Diputados ingresan acusación contra jueza Donoso en medio de dudas transversales

Dos capítulos tiene la acusación constitucional que este jueves 14 diputados, tanto de Chile Vamos como de la oposición, interpusieron en contra de la jueza Silvana Donoso ante la Cámara Baja. La magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso presidió en 2016 la comisión que otorgó libertad condicional a Hugo Bustamante, quien cumplía condena por un doble homicidio, y esta semana fue formalizado por la violación, femicidio e inhumación ilegal de Ámbar Cornejo (16).

El libelo apunta a que la magistrada habría incurrido en el “notable abandono de sus deberes” al haber aplicado de forma “arbitraria” el decreto que regulaba el otorgamiento de la libertad condicional en 2016, en ese y otros casos, soslayando los informes negativos de Gendarmería. Asimismo, por no haber ejercido control de convencionalidad respecto de los estándares del sistema interamericano de DD.HH.

El texto fue firmado por los RN Andres Longton, Erika Olivera, Gonzalo Fuenzalida, Eduardo Durán, Catalina del Real, Hugo Rey, Harry Jurgensen y Miguel Mellado; los Evópoli Luciano Cruz-Coke y Pablo Kast; el UDI Osvaldo Urrutia, y los opositores Iván Flores (DC), Daniel Verdessi (DC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS). “Esto no se trata de colores políticos (...), se trata de justicia”, sostuvo Longton.

Sin embargo, y pese a la transversalidad de quienes impulsan la acción, su ingreso estuvo marcado por las dudas -también transversales- que se han instalado en diversos sectores respecto del mérito de la acusación. En los últimos días, incluso al interior de RN algunos diputados transmitieron sus aprensiones respecto de la acción. Entre las razones esgrimían que la normativa aplicada por la jueza era distinta a la actual -que se reformó en 2018- y que, con todo, ella si bien presidía la instancia, no fue la única en tomar la decisión.

En la UDI, en tanto, desde un inicio no quisieron adherir como bancada a la acción. “Mayoritariamente en la UDI creemos que no están los requisitos jurídicos”, sostuvo Jorge Alessandri, mientras que su par Javier Macaya advirtió que “la acusación es una herramienta para destituir a un magistrado por prevaricación y otras conductas graves, que acá no están presentes”.

Pese a que dos de sus diputados terminaron firmando el libelo, tampoco hay una posición unánime en Evópoli. Para el vicepresidente de la Cámara Baja, Francisco Undurraga, “no procede la acusación”.

En el oficialismo, además, algunos han transmitido que las acusaciones son de última ratio y, en este caso, no se habrían agotado instancias previas como, por ejemplo, una comisión investigadora.

A la división oficialista, además, se sumaron ayer las palabras del vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, quien si bien destacó que esta es una atribución de los parlamentarios, recordó que “la jueza y, tal como lo ha dicho la vocera de la Corte Suprema, ha fallado conforme a derecho”.

Pero la división no solo se dio en Chile Vamos. En la centroizquierda son varios los que consideran que esta acusación no resuelve el problema de fondo o derechamente que el libelo no tiene sustento jurídico, mientras que otros ya han adelantado su total respaldo. Además de los firmantes, en el PS, Marcelo Schilling; en el PPD, Tucapel Jiménez, y en la DC, Matías Walker, son algunos que se han mostrado abiertos a estudiar el mérito de los antecedentes.

En el Frente Amplio, en cambio, la mayoría de las bancadas estaría por no aprobar el texto y han acusado un “aprovechamiento” ante un caso emblemático.

Con todo, en la Cámara reconocen que dado que el caso Ámbar ha remecido fuertemente a la sociedad, otra cosa será cuando los parlamentarios tengan que votar sobre si la jueza Donoso debe o no ser destituida.

“Todo Chile está juzgando y está mirando lo que estamos haciendo frente a una persona que mató, violó y descuartizó a una joven”, dijo ayer la única diputada de la oposición que suscribió la acción, Alejandra Sepúlveda.

Para que el libelo avance al Senado requiere de la mayoría de los presentes, es decir, 78 en caso de que participen los 155 diputados. La acción, de darse los plazos máximos, debiese votarse entre la primera y segunda semana de septiembre.