Democracia Viva: abogado de Catalina Pérez asegura que diputada “jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo”
La PDI vincula a la legisladora con un posible tráfico de influencias.
El 16 de junio, el medio regional Timeline dio a conocer un convenio por $426 millones que Carlos Contreras, militante Revolución Democrática, en su calidad de secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta autorizó en favor de la fundación Democracia Viva, entidad que fundó el también militante RD, Daniel Andrade. Contreras había sido el jefe de gabinete de la diputada y expresidenta del partido oficialista Catalina Pérez y Andrade era hasta entonces pareja de la legisladora. La fundación debía ejecutar mejoras en campamentos bajo un giro que no tenía cuando se visó el traspaso de los dineros.
El Ministerio Público inició una investigación por eventuales delitos de corrupción.
En el marco de ese trabajo, en su edición de este sábado, La Tercera dio a conocer detalles de un informe de 60 páginas elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en que se da cuenta del resultado de allanamientos, declaraciones de testigos y la revisión de antecedentes aportados en la indagatoria. En el análisis reservado se advierte la comisión de delitos que involucran directamente al exseremi Contreras, el ingeniero Daniel Andrade y, por primera vez, se menciona a la parlamentaria.
“Existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade”, se lee en el expediente al cual accedió La Tercera.
“El día de hoy se ha dado a conocer a través de diversos medios de comunicación un informe de la PDI que aportaría un supuesto nuevo antecedente para vincular a la diputada Catalina Pérez con el caso Democracia Viva. Este nuevo antecedente se referiría a la relación sentimental que sostenía con un imputado del caso. Lo anterior es de público y sabido conocimiento, no siendo este un antecedente nuevo en la investigación”, señaló el abogado de Pérez, Gonzalo Medina, en una declaración.
“Adicionalmente, es de mi interés reiterar que, tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo”, añadió el profesional, asegurando que el “informe en comento no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada”.
“Descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencias”, indicó el abogado, haciendo hincapié en que el informe de la PDI constituye un instrumento más para la investigación y que la diputada Pérez “no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha”.
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