Acuerdo de Escazú: Ceremonia de firmas se realiza esta semana y Chile mantiene en duda su adhesión

"Siempre hay una apertura".

Aunque no es la primera vez que el Presidente Sebastián Piñera es consultado sobre la opción de que el gobierno suscriba al pacto medioambiental de Escazú, sí es la primera vez que deja la puerta entreabierta para esa alternativa. Así al menos lo dejó ver ayer el Mandatario en una ronda de prensa en el marco de su visita a Nueva York por la Cumbre de Acción Climática y la 74° Asamblea General de Naciones Unidas.

La consulta sobre la posible firma llegó a pocos días de que se realice una ceremonia en el Treaty Event Area, del edificio de la ONU, en el que las autoridades de los países de América Latina y el Caribe podrán suscribir o ratificar su permanencia en el tratado que busca dar garantías a las personas que requieran información ambiental y acceder a la justicia cuando sus derechos hayan sido vulnerados.

Lo que se buscará el próximo 26, de hecho, es que los 17 países que ya firmaron el pacto -en su mayoría el 27 de septiembre de 2018- confirmen su suscripción pero que, además, otros se incorporen. Y es que para que entre en vigencia al menos once naciones deben ratificarlo antes de septiembre de 2020: hasta el momento solo lo han hecho Guyana, Bolivia y Uruguay.

La adhesión de Chile ha estado en consulta desde el año pasado según ha dicho la Cancillería debido a los alcances que podría traer el pacto a la hora de resolver conflictos internacionales.

Y el análisis continúa: "como Presidente yo tengo que firmar los acuerdos cuando sean buenos para Chile. Y estamos trabajando para que este acuerdo, con algunas observaciones y reservas, pueda ser un buen acuerdo para Chile (...) Este acuerdo tiene algunos problemas que tienen que ser resueltos antes de que Chile lo firme, por ejemplo, problemas de cesión de soberanía o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación".

Pese a esto, y como ya ha sido argumentado en otras oportunidades por el Ejecutivo, Piñera aseguró que todos los puntos que se contemplan en el Acuerdo de Escazú, ya se encuentran en la legislación local.

Para el director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, que se encuentra en las actividades climáticas en Nueva York, "en más de un año de estudios, el gobierno no ha dado razones reales para no firmar, ni tiene ningún estudio al respecto. Chile no cumple los estándares de democracia ambiental y el Acuerdo no pone ningún riesgo sobre la soberanía territorial del país".

En cambio, agregó, "empodera a las comunidades para tener una relación más horizontal con el poder político y económico y cuidar el medio ambiente. Eso es clave para una democracia funcional y también para abordar los desafíos de la protección ambiental."

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Foto: Freepik[/caption]

La no firma del gobierno es algo que no ha pasado desapercibido en el mundo ambientalista ni tampoco dentro de las mismas autoridