De qué acusan a Carlos Montes: lo que se define en el Congreso este jueves y los escenarios que enfrentará

A las 10.00 horas de este jueves está citada la sesión en la Cámara de Diputados en la que se votará la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

La acusación fue presentada por los diputados Roberto Arroyo (PSC), Francesca Muñoz (PSC), Yovana Ahumada (IND), Gaspar Rivas (PDG), Jorge Durán (RN), Hugo Rey (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Marco Antonio Sulantay (UDI), Agustín Romero (PREP) y Cristián Araya (PREP).

El libelo está compuesto por cinco capítulos. En ellos se apela a que el titular del Minvu no ejerció el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos a su cargo. Tampoco respecto de la actuación del personal de su dependencia.

Esto en relación a los líos de plata por los traspasos de dineros de su cartera a fundaciones en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. La Contraloría realizó auditorías sobre las transferencias efectuadas a entidades privadas -desde enero de 2021 y junio de 2023-, dando cuenta de que las irregularidades eran parte de un patrón que se replicaba en las diferentes regiones.

Todo partió por el escándalo de Democracia Viva, que motivó la salida del seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente formalizado por fraude al fisco y en prisión preventiva.

La acusación sostiene que Montes no cumplió con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las secretarías regionales ministeriales.

También señala que el ministro infringió la ley al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución de los programas y al no denunciar delitos respecto de los cuales habría tomado conocimiento. Esto, en base a la declaración de la exsubsecretaria, Tatiana Rojas, respecto a que entregó un informe sobre la situación en Antofagasta.

Montes ha sido reiterativo en que tal informe no daba cuenta de ningún ilícito.

La sesión no puede terminar hasta que se llegue a una decisión. Hay 154 diputados habilitados para votar, considerando que María Luisa Cordero sigue desaforada.

El acusado (o su defensa) puede invocar -o no- la denominada cuestión previa: mecanismo con el que cuestiona que la acusación en su contra no cumple las condiciones reglamentarias.

Si la defensa de Montes, que está en manos del abogado Pablo Ruiz-Tagle, invoca esta herramienta, y la Cámara acoge la “cuestión previa”, se cae la acusación, ya que se da como no presentado el libelo. 

Si se rechaza la denominada cuestión previa, se continúa con la votación para discutir el fondo.

Según el artículo 52 de la Constitución, para declarar que ha lugar la acusación constitucional se requiere el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. Si se aprueba, el acusado queda suspendido de sus funciones a la espera del resultado en el Senado.

Si el Senado aprueba el libelo, el acusado queda destituido de su cargo y no podría ejercer o desempeñar ninguna función pública por cinco años, independiente de si es se trata de una elección popular o no.