Este lunes, el Consejo Constitucional votará las 210 observaciones al proyecto de nueva Carta Fundamental que la Comisión Experta aprobó la semana pasada. Los consejeros tuvieron tres horas de discusión en la mañana y empezaron a sufragar a las 15.45 de la tarde.

Las enmiendas se aprueban con 30 votos y se rechazan con 33. Todo lo que no obtenga esa cantidad de sufragios será derivado a una comisión mixta integrada por seis expertos y seis consejeros.

Entre las materias a visar o descartar, están algunos de los cambios que generaron controversia tras las votaciones de los expertos. Entre ellas, las normas de objeción de conciencia personal e institucional y la del fin del pago de las contribuciones a la primera vivienda.

Ambas indicaciones fueron suprimidas del borrador la semana pasada, pero podrían regresar al texto en caso de que así lo decidan los consejeros.

El debate previo a la votación estuvo marcado por emplazamientos entre las fuerzas que componen el órgano redactor: distintos llamados por parte de consejeros de derecha a rechazar algunas observaciones de los expertos, además de muestras de preocupación de la izquierda por los nudos que no alcanzaron mayores acuerdos.

En ese sentido, el comisionado Domingo Lovera (RD) señaló que “si uno mira las regulaciones que acompañan los grandes titulares que las derechas se han encargado de diseminar, podrá advertir que se trata de anuncios huecos y, en el peor de los casos, tramposos”. Ejemplificó con las normas que establecen que Chile es un Estado social y democrático de derecho, la protección a la vida “de quien está por nacer” y que toda persona menor de 18 años es “niño”.

“El artículo primero, con una redacción que avergonzaría incluso al más descuidado, declara que Chile es un Estado social. Pero luego, cuando se miran los derechos a la seguridad social y a la salud, se advierte que las cosas se dejan tal y como están hoy, o se radicalizan en el caso del modelo subsidiario de pensiones y seguridad social. Ni la Constitución de 1980 se atrevió a tanto”, aseveró.

Y agregó que “quienes han insistido en que nada cambiará para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres guardan silencio, en cambio, sobre la norma en materia de infancia. Ya llamarla ‘materia de infancia’ es un piropo, porque en verdad se trata sobre una norma de los derechos de padres respecto de sus hijos. ¿La trampa? El no querer reconocer expresamente, lo hacen solo veladamente (…), que desean mezclar la discusión moral, respecto a desde cuándo hay vida, con la jurídica, cuando hay una persona titular de derechos fundamentales”.

Por su parte, el consejero Ricardo Ortega (Partido Republicano), dijo que -en la última etapa del proceso- “no voy a convencer a la bancada frente de nosotros (oficialismo) a que vayan con nuestras ideas, sino que simplemente a aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, y nosotros vamos a ceder todo lo posible, así es por ejemplo en el tema de la justicia militar”.

“Yo quería, en lo personal, que cuando hubiese estado de excepción se protegiese a los militares bajo un esquema de justicia militar, pero como esto se transformó en un problema entre la justicia ordinaria y la justicia civil, hemos decidido no seguir con el tema (...). Así que nos tendremos que comer el sapo por el bien de Chile. (...) Yo los llamo a no hacer de esto un tema ideológico , a mantener posiciones, porque no nos vamos a poner de acuerdo”, aseguró.

Durante sus intervenciones, incluso, algunos ya adelantaron su postura en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Así lo anunció el único consejero electo de los pueblos originarios, Alihuén Antileo, quien se mostró decepcionado por no haber llegado “a los acuerdo que pensábamos que íbamos a llegar”. En particular, por la no realización de una consulta indígena en el proceso, no ostentar más escaños y no haber tenido representación en la Comisión Experta.

En ese sentido, Antileo llamó a los pueblos originarios a votar ‘En Contra’: “Básicamente el principal objetivo era ampliar los derechos de los pueblos indígenas y establecer o avanzar en un Estado social y democrático de derecho. Creo que los hechos demuestran que no se avanzó en ese ámbito y, por lo tanto, no puedo sino recomendar a los pueblos indígenas de Arica a Punta Arenas, a los 11 pueblos reconocidos por ley, de que esta propuesta constitucional que va a emanar en la próximas semanas no debe ser aprobada. Recomiendo que esta propuesta sea rechazada por los indígenas de Chile, ya que no nos incluye”.

El comisionado Hernán Larraín (UDI), en tanto, emplazó a los miembros del órgano a evitar “juicios precipitados” antes de tener el texto final y defendió el trabajo de los expertos. “Yo creo que la Comisión Experta mejoró aspectos que habían sido definidos por este Consejo. Fue un trabajo compartido, consensuado, para lograr poner puentes que acercaran posiciones. Ojala que se mantenga lo mas posible lo que ahí se hizo”, sostuvo.

“Creo que es el tiempo de hacer el último esfuerzo y de ofrecer con humildad el trabajo que hemos podido hacer, que no es quizás el que estaba en nuestros sueños, pero es el que de manera realista hemos logrado hacer. Creo que es, en lo sustantivo, mejor que el texto vigente. Ahora, quizás la izquierda piense que es mejor el texto vigente y quiera llamar en diciembre a votar por mantener la Constitución del 80. Créanme que seria una gran paradoja”, sugirió.

A las 13.40 de la tarde se dio por finalizada la etapa de debate y a las 15.40 se retomó la sesión para someter a votación las observaciones.