DC advierte a La Moneda de posible respaldo a acusación contra Ávila y presiona para asumir la presidencia de la Cámara

Un fallo fotográfico (fórmula que se utiliza en la hípica para dirimir carreras estrechas) podría tener la definición de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, si los hechos continúan evolucionando con la misma tendencia de las últimas semanas.

En pelea voto a voto por la salvación o la destitución de Ávila, la bancada de la Democracia Cristiana será uno de los grupos dirimentes frente al libelo acusatorio que se ingresó este lunes por la Cámara de Diputadas y Diputados.

El problema para el gobierno es que hasta el momento los cinco diputados falangistas han expresado su apertura a estudiar la acusación que fue presentada ayer con firmas de toda la oposición. “Va a ser una acusación bastante ajustada en su discusión en la Cámara. La bancada DC a esta acusación no la desecha de antemano... Vamos a estudiar cada uno de los siete capítulos en profundidad. Si hay mérito en uno de esos capítulos, vamos a avanzar en la acusación”, dijo este lunes el jefe de bancada de DC, Eric Aedo.

Esa suerte de advertencia, además, tiene un trasfondo aún más delicado para La Moneda. Hoy la DC está presionando fuertemente para que el próximo período de presidencia de la Cámara (una vez que el titular de la corporación, el liberal Vlado Mirosevic, presente su renuncia a inicios de julio) sea concedido a uno de sus diputados.

Esa exigencia, sin embargo, encontró resistencia en el PC, donde reclaman que ahora el turno en la presidencia les corresponde a ellos, luego del veto que levantaron algunos sectores, especialmente desde la decé, para evitar que asumiera en la testera la diputada comunista Karol Cariola en noviembre del año pasado.

“El cupo le corresponde a la Democracia Cristiana y lo vamos a defender. Toda acción política genera una reacción política. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo político e intelectual para mantener las dos cosas separadas (acusación y elecciones de la Cámara), pero si existe un veto a la DC es evidente que ello va a generar consecuencias políticas, es un dato de la realidad. No sé si con la acusación o con otro tipo de proyectos, pero es evidente”, agregó Aedo (DC) a La Tercera.

Esa tensión complica aún más el desenlace de la acusación, que se votará en sala (entre el 10 y el 20 de julio) posiblemente después de la elección para renovar las autoridades de la Cámara.

Incluso, algunos legisladores advierten que, si la DC es vetada ahora para asumir en la presidencia de la corporación, podría tomar represalias como aprobar el libelo en contra de Ávila.

En el gobierno y el oficialismo están conscientes que sería un escenario altamente riesgoso que se crucen en fechas cercanas las votaciones por la presidencia de la Cámara y por la acusación.

En La Moneda admiten que es un tema que les preocupa, ya que se estaría configurando “una tormenta perfecta”, debido, además, a las secuelas del rechazo de un “sexto retiro”.

De hecho, este escenario fue advertido, según algunas fuentes parlamentarias, por el diputado Aedo al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en una reunión que sostuvieron en la sede gubernamental el pasado 8 de junio. Esa versión, en todo caso, es negada desde el gobierno.

No obstante, en el oficialismo señalan que todo dependerá de cómo evolucione la tensión entre la DC y el PC, desde donde insisten en que a ellos les corresponde asumir la presidencia. “Los DC nos vetaron, no tiene ningún sentido. Los comunistas no vamos a apoyar a un DC”, dicen en la bancada comunista, donde no descartan buscar un acuerdo con la derecha para ampliar la gobernabilidad de la Cámara.

Otra alternativa es que Mirosevic postergue su renuncia contemplada para después de su cuenta pública el 4 de julio.

Sin embargo, también se está tornando complejo que resista en el cargo, ya que uno de sus vicepresidentes, el independiente Carlos Bianchi, ya presentó su dimisión en forma anticipada.

