Gobierno critica indicación sobre “legítima defensa privilegiada” y advierte que utilizará “herramientas constitucionales” si es visada en el Congreso

Luego de que esta tarde se aprobara en la Cámara de Diputados el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, incluyendo la polémica indicación sobre la “legítima defensa privilegiada”, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que el gobierno utilizará “todas las herramientas que nos otorga la Constitución” para velar por el cumplimiento del estado de derecho en el país.

En este sentido, indicó que la posición del gobierno “dice relación con los pilares sobre los cuales se ha construido el estado de derecho en Chile y que, en alguna medida, lo aprobado hoy pone en duda”.

Al respecto, Elizalde destacó que “en Chile, la violencia entre particulares está prohibida, en Chile no hay espacio para la autotutela y la justicia por mano propia, en Chile un conflicto jurídico lo resuelven los tribunales y el monopolio de la fuerza está radicada en las instituciones públicas, particularmente las policías”.

“Por eso nos parece que lo aprobado hoy sin duda es una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico, y, por eso, el gobierno (...) va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”, agregó el secretario de Estado.

Sus declaraciones van en la línea con lo expresado el pasado 11 de agosto por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que la llamada Ley de Usurpaciones fuera aprobada en general por la Cámara de Diputados. En ese momento, la autoridad no descartó recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de que la iniciativa continuara su avance en el Congreso.

“No descartamos ninguna herramienta. Lo que decimos es que no vamos a tolerar que se legisle para promover el enfrentamiento entre civiles”, indicó en ese entonces el subsecretario del Interior.

Este martes, la Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, por lo que ahora la iniciativa vuelve al Senado para su tercer trámite constitucional.

En el debate en sala de la Cámara Baja intervino la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, cuestionando la disposición de “legítima defensa privilegiada”, que incorporó la oposición y permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia”, según aseguró, sus terrenos ocupados.

“Habilita a causar cualquier daño al autor del delito. Esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se pueda actuar en cualquier plazo, se puede recurrir a terceros y se puede causar cualquier daño. Si eso no es autotutela, si eso no es ley de la selva...”, planteó la ministra.

“El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, sostuvo Tohá.

En la votación en particular del artículo, fue aprobado por 73 votos a favor, 63 en contra y cinco abstenciones.