Este miércoles, la oposición sufrió una dura derrota en el Congreso. Logró solo 38 votos en la censura contra la mesa de la Cámara de Diputados liderada por Karol Cariola (PC). La arremetida -que fue impulsada por el diputado Johannes Kaiser (Indep.) y respaldada por la jefa del comité socialcristiano, Francesca Muñoz- generó duras recriminaciones en el sector.

Sin embargo, esa derrota no ha sido la única de la oposición durante la administración del Presidente Gabriel Boric, sino que ya acumulan varios fracasos que preocupan al sector y que -según reconocen- dan cuenta de la poca articulación que existe entre ellos.

El 15 de junio de 2022, a cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, uno de los partidos opositores concretó el ingreso de la primera acusación constitucional contra alguna autoridad del Ejecutivo.

El libelo fue en contra de la entonces ministra del Interior Izkia Siches y fue presentado por el Partido Republicano. De esta manera, la tienda fundada por José Antonio Kast daría paso a una serie de intentos por derrocar a alguna autoridad del gobierno del Presidente Boric.

Antecedidos por una serie de traspiés de la exjefa de gabinete, como la falsa denuncia que hizo sobre un avión que iba a expulsar a migrantes y que supuestamente volvió con todos sus pasajeros y un fallido viaje a Temucuicui, la bancada republicana ingresó el escrito que contenía siete capítulos.

El primero tenía relación con el retiro de querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de los destrozos, robos y otros delitos acontecidos en el estallido.

El segundo, en tanto, abordaba al viaje que realizó Siches a Temucuicui. Por este caso, se le imputó que la hoy exministra no denunció -siendo su obligación- los hechos acontecidos en esa zona, donde fue recibida con disparos.

Así, el libelo que contaba de 159 páginas hacía un repaso por todas las faltas -a juicio del Partido Republicano- en que la exministra habría incurrido en su paso por la cartera de Interior.

Finalmente, en la votación de la sala -que llegó con informe negativo de la comisión revisora- se cayó en la denominada cuestión previa, es decir, el paso antes de pasar al fondo de la acusación, por 84 votos a favor, 57 en contra y dos abstenciones.

Los votos en contra de esa instancia fueron principalmente de parlamentarios de oposición. En detalle, de diputados de las bancadas del Partido de la Gente (PDG), Evópoli, la UDI, RN y del Partido Republicano, quienes ingresaron el libelo.

Luego de ese primer intento, vendría una segunda arremetida por parte del Partido Republicano. Esta vez el apuntado sería Giorgio Jackson (Frente Amplio), en ese minuto, jefe de la cartera de Desarrollo Social. La acusación contra el exsecretario de Estado fue presentada el 3 de enero de 2023.

El escrito constó de tres capítulos y, en términos generales, se le acusó de subejecutar el presupuesto del ministerio en lo relativo al fondo de tierras y aguas indígenas. En segundo término, se le imputó “infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad”, a raíz de haber ejercido eventuales presiones a la exseremi por la Región Metropolitana del ministerio, Patricia Hidalgo, para votar en contra de sus convicciones en diversos proyectos de desarrollo en la capital.

Finalmente, se le enrostró que no implementó la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”.

La votación, al igual que con Siches, se cayó en la cuestión previa por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones.

Por eso mismos días -el 9 de enero-, Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli), presentó una acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos (Frente Amplio), a raíz de la crisis desatada por los indultos que fueron otorgados en diciembre de 2022 a condenados en el marco del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna.

A Ríos se le imputó, además del otorgamiento de esos beneficios, una “falta de control jerárquico en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la Macrozona Sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente”.

En la sala de la Cámara, la oposición sufrió su tercera derrota, pues la acusación -que la defensa a cargo del ahora embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo- decidió pasar inmediatamente al fondo, se cayó por 84 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones.

El resultado generó una fuerte tensión en las filas de la derecha, pues el Partido Republicano votó en contra del libelo, en respuesta a Chile Vamos de no haber apoyado la acusación que desde el partido de Kast presentaron en contra de Siches. Desde la coalición de centroderecha, acusaron a republicanos de hacer una “vendetta” política.

Meses más tarde, y en medio de su formación, el Partido Social Cristiano irrumpió en el escenario político, empezando a formar una incipiente bancada de diputados.

Uno de sus primeros pasos en la arena política -por los que incluso desde Chile Vamos acusan de ocupar esta herramienta para mostrarse- fue impulsar la acusación constitucional contra el entonces titular de Educación, Marco Antonio Ávila, también del Frente Amplio.

