Convención despacha al borrador de nueva Constitución que los tratados internacionales de derechos humanos, sus principios y costumbres “gozarán de rango constitucional”

La tarde de este lunes, el Pleno de la Convención Constitucional sometió a votación dos informes de nueva segunda propuesta de la Comisión de Principios Constitucionales, que incluyeron indicaciones reformuladas sobre temas como la plurinacionalidad, libertad de religión, derechos de personas mayores y con discapacidad y tratados internacionales de derechos humanos.

En ese marco, los convencionales aprobaron el primer inciso del artículo 10, referente a la recepción e integración del derecho internacional de los Derechos Humanos en la Carta Magna.

La norma determina que “los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional”.

Durante el debate previo, la convencional Lorena Céspedes (Independientes No Neutrales) llamaba a aprobar esta norma de “vital importancia”, porque “el respeto irrestricto a los DDHH no sólo debe ser un mandato constitucional, sino un compromiso que permee todas las esferas de la sociedad”.

En un ánimo similar, el convencional del Frente Amplio Fernando Atria adelantaba su voto favorable en su intervención señalando que la “integración (de dicha norma al borrador) tiene un efecto más político declaratorio que real, lo cual no lo priva de sentido, de hecho, creo que debe ser aprobado”.

Esta propuesta, que pasó a integrar el borrador de la nueva Constitución entre aplausos, fue la única aprobada durante el primer bloque de la instancia plenaria. En tanto, entre todo el resto de las indicaciones rechazadas se encontraban, por ejemplo, el principio de plurinacionalidad. Tras un intenso debate entre convencionales, el artículo 4 referente a este tema -y cuyo concepto ya está incorporado en el borrador de la nueva Constitución en distintas normas- fue descartado.

Durante esta misma jornada, el hemiciclo también deliberó y votó sobre el tercer informe de segunda propuesta emanado de la Comisión de Principios Constitucionales, que contenía normas sobre los derechos de las persones mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Entre celebraciones dentro de la sede del Congreso Nacional en Santiago, fue aprobado el inciso segundo del artículo 1 sobre los derechos de las personas mayores, que establece que estos “tienen derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna; a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital; a la participación política y social; a una vida libre de maltrato por motivos de edad; a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que correspondan”.

En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, logró entrar a la propuesta de texto constitucional la creación de un “sistema nacional a través del cual se elaborarán, coordinarán y ejecutarán las políticas y programas destinados a atender las necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de las personas con discapacidad”.

En esa misma línea, los convencionales aprobaron que el Estado garantizará “los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad”, entre los cuales destacan el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas, el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación; y la autonomía lingüística de las personas sordas “en todos los ámbitos de la vida”.

Otra norma que logró ingresar al borrador de la nueva Carta Magna fue el tercer inciso del artículo 11, que establece que “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”.

“El Estado deberá velar porque no sean separados de sus familias salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos y libertades”, se lee en la indicación aprobada.

También el pleno visó la norma que consagra el principio de no devolución. El texto que finalmente se aprobó fue uno presentado por la convencional de RN Paulina Veloso. “Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos”, se lee en el artículo.