CPLT da último plazo a Subsecretaría de Relaciones Exteriores para informar sobre desmentido respecto a Lucía Dammert

El lunes 8 de mayo vence el plazo que fijó el Consejo para la Transparencia (CPLT) para que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores dé cumplimiento a lo ordenado por su consejo directivo, en el marco del amparo contra la repartición estatal que estableció que debe entregar detalles de las conversaciones sostenidas entre los gobiernos de Estados Unidos y Chile a propósito de una supuesta comparecencia de la exjefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Lucía Dammert, para declarar ante el FBI.

En septiembre de 2022, el gobierno respondió a una publicación del medio digital Interferencia, señalando que realizaron “por medios oficiales” una consulta al país norteamericano respecto de la la supuesta declaración de Lucía Dammert, descartando su veracidad.

“Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”, señalaba el comunicado que fue difundido por Presidencia, en medio de una gira del Presidente Gabriel Boric a ese país.

El CPLT informó, por la vía de una resolución exenta del 28 de abril, sobre un listado de casos en los que no hubo respuesta -entre los que figura el que involucra a la exasesora- que el plazo establecido por la Ley de Acceso a la Información caducó, otorgándose una prórroga única y extraordinaria de cinco días hábiles contados desde la notificación de la misma, para responder con los antecedentes que correspondan a la decisión.

Francisco Leturia, presidente del CPLT, explicó que de no cumplirse en la fecha que corresponde, la norma contempla la posibilidad de establecer multas, las que pueden ir desde el 20% al 50% de la remuneración del jefe de servicio, en este caso de la subsecretaria.

El presidente del CPLT, comentó que más allá de ese eventual castigo, lo más relevante es la sanción social. “Muchas veces lo que más importa, es el juicio de reproche de la ciudadanía y la opinión pública, por haber afectado un derecho fundamental y haber incumplido la ley”, señaló.

Leturia recalcó que “el acceso a la información pública es clave para que la comunidad pueda opinar y tomar decisiones, para que exista la libertad de expresión y de prensa, que son las bases de cualquier democracia”.

El amparo involucra las comunicaciones mantenidas entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos que fueron citadas en el comunicado que difundió el Ejecutivo para desmentir la publicación sobre un supuesto vínculo entre Dammert y una investigación del FBI.

La jefa de asesores de La Moneda renunció a mediados de septiembre de 2022, tras seis meses en el cargo. el exdiputado Miguel Crispi asumió en su reemplazo. La tensa relación con el “círculo de hierro presidencial” y la presión de RD para poner a uno de los suyos en ese puesto fueron los factores determinantes para su salida. A sus cercanos, la socióloga comentó que fue víctima de una operación política. El día de la renuncia se publicó el reportaje que la involucraba en una supuesta investigación por narcotráfico. El desmentido se hizo a la semana siguiente.

“Sin duda el tema es delicado, porque no es bueno que se despierten dudas sobre la real existencia de dicha comunicación oficial con Estados Unidos que fue citada en el comunicado como antecedente, o peor aún, que se haya perdido. Por eso, el escenario ideal es que dicha información se entregue. No es mucho pedir. Básicamente quien llamó, a quién, y cuándo”, explicó Francisco Leturia.

Asimismo, destacó que este caso “muestra que la institucionalidad está funcionando bien. El solicitante alegó y gracias a ello, probablemente la información sea entregada. Y si no, la persona que incumpla la ley, recibirá el mismo trato y las mismas sanciones, sin importar que sea un exconsejero o una expresidenta del CPLT, o una persona cualquiera”.

La actual subsecretaria, Gloria de la Fuente, era parte del CPLT cuando entidad hizo la solicitud de información. Había presidido el organismo y por entonces se desempeñaba como consejera.

La Subsecretaría de Relaciones Exteriores se negó a entregar la información, argumentando que las conversaciones aludidas se habían transmitido verbalmente, por lo que no existiría soporte documental que permitiera atender a lo consultado. En el marco de este requerimiento, se solicitó acceso a detalles como la fecha y hora en que se produjeron, si se trató de comunicación presencial, telefónica o de otro tipo, precisión respecto al lugar en que ocurrió y quiénes fueron los interlocutores oficiales que tuvieron esas comunicaciones.