A Ávila se le acusó de un supuesto mal manejo de los recursos del ministerio, de imponer una agenda sexual en el área educacional y los resultados del Simce de 2022, que constató una fuerte baja en los puntajes de Matemáticas.

En privado, en todo caso, fuentes de la oposición reconocen que el libelo carecía de sustentos jurídicos sólidos y que fue una de las derrotas más duras para la oposición, pues el gobierno se encontraba sorteando el momento más complicado por la crisis derivada del lío de platas entre fundaciones y reparticiones públicas.

Finalmente, y con el desmarque de la bancada de Evópoli, el hoy exministro fue salvado por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención.

El último intento de acusación fue contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (Partido Socialista). El 19 de diciembre de 2023, los partidos de oposición ingresaron la acusación contra el secretario de Estado por su eventual responsabilidad en los traspasos de dinero desde su ministerio a fundaciones que están siendo investigados por la justicia en el caso denominado lío de platas.

La votación, ocurrida el 4 de enero de este año, se cayó en la cuestión previa -no pasando ni siquiera al fondo- por 79 votos a favor -oficialistas y fuerzas de centro-, 61 votos en contra de la oposición y una abstención, que fue de Pamela Jiles.

La testera de la Cámara de Diputados, conformada por su presidenta Karol Cariola (PC) y los dos vicepresidentes Gaspar Rivas (Indep.) y Eric Aedo (DC), ha debido sortear dos mociones de censura en contra, por distintos motivos.

La primera, fue una arremetida que tuvo como impulsor la bancada del Partido Republicano.

La moción, que fue confirmada por el jefe de la bancada de los republicanos, Stephan Schubert, respondió a un reconocimiento de Rivas que el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, le había ofrecido ese cargo.

Finalmente, el primer intento de hacer caer a la mesa fue desechado por 76 votos en contra, 69 a favor y siete abstenciones.

Consultados los jefes de las distintas bancadas de oposición, en Chile Vamos hubo coincidencia en que las derrotas han pasado exclusivamente por el Partido Republicano y los socialcristianos, poniendo en duda si se suman a futuras ofensivas.

El titular de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente, señaló que las acusaciones que fueron presentadas por esos dos partidos fueron “antojadizas” y “no fueron estudiadas lo suficiente y en consecuencia se perdieron.

“Hay que hacer un análisis de generar la máxima base de apoyo y no presentarlas con un afán exclusivo de figurar, de ganarles el quien vive a otras fuerzas opositoras, de marcar un punto político, de ser predominante dentro del sector de la centroderecha”, complementó Benavente.

Ximena Ossandón, la jefa del bloque de RN, aseguró que “ya estamos aburridos de estas acciones de los extremos, la gente está aburrida de este tipo de acciones”.

Y añadió: “Nosotros, como se ha demostrado en la votación de ayer, ya no nos vamos a seguir sumando a este tipo de ofensivas, que además son inconsultas e infundadas”.

Esto, en relación a que entre las filas de la derecha existe la intención de acusar constitucionalmente a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), pero dado el historial de las arremetidas, no existe el ánimo para concretarla.

El titular del comité de Evópoli, Jorge Guzmán, sostuvo que “en política las cosas bien o no se hacen, esa lección lamentablemente no la ha aprendido el Partido Social Cristiano ni el Partido Republicano, que insisten en hacer presentaciones sin dialogar con la gran mayoría de la oposición”.

En caso contrario, agregó Guzmán, “podríamos ser una oposición más ordenada, poder conseguir algunos avances respecto censuras o acusaciones cuando estas sí respondan a criterios jurídicos y a los hechos que la respalden”

“Nos hacen ver desprolijos y desordenados al momento de trabajar como oposición”, lamentó el diputado Evópoli.

Desde el Partido Republicano, Schubert afirmó que “el resultado, en el caso de las acusaciones y de la primera censura a la mesa, no ha sido favorable. No obstante a ello, hemos hecho lo que nos parece correcto utilizando las herramientas que tenemos”.

“No porque no se logran los votos nosotros vamos a dejar de hacer lo que tenemos hacer. Si es que no están los votos, cada persona que votó a favor y en contra tendrá que dar las explicaciones de porqué lo hizo”, añadió Schubert.

En la bancada del Partido Social Cristiano, por otro lado, acusan en privado a las otras fuerzas de oposición de “cobardía” por no sumarse a la acusación constitucional y a la moción que impulsaron; al mismo tiempo que defendieron el sustento jurídico de ambas.