Cordero por ampliación de querella de republicanos: “Es más bien política en el fondo y eso tiene consecuencias que degradan el contexto del debate público”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió este martes a la ampliación de la querella presentada por parte de diputados republicanos, en relación a los presuntos traspasos irregulares desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

Los parlamentarios republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval se sumaron como querellantes y presentaron una ampliación de querella a fin de que se indague formalmente el rol del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y del jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi.

Los parlamentarios pidieron ante el tribunal que se cite a declarar a los tres funcionarios de gobierno, se dicte instrucción a Cibercrimen de la PDI para que incauten sus celulares y computadores, tanto personales como institucionales, y también se pida a la Brigada Anticorrupción que “proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales” vinculados al caso.

Sobre la acción jurídica, el secretario de Estado dijo que se trata más bien de una estrategia política.

“Yo he visto la ampliación de la querella, me parece que ellos ejercieron un instrumento jurídico para hacer una objeción que no es jurídica, sino que más bien política en el fondo, y eso tiene consecuencias que degradan también el contexto del debate público”, enfatizó, en entrevista con Radio Cooperativa.

Cordero comentó que “de un tiempo a esta parte el utilizar querellas contra funcionarios públicos, ahora nos damos cuenta porque en mi opinión se está ocupando como una estrategia política contra las autoridades, pero se está haciendo en otros ámbitos, extremadamente habitual, querellarse contra funcionarios públicos por decisiones que adoptaron o por situaciones que no se comparten”.

En esa misma línea, recalcó que “el derecho tiene cierta racionalidad y ciertas lógicas, pero cuando usted las utiliza como herramienta política usted no sabe en los efectos que puede terminar, en que además el evento de la acción, es decir, interponer la querella, es el efecto que produce el daño”.

Finalmente, señaló que “a mí me preocupa que se comience a naturalizar en el debate político nacional el uso de la querella como un medio para contrastar o amparar una estrategia política. Para eso está el Ministerio Público, que es un ente autónomo, ellos tienen no solo las atribuciones, sino también un gran equipo con este fin”.

El ministro Cordero también fue consultado acerca del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, entidad que depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que tiene como mandato asesorar al Presidente en materias de control y probidad administrativa.

Esto luego que el diario La Segunda relevara que el Consejo de Auditoría dejó de reportar -cuando Jackson era ministro de Segpres- las transferencias a terceros y que trascendiera que la entidad no estaría funcionando a plenitud, pues solo tendría a tres funcionarios en ejercicio, de un total de seis: a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez (RD); a la subsecretaria de Segpres, Macarena Lobos y a la secretaria ejecutiva, Daniella Caldana.

Al respecto, el secretario de Estado dijo que “el Sistema de Auditorías Internas de Gobierno, es una institución que existe de modo simplemente administrativo, esta es una institución que se desarrolla al amparo de la administración del presidente Frei Ruiz-Tagle, y que ha costado mucho institucionalizarlo entre otras razones porque los proyectos de ley que se han enviado al Congreso han tenido distintas observaciones, alternativas, de modo que funciona de modo administrativo”.

“El Consejo de Auditoría Interna de Gobierno genera un mecanismo de programación y visión para la auditoría interna, pero la auditoría interna formalmente se encuentra en los ministerios”, aseguró.

“Lo digo, porque si usted suprime hipotéticamente por un momento el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, si uno hace ese ejercicio de supresión hipotética, la situación es igualmente grave y los antecedentes debieron haber sido elevados y analizados oportunamente por parte de los auditores internos que están en cada uno de los ministerios”, apuntó.

“Yo creo que esto es bien importante, porque a ratos perdemos la perspectiva institucional que está detrás de esto”, recalcó.

El jefe de la cartera de Justicia también explicó la diferencia entre las auditorías que lleva a cabo la Contraloría General de la República y la investigación del Ministerio Público, en relación a los traspasos directos de dineros entre el Estado y entidades privadas.

Cordero detalló que el órgano contralor está desarrollando tres tipos de auditorías por los líos de platas.

“Una es la que ha realizado a propósito de lo sucedido en Antofagasta, la segunda es la que va a realizar sobre el sistema de transferencias en general y la tercera que está vinculada a los gobiernos regionales”, explicó.

Sobre la investigación del Ministerio Público dijo que está destinada a indagar la comisión de delitos y perseguir la ruta del dinero.

“Las investigaciones del Ministerio Público, por su parte, lo que tiene que indagar es sobre la comisión de delitos. El fiscal nacional ha sido bien preciso en que los fiscales no están destinados a realizar auditorías al interior del Estado, sino que, a perseguir delitos, y por eso cuando ustedes miran todas las declaraciones públicas que ha dado el Ministerio Público sobre esto, es indagar sobre patrones vinculados a la ruta del dinero esencialmente, y en ese orden de magnitud creo que es razonable mantenerse, porque de lo contrario, la sensación que queda es que todo lo transferido es ilícito y yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado”, manifestó.

Inquirido respecto a si se ha podido determinar si existía un mecanismo para defraudar al Estado, Cordero aseguró que “hasta ahora nosotros no tenemos antecedentes de que exista un mecanismo, yo lo he dicho en otra oportunidad, entendiendo por mecanismo un sistema urdido de modo tal que tiene por fin defraudar al Estado, extraer de modo ilícito recursos del Estado”.

“Lo que sí tenemos son un conjunto de actuaciones que lo que han permitido es que determinadas personas hubiesen actuado contra el interés público y en algunos casos directamente defraudado”, precisó.