Diputado Mulet niega acusación de soborno en su contra

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El vicepresidente de la Cámara, Jaime Mulet.

"No he recibido ni ofrecido indirecta ni directamente dinero alguno de minera Candelaria", dijo el parlamentario, luego de que un reportaje lo vinculara con el supuesto ofrecimiento de una coima al alcalde de Tierra Amarilla.


Tras la lectura de la cuenta de la sala de la Cámara de Diputados, el vicepresidente de la corporación, Jaime Mulet (FRVS), inició hoy las intervenciones del hemiciclo. El diputado aprovechó la instancia para defenderse de las acusaciones de soborno en su contra.

"No he recibido ni ofrecido indirecta ni directamente dinero alguno de minera Candelaria, ni del bufete de abogados Bosselin, Briones, ni de la Municipalidad de Tierra Amarilla, ni de nadie", dijo el presidente de la Federación Regionalista Verde Social.

La respuesta de Mulet se da luego de que Radio Bío Bío reveló que el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado -quien se encuentra suspendido y formalizado por corrupción-, acusó al actual legislador de haberle ofrecido una coima por $ 400 millones. Esto, a cambio de levantar una medida precautoria que impedía el pago de honorarios a dos abogados -Hernán Bosselin y Ramón Briones, ambos ex DC- que actuaban en representación de dicho municipio, pero que habrían terminado favoreciendo a la minera Candelaria.

Según el reportaje, el reclamo de Mulet se habría basado en que los juristas habían logrado que la minera canadiense pagara al municipio una suma de alrededor de 22 millones de dólares. Pero este pago significaba que el jefe comunal no debía iniciar acciones judiciales que pudieran entorpecer la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, lo que podía complicar la continuidad de las operaciones de la minera en la zona.

La investigación revelada, según fuentes ligadas al caso, es particularmente compleja, ya que involucra una serie de aristas que podrían revestir delitos en los que el Consejo de Defensa del Estado está facultado para querellarse, como cohecho o prevaricación de parte de los abogados que obtuvieron el pago si para esto tuvieron vínculos con funcionarios públicos.

El CDE aseguró en un comunicado que está estudiando los antecedentes para determinar eventuales acciones, dentro del ámbito de sus competencias.

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