Escaños reservados: Comisión Mixta aprueba registro especial para identificar a votantes

Por siete votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra del diputado independiente René Saffirio, la comisión mixta que revisa la reforma constitucional para fijar escaños reservados en la convención constitucional aprobó la noche de este lunes un mecanismo de identificación para los pueblos originarios.

La fórmula fue aprobada con votos de los oficialistas Luz Ebenspeger (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Gonzalo Fuenzalida (RN) y los opositores Alfonso De Urresti (PS), Matías Walker (DC) y Leonardo Soto (PS). Mientras que se abstuvieron los senadores Pedro Araya (Independiente-PPD) y Francisco Huenchumilla (DC).

El texto refrendado -que se redactó sobre una enmienda presentada por Huenchumilla, pero que fue modificado en acuerdo entre RN y el PS- establece que “para los efectos del ordenamiento del proceso”, será el Servicio Electoral quien “identificará a los electores indígenas en el padrón a que se refiere el artículo 33 de la ley 18.556” sobre la base de diversos registros.

Entre ellos, la norma aprobada detalla “el Registro Nacional de Calidades Indígenas; datos administrativos que contengan los apellidos mapuche evidentes conforme a lo establecido en la Resolución Exenta respectiva del Director de la Conadi; la nómina de apellidos indígenas de bases de postulantes a programa becas de indígenas -básicas, medias y superior- desde el año 1993; el Registro Especial Indígena para elección de consejeros indígenas de la Conadi; el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas y el Registro para la elección de comisionados para la comisión de desarrollo para la Isla de Pascua”.

Dicha nómina, según detalla la propuesta que debe ser ratificada ahora por ambas cámaras del Congreso, deberá ser publicada por el Servicio Electoral hasta 60 días antes de la elección del 11 de abril. La indicación aprobada por la instancia, fija además quiénes podrán sufragar en el padrón indígena.

“Podrán votar los ciudadanos y ciudadanas identificados por el Servel como electores indígenas; los ciudadanos y ciudadanas que no apareciendo en dicha nómina, se identifiquen como tales previamente al día de la elección, obteniendo una autorización del Servicio Electoral por: 1.- acreditar su calidad de indígena mediante un certificado de la Conadi que demuestre su calidad de tal; o 2.- una declaración jurada, elaborada por el Servel”, detalla el texto. Dicha declaración, agrega, podrá ser validada ante notarios, secretarios municipales, oficiales del Registro Civil, de la Conadi o directamente ante el Servel ya sea por vía presencial o con Clave Única” y tendrán que ser entregadas hasta 45 días antes de la elección. El padrón, en todo caso, no será vinculante con el número de escaños a elegir.

Saffirio, el único parlamentario que rechazó la propuesta, la calificó como “racista”, mientras que sus pares de la centroizquierda que la aprobaron defendieron que era un mecanismo intermedio entre el criterio de autoidentificación -que fue impulsado por ese sector inicialmente- y la postura de Chile Vamos, quienes planteaban la necesidad de elaborar un padrón especial. “Este set lo ganó el oficialismo”, dijo tras la votación el senador Jaime Quintana (PPD).

Antes de que el texto se sometiera a votación, en tanto, Chile Vamos cedió en eliminar un inciso que hacía referencia al Código Penal en el caso de quienes falsearan la declaración jurada.

Durante la madrugada, los integrantes de la comisión seguían debatiendo sobre las dos materias que han sido calificadas como las más complejas de la discusión: el número de escaños que se van a asegurar y si estos serán adicionales o imputables a los actuales 155.

En ese sentido, desde Chile Vamos insistieron en su propuesta de agregar 15 cupos no adicionales. Argumentaron, en esa línea, que no modificar el número total de convencionales implica reeditar el acuerdo del 15 de noviembre y, por tanto, el mandato ciudadano del plebiscito del 25 de octubre.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), advirtió, de hecho, que de aprobarse una norma que implique un aumento en el número de escaños esta tendría que ser aprobada por 2/3 y no 3/5 y terminaría siendo analizada por el Tribunal Constitucional. Además, acusaron a su contraparte de estar con la “calculadora en la mano”.

Por su parte, la oposición insistió, en distintas propuestas, entre 18 y 20 escaños, mitad imputables a los 155 y el resto adicionales a la convención. Para viabilizar cualquiera de esas fórmulas ninguna de las partes tiene los votos necesarios para aprobarlas en sala, por lo que la necesidad de un acuerdo -admitían los legisladores- era una “obligación”.