cuentas institucionales: de apertura, no discriminación y, por ende, no pudiendo bloquear a usuarios.

En ese sentido, Mañalich argumentaba que en un contexto en que ha recibido amenazas contra la vida e integridad física de él, su señora y sus hijos y al verse impedido a bloquear usuarios, optó por cerrar la cuenta.

En su respuesta, la Contraloría reforzó los criterios para la entrega de información a través de redes sociales deslizando que, si no se usa la cuenta personal para entregar información institucional, no es necesario el desbloquear usuarios.

“Si la cuenta personal de la autoridad administrativa no fuese empleada para la entrega de información obtenida en el ejercicio de su cargo público en los términos antes referidos, no resultaría obligatoria su sujeción a las indicadas reglas”, se lee en el escrito.

En ese línea, el organismo destaca que “corresponde que la entrega de información oficial y la obtenida en ejercicio del cargo público se proporcione por los medios institucionales”.

Asimismo, la Contraloría manifiesta que cerrar la cuenta de Twitter es una decisión “personal” del ministro y que si él y su familia han sido objetos de amenazas “corresponde que sean analizados en sede penal por las autoridades competentes”.

Más temprano, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, cuestionó el dictamen de la Contraloría y emplazó al organismo a aclararlo. “Yo no tengo ninguna intención de desbloquear a personas que me amenazan, que filtran datos míos, personales, lo han hecho, lo hicieron con el ministro Mañalich”, dijo en radio Duna, añadiendo, que “espero que la Contraloría aclare" el dictamen.

De todas formas, desde la Contraloría transmiten que, hasta ahora, no han recibido ninguna solicitud de reconsideración del dictamen, el cual -recalcan- es el mecanismo formal para pedir que se revise el criterio jurídico sobre el tema.