Los dichos del seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, que se conocieron este miércoles -aunque fueron emitidos en abril durante un conversatorio-, en que aseguró que el Presidente Gabriel Boric lo había mandatado para impulsar la opción del Apruebo, no solo hicieron reaccionar a la oposición, desde donde solicitaron su renuncia, sino que también a la delegada presidencial de la región, Daniela Dresdner, quien anunció una investigación y también posibles sanciones.

Dresdner afirmó tener claridad respecto a la función de las autoridades de cara al próximo plebiscito del 4 de septiembre, donde mediante las opciones Apruebo y Rechazo se decidirá sobre el texto para una nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional.

“El Presidente ha sido claro en que nuestra única función en relación al plebiscito del 4 de septiembre es promover un voto informado. Eso es lo que nos ha instruido y no deben quedar dudas al respecto ni llamados a votar por una u otra opción”, aseguró la autoridad, agregando que “esta instrucción yo se la he reiterado al Gabinete y cualquier declaración que no sea acorde a la instrucción debe ser investigada y, en caso de ser necesario, sancionada”.

Eduardo Barra participó en abril pasado de un conversatorio sobre seguridad en la Universidad Técnica Santa María en Hualpén, donde aseguró que “yo voy a recoger lo que ha planteado el Presidente Gabriel Boric, de quien yo estoy mandatado en esta mesa de mi hacer como seremi. Nosotros no somos indiferentes a lo que ocurra en los próximos meses, particularmente respecto a lo que es la Convención Constitucional y el plebiscito de salida”, dijo. Y reconoció que “yo no soy políticamente correcto”.

La autoridad regional agregó que “nosotros como gobierno estamos disponibles para el Apruebo y lo vamos a impulsar, y esa es nuestra opinión, y, como digo, estamos mandatados por nuestro Presidente para plantearlo”.

Durante la jornada, desde el gobierno la ministra vocera, Camila Vallejo, calificó los dichos del médico y académico como “graves” “Obviamente es grave, estamos con los antecedentes. No sé cómo habrá interpretado o qué habrá interpretado el seremi, pero evidentemente nosotros tenemos una labor y un deber de prescindencia que tienen que respetar todos los miembros de este gobierno, no solo las altas autoridades, sino que también sus funcionarios”, indicó la ministra sobre el tema.

La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) agregó que “evidentemente todos tienen derecho a tener opinión y son ciudadanos de nuestra patria y la libertad de expresión, pero en el marco de la prescindencia. Siendo funcionarios públicos tienen que restringirse a ese mandato que ha sido instruido, además, no solamente por la Contraloría sino también por este gobierno. Independientemente de la fecha de sus declaraciones, es un deber que siempre se tiene que respetar”.