“Es turno del planeta”: segundo debate presidencial telemático abordó la crisis climática y propuestas de los candidatos en materia medioambiental

Faltan solo 16 días para las elecciones presidenciales y en ese marco esta mañana los aspirantes a La Moneda participaron de “Es turno del Planeta”, el segundo debate telemático tras la confirmación del test PCR positivo del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Eduardo Artés (Unión Patriótica) conversaron sobre temas relacionados al medioambiente y la ciencia, en una instancia que además fue impulsada por Juventudes COP Chile, Escazú Ahora y comunidad CON-CIENCIA.

Respecto a los otros candidatos que no asistieron al debate, Gabriel Boric apuntó a las molestias asociadas al Covid-19, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) no quiso participar y Franco Parisi (Partido de la Gente), a pesar de que hasta las 18:00 horas había confirmado su asistencia, solicitó enviar un representante, lo que fue negado por la producción.

“Se ausenta de todos los debates medioambientales y aquí es donde más diferencias tenemos, particularmente en su rechazo a que se realizara la COP en Chile”, dijo Sichel sobre la inasistencia de Kast. Por su parte, ME-O comentó: “lamentar la ausencia de un candidato que practica y fomenta la violencia. Es violento negarse a ir a un debate sobre el medioambiente, es violento con el mundo y con Chile.”

La primera pregunta que se realizó a los candidatos fue en qué año cerrarían todas las termoeléctricas del país y, además, si establecerían planes de compensación desde un punto de vista de salud, medioambiente y empleabilidad para aquellas personas que habiten en esas zonas.

La senadora Yasna Provoste fue la primera en contestar y señaló: “hemos establecido el cierre el año 2035 y obviamente que también con el establecimiento de impuestos verdes para poder generar las medidas que permitan sacar adelante los planes de recuperación social, ambiental en la zona mal llamada de sacrificio”.

“Vamos a acelerar las inversiones en energías renovables, vamos a impulsar energía solar para fines térmicos, nos hemos comprometidos con un millón de techos solares y vamos colocar también el foco en nuestros jardines infantiles para reducir la exposiciones a la contaminación en la primera infancia”, agregó, y sobre el financiamiento de los techos solares aseguró que “está absolutamente financiado en nuestro programa de gobierno. En el costeo total del programa es de 5 puntos del producto interno bruto”.

El expresidente del BancoEstado también apuntó al año 2035. “Pero si logramos acelerar en parte lo que dice nuestro propio plan de Gobierno, que el 50% de la matriz al 2030 sea de energías renovables no convencionales, vamos a poder sacar antes todas las plantas termoeléctricas”, afirmó.

El candidato fue consultado, por la periodista Andrea Obaid, sobre un proyecto que está en el Congreso que apunta a cerrar las termoeléctricas en el 2025, ¿por qué, entonces, no regirse por esa fecha?

“Porque necesitamos reemplazar la energía sino el costo lo pagan las familias, porque alguien va a pagar el costo el costo adicional de la generación energética y, por lo tanto, lo que hay que hacer es acelerar rápido la transformación de las plantas (...) si tu no logras instalar las plantas de energía renovable no convencionales en paralelo el costo de la energía se le va a disparar a los más pobres”, argumentó.

En tercer lugar, el profesor Eduardo Artés indicó que “nosotros estamos por la energía eólica solar y nuclear, para esto tomaremos todas las medidas a partir de lo que es la empresa nacional, pero también con participación internacional”.

Enseguida añadió que, quien salga electo, no puede tomar medidas a largo plazo. “Nosotros no vamos a estar más de un año en el en el Gobierno dado el hecho que va a entrar una nueva Constitución”, sentenció.

Por último, el candidato del PRO sostuvo que “10 años no parece un plazo prudente, ojalá antes, la constituyente tendrá que colaborar y el primer mundo tendrá también que ayudar al tercer mundo y a los vía en desarrollo a resolver anticipadamente esto. Chile no podrá resolver esto solo si no es con un plan coordinado”.

Otro de los temas que se abordó en el debate fue el proyecto minero Dominga, el que ha estado en el ojo del huracán tras la revelación de los llamados “Pandora Papers” por un eventual conflicto de interés del Presidente Sebastián Piñera en el marco de la compraventa del proyecto, lo que incluso produjo el ingreso de una acusación constitucional contra el mandatario.

En ese escenario, los abanderados fueron consultados por si, en un eventual gobierno, suspenderían sus tramitación ambiental.

Enríquez-Ominami fue el primero en contestar de forma tajante: “sí, y que se vaya Sebastián Piñera porque él es el problema”. Artés lo respaldó y aseguró que también suspendería la tramitación: “absolutamente y que no solamente que se vaya, como dice Marco, sino que vamos a ver la manera que sea procesado y detenido como corresponde”.

Por su parte, Sichel puntualizó que “estoy en contra del proyecto y lo he dicho varias veces, creo que es inviable un proyecto que afecta así la biodiversidad construyendo dos puertos en una instancia así y espero que la institucionalidad ambiental lo rechace pero tampoco actuemos de reyes, hay un sistema jurídico que uno tiene que garantizar”.

La exministra de Educación también suspendería el proyecto y recalcó que “estoy en contra del proyecto minero Dominga, no ahora que soy candidata presidencial, me tocó participar y lo hice activamente en la comisión investigadora de Dominga el año 2017 cuando fui diputada y señalo que la aprobación que le ha dado la institucionalidad ambiental es espuria, carece de absoluta legitimidad”.

El Acuerdo de Escazú también fue materia de conversación en relación a la justicia ambiental y al resguardo de los activistas medioambientales.

Este acuerdo apunta a facilitar el acceso a la información y a promover la participación ciudadana en políticas de este tema en América Latina y el Caribe. Además, fue promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e impulsado por Chile y por Costa Rica en el año 2018, tras cuatro años de negociaciones.

En ese sentido, ME-O que “(vamos) a suscribir al acuerdo de Escazú, generar las condiciones para la información con la justicia ambiental para proteger a los denunciantes, como lo hicimos en La Ligua junto a Rodrigo Mundaca”.

“Una de las prioridades que a nosotros nos ha importado mucho establecer en nuestro programa de gobierno es fortalecer la participación de la ciudadanía desde un enfoque de derechos humanos, siguiendo los especiales estándares que tiene el Acuerdo de Escazú que a nosotros también hemos comprometido restablecer en nuestro país”, consignó Provoste.

El exministro de Desarrollo Social subrayó que firmaría Escazú y, en esa línea, sostuvo que “parte importante de la crisis que tenemos con grandes empresarios en Chile es que no han tenido la capacidad de adaptarse en el siglo XXI donde la gestión del entorno es clave para seguir hacia adelante, primero empresas en conflicto con su entorno no son sustentables en el medioambiente en términos económicos y segundo el Estado tiene que obligar a que esas gestiones en el entorno sea vital, por eso Escazú es tan importante firmarlo porque efectivamente la democratización de la participación local hace efectiva esa relación”.

Finalmente, el profesor Artés si bien está de acuerdo en firmar el acuerdo puntualizó que no es suficiente. “Hay que tener cuidado con esto de estar firmando o no tratados, estamos de acuerdo, lo vamos a firmar, pero no es suficiente. En 1964 Chile firmó un tratado contra el avance del desierto a nivel internacional y miren cómo avanza el desierto. Firmar y firmar no es suficiente”, concluyó.