A ello se suman amenazas de censura de parte de la derecha, producto de un cambio de integrantes en la Comisión de Economía, adoptado unilateralmente por el presidente de la Cámara, y por la crisis personal que está enfrentando la otra vicepresidenta, Catalina Pérez (RD), debido a denuncias de conflictos de interés que afectan a su entorno por la asignación de fondos del Serviu de Antofagasta a una fundación que era representada por su pareja.

Consultada por este punto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara -quien estuvo a cargo de la vocería de gobierno debido a la ausencia de la ministra Camila Vallejo-, aseguró que “vincular las dos discusiones, la elección de la mesa de la Cámara con una acusación constitucional, nos parece que no es procedente, toda vez que la acusación debe ser analizada en su mérito, y por otro lado la discusión de la directiva de quién va a dirigir la Cámara en el próximo periodo es un debate que queda entregado a los parlamentarios que debe darse en el marco de su autonomía política.

Y agregó: “Son temas distintos que no nos parece que sea bueno vincularlos porque tienen vías de resolución y causas distintas”.

El tema fue abordado este lunes en el comité político ampliado en La Moneda. Ahí, según presentes, el ministro Elizalde entregó al oficialismo argumentos que refutan todas las acusaciones del libelo. Asimismo, transmitió que este martes delinearan la estrategia y los timing que manejarán una vez arqueados los votos en la Cámara Baja.

Desde RD, partido en el que milita el ministro Ávila, en tanto, defendieron su gestión. “Yo he conversado con el ministro, él sabe que cuenta con todo el respaldo de nuestro partido, también del gobierno. Él está muy tranquilo en términos de que tiene respuestas, fundamentos para cada uno de los puntos que se le acusa. Ahora, sabemos que a veces acá hay una dinámica política que va más allá de los fundamentos racionales o de los contenidos, sino que muchas veces una animadversión a priori, algunos dicen que podía haber un sesgo también de carácter homofóbico, conservador, contra el ministro. Eso excede muchas veces los argumentos que se den (...). Veremos si es que tienen los votos para que esto prospere en la Cámara de Diputados”, dijo el timonel de la colectividad Juan Ignacio Latorre tras participar de la tradicional cita en Palacio.

En teoría, el libelo contra el ministro de Educación tendría el respaldo de 71 legisladores si es que la oposición actúa unida (23 UDI, 23 RN, 4 Evópoli 12 P. Republicano, siete independientes-social cristianos, además de Gonzalo de la Carrera y de la PDG Karen Medina, quien se plegó a título personal).

Por el contrario, el oficialismo podría crecer a 70 si se alinean independientes asociados a sus bancadas (Carlos Bianchi, Camila Musante, Mónica Arce, Andrés Jouannet y Félix González), además del ex-PPD René Alinco, quien señaló a La Tercera que rechazará el libelo, debido a que su postura siempre ha sido contraria a estas herramientas de destitución. “Son golpistas”, explicó.

Con ello, el desenlace de esta acusación quedaría en manos de grupos no alineados, como la mencionada bancada DC (Eric Aedo, Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño), los otros legisladores del grupo PDG (Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar y Gaspar Rivas), los del subcomité del Centro Democrático Unido (CDU integrado por ex-DC, algunos de ellos hoy militantes del Partido Demócrata, como Joanna Pérez, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio) y de otros legisladores independientes, como Pamela Jiles y Viviana Delgado (exmilitante del Partido Ecologista).

Además de la presión de la bancada DC, el grupo del CDU (liderado por Calisto y Pérez) están en conversaciones con la oposición para tomar el control de la Cámara, por lo que cada vez están más distantes del oficialismo.

Jiles, por su parte, quedó enemistada con el Ejecutivo tras las jugadas reglamentarias que hizo la Secretaría General de la Presidencia para apurar el rechazo del llamado “sexto retiro” y ha sido crítica de las dilaciones del Ministerio de Educación para asumir la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) para el financiamiento universitario.

Delgado, en tanto, protagonizó una bullada polémica con el ministro Ávila, quien la habría gritoneado, en marzo pasado, luego de que ella le pidiera ser más diligente en la solución de un problema de contaminación ambiental que había obligado a suspender clases del Liceo Reino de Dinamarca, de Maipú.