Cordero tras carta de reos de Punta Peuco: “Sería muy relevante para el país y para los familiares que nos dijeran dónde están”

La tarde de este martes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la carta suscrita por 27 oficiales condenados en Punta Peuco, en la que solicitan la “conmiseración” del poder político y judicial con sus subalternos, y donde reconocen que sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos”.

La misiva fue leída en el Congreso por el diputado Gonzalo de la Carrera (exmilitante del Partido Republicano), en la que los firmantes solicitaron que el contenido de la misma se diera a conocer a la opinión pública, a un día de que se conmemoraran 50 años del Golpe de Estado.

“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, se lee en la carta.

Los firmantes además señalan que han esperado “33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos”.

Consultado por la opinión del Ejecutivo respecto al contenido del documento, el secretario de Estado señaló: “Lo primero -vamos por la parte positiva- es que en esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos que la suscriben que las han negado en el pasado”.

En segundo lugar, apuntó que “es una carta escrita a favor de terceros, suboficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violaciones de los derechos humanos”.

“Y lo tercero que me parece relevante de esa carta es que deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están”, recalcó el ministro, en referencia a los detenidos desaparecidos.

Cordero insistió que para el gobierno “la importancia de esta carta es que la firma un grupo de personas que si bien en el pasado negaron las violaciones a los derechos humanos, con esta carta señalan que sí existieron, y es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas que sería conveniente por el bien del país, de las familias, y probablemente de su propia conciencia, que lo pudieran entregar a los jueces a cargo de la investigación”.

Sobre posibles beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad entreguen esa información, el titular de Justicia dijo que “el gobierno no tiene ninguna iniciativa sobre ese punto y cualquier efecto de sus declaraciones están en el contexto de las investigaciones judiciales que realizan los jueces”.

El secretario de Estado manifestó que “en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, no hay elementos por ahora asociados al otorgamiento de beneficios, entre otras cosas porque requiere modificaciones normativas con ese fin”.

“Por ahora no es algo que esté evaluando el gobierno, sin perjuicio que nosotros estamos monitoreando las consecuencias de una declaración como esta”, agregó.

Luego añadió que “en materia de indultos, por ejemplo, la doctrina del gobierno es que los crímenes de lesa humanidad no son indultables, asunto que se ha discutido en tribunales y se ha encontrado la razón para ese tipo de argumentos. Cualquier otra modificación sobre beneficios penitenciarios es un mecanismo que requiere modificación legal o reglamentaria”.

Respecto a la petición de “conmiseración” por parte de los firmantes, el ministro señaló: “Una de las cosas que nosotros aprendimos de Pepe Zalaquett (José Zalaquett Daher, defensor de los DD.HH. en dictadura, integrante del comité Pro Paz, fallecido en 2020), es que nosotros no podemos ser igual que ellos”.

Cordero fue inquirido además por la declaración de la UDI, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del quiebre democrático de 1973 este lunes, en la que manifestaron que el Golpe de Estado “era inevitable”.

El ministro aprovechó la pregunta para referirse a un hecho paralelo relacionado con dicha colectividad y para resaltar la figura de su líder: “A propósito de las declaraciones que hizo un diputado (Sergio Bobadilla) sobre negar la veracidad de los antecedentes del informe Valech y el informe Rettig, me quedó con la reacción del senador (Javier) Macaya, quien inmediatamente salió a desautorizar esas palabras”.

El informe Rettig fue publicado durante el gobierno de Patricio Aylwin y da cuenta de 2.298 casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos y víctimas de la violencia política, con resultado de muerte en la dictadura. En tanto, el informe Valech, elaborado durante el mandato de Ricardo Lagos, calificó 27.225 casos como víctimas de prisión política y tortura en el régimen.

Sobre ambos informes, el legislador greamialista dijo: “Me merecen dudas, creo que no dan cuenta de la realidad, porque creo que tienen un sesgo, y para mí, no dicen relación en un 100% con lo que realmente ocurrió durante el gobierno militar”.

“Me parece que lo relevante es tener un compromiso incondicional en materia de derechos y particularmente respecto de crímenes de lesa humanidad”, resaltó el ministro.

Luego volvió a recalcar la actitud del presidente gremialista: “Yo me quedo con esa segunda parte de la reacción del senador Macaya de la UDI, de no tolerar declaraciones de ese tipo, que lo que hacen es negar la realidad y negar documentos oficiales”.

En la mañana, el titular de Justicia ya se había referido a la declaración del partido de Chile Vamos, asegurando que lo “sorprendió” y lo dejó “en una situación bien ingrata”, pero de la que rescata “la parte en que las violaciones a los derechos humanos son injustificables”.