El detalle de los convenios firmados por el gobierno y el Congreso para el funcionamiento de la convención

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, en entrevista con La Tercera anunció que el jueves el gobierno firmó con el Congreso dos convenios de colaboración para el funcionamiento de la convención constitucional que operarán en la sede del Congreso en Santiago y en el Palacio Pereira. Además, el Ejecutivo firmó un decreto que establece que la Segpres será el órgano encargado de la coordinación.

Respecto a este último punto, señala que el ministerio prestará “el apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y financiamiento de la convención”. Para ello se creará una unidad especial al interior de la Segpres, que regirá desde la publicación del decreto, tomado de razón por la Contraloría el 15 de enero, hasta 60 días después que se disuelva el órganos que redactará la nueva Carta Magna.

Entre los roles que tendrá esta unidad de la Segpres -según se puede leer en el documento- están el velar por la ejecución de los recursos que disponga la respectiva Ley de Presupuestos del Sector Público para el funcionamiento de la convención, en coordinación con la División de Administración del ministerio.

También se señala que dicha unidad especial deberá procurar poner a disposición de la convención “la infraestructura y los recursos técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para su instalación, funcionamiento y sesiones”.

También, se señala que deberán “gestionar las compras y la suscripción de contratos y convenios con instituciones públicas o privadas”. Además de “prestar apoyo al comité externo al que se refiere el incido final del artículo 134 de la Constitución Política” en relación con su labor de administración de las asignaciones que sean establecidas en el reglamento de la convención.

Por otro lado el documento señala que la citada unidad deberá velar por la contratación del personal de la convención, el pago de la retribución que recibirán sus integrantes y del personal necesario para su correcto funcionamiento.

Y tener una relación directa con la instancia que redactará la Constitución para coordinar el “apoyo técnico, administrativo y financiero necesario para su correcto funcionamiento”.

El acuerdo de colaboración entre el gobierno y el Senado fue firmado el pasado 27 de enero entre la presidenta de dicha Corporación, Adriana Muñoz (PPD); el secretario general, Raúl Guzmán; el titular de la Segpres, Juan José Ossa; además del subsecretario de la cartera, Máximo Pavez.

El texto señala que la Cámara Alta se compromete a facilitar para el funcionamiento de la convención diversos salones del exCongreso en Santiago, a través de la Segpres.

Dentro del detalle de los espacios a facilitar están, por ejemplo, el Salón de Honor, el Salón Plenario, la sala 144, el comedor de dicha sala, cuatro salas de reuniones (en el tercer piso), áreas comunes del recinto y diversos recintos de seguridad y espacios para el funcionamiento administrativo de la instancia.

También el documento establece que el Senado facilitará infraestructura, servicios, asesorías y gestiones para la instalación de la convención, que no le signifiquen gasto con cargo al presupuesto del Senado.

Por otro lado, se señala que se podrán efectuar “modificaciones, terminaciones o adaptación de las dependencias que se requiriesen, previo acuerdo de las contrapartes del convenio, debiendo coordinarse previamente las respectivas autorizaciones con las autoridades competentes”.

Así mismo se dispone la utilización de equipos tecnológicos, como computadores, y del sistema de seguridad del recinto. Y la facilitación de Internet, entre otros.

“Todas la habilitaciones y acciones que realice el Senado, respecto a la facilitación de espacios, servicios e infraestructura con relación a la instalación y funcionamiento de la convención constitucional, deberán estar previamente solicitadas o autorizadas por el Ministerio, a quien corresponde prestar el respectivo apoyo técnico, administrativo y financiero a dicho órgano”, agrega el texto firmado por las partes.

Mientras que el gobierno se compromete a determinar las demandas necesarias para la instalación y funcionamiento del órgano convencional, comunicándolo al Senado con la debida anticipación.

Además, el Ejecutivo podrá transferir, a petición de la Cámara Alta, de “los recursos necesarios adicionales que se requieran para realizar los procesos de compra para habilitar infraestructura, mobiliario, equipos computaciones o bienes muebles para el funcionamiento de la convención constitucional”.

También apoyar en la redacción de las bases de licitación o términos de referencia para las licitaciones respectivas y necesarias. Y también en la coordinación de la seguridad del recinto. Entre otros acuerdos administrativos.

Este acuerdo durará un año desde su publicación, pudiéndose renovar sucesivamente por otros 365 días, si es que ninguna de las partes avisara de la intención de ponerle término.

Así mismo se deja establecido que se podrá invocar el término anticipado del convenio en caso de que cualquiera de las partes involucradas incumpla ”cualquiera de las obligaciones que se derivan del presente documento”. Y además, se podrá poner fin “mediante la manifestación de voluntad de cualquiera de los dos comparecientes, notificada por escrito a la contraria con treinta días de anticipación”.

Por su parte, el acuerdo firmando entre la Segpres y la Cámara Baja también establece ciertas reglas respecto al uso de los recintos de la Corporación, como el exCongreso de Santiago. Y las funciones administrativas que conllevarán el buen funcionamiento de la convención.

El acuerdo fue firmado el 28 de enero por el ministro Ossa, y el subsecretario Pavez, y el presidente de la testera, Diego Paulsen y el secretario general Miguel Landeros.

Es de esta manera, que en el mismo tenor que el acuerdo con el Senado, se establece la facilitación de la totalidad de los salones y oficinas distribuidas en el primer piso. El hemiciclo con el que cuenta la corporación en ese mismo nivel. Además de áreas comunes y servicios sanitarios. Así mismo todo lo que dice relación con recintos de seguridad y espacios de soporte y funcionamiento diario de personal administrativo.

“Sin perjuicio de lo establecido en la presente cláusula, la Cámara mantendrá la utilización de las oficinas que sean necesarias para el personal que prestará el apoyo de mantenimiento en el edificio, durante el funcionamiento de la convención”, se añade.

Se señala además que todas las habilitaciones y acciones que realice la cámara, sobre facilitación de espacios e infraestructura, deberá estar previamente viadas por la Segpres.

Al igual que en el caso del Senado, la Cámara se compromete a poner a disposición del gobierno, mobiliario de oficina; la modificación o adaptación de las dependencias (las que deberán ser coordinadas previamente); la habilitación y adquisición de infraestructura tecnológica y electrónica existente en el recinto; entre otros.

Y el gobierno a determinar las demandas necesarias para la instalación y funcionamiento del órgano convencional. Y la transferencia de “los recursos necesarios adicionales que se requieran para realizar los procesos de compra para habilitar infraestructura, mobiliario, equipos computaciones o bienes muebles para el funcionamiento de la convención constitucional”. En general, son los mismo compromisos que adoptó con el Senado, entre otros acuerdos administrativos.

Una diferencia del pacto con la Cámara respecto al del Senado, es que con esta corporación hay un 5to punto, donde el gobierno se compromete a transferirles “hasta un máximo de $ 805.000.000, con el objeto que éste último (la Cámara) realice los procesos de compra para habilitar la infraestructura, mobiliario, equipos, computadores o bienes muebles para el funcionamiento de la convención”.

Finalmente, respecto a la vigencia y el término anticipado, para el caso de la Cámara Baja rigen las mismas disposiciones que las que la Segpres pactó con el Senado.