Contraloría revela irregularidades en el SII ante comisión investigadora por Caso Audio
En la instancia, Dorothy Pérez entregó detalles de una serie de fiscalizaciones realizadas al SII y a la CMF. Dentro de otras revelaciones, se detectaron gastos por más de $620 millones por conceptos de horas extras que no fueron acreditados.
La contralora (s) Dorothy Pérez asistió este lunes a una nueva sesión de la comisión investigadora por eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de la Cámara de Diputados, en el marco del Caso Audio. En la instancia, la autoridad entregó detalles de siete fiscalizaciones realizadas a dichos organismos, que dieron cuenta de una serie de irregularidades.
En uno de esos procedimientos, la Contraloría realizó una auditoría y examen de cuentas por pago de horas extras en la Dirección Regional de Santiago Oriente del SII entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019. Allí se observaron pagos de horas extras no acreditadas a personal de fiscalización por $174.034.085 y otras parcialmente acreditadas, por lo que quedó otro saldo sin justificar de $139.825.013.
En ese mismo caso, se objetaron horas extras por labores “sin sustento de ejecución en los registros de asistencia” por $251.858.351, mientras que otras se acreditaron “sólo de manera parcial”, por lo que quedó por acreditar $54.606.243.
En total, no se acreditó el pago de $620.323.696 por conceptos de horas extras.
No persecución de responsabilidades, inconsistencias y bonos mal otorgados
En otro de los informes que presentó Pérez relacionados al SII, se dio cuenta de 24 casos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) entre 2015 y 2018 que no presentaban el giro asociado al RUT del contribuyente, dejándose de emitir órdenes de ingresos por un total de $324.212.430.
Si bien el SII determinó responsabilidades administrativas y aplicó sanciones a funcionarios por no girar oportunamente impuestos, desde Contraloría detectaron que el organismo no persiguió responsabilidades pecuniarias ni lo informó al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto, pese a la existencia de daño patrimonial por $1.020.635.469, prescribiendo la responsabilidad civil.
Asimismo, se registró inconsistencia de datos en 120 de un total de 224 casos sobre incidentes de seguridad de información, en una auditoría sobre funcionamiento y capacidad de usuarios concurrentes de la Operación Renta 2023. Frente a ello, el SII no inició aplicación de multa por $19.019.310 debido a un retardo de la empresa que certificó componentes de sistemas para dicho procedimiento, sin embargo, no aportó evidencia de que tales retrasos fueran por esa causa.
Otra auditoría al proceso de entrega del aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media el 2020 reveló que 521.434 personas recibieron el Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos legales. A ese grupo se le pagó un total de $249.891.008.000.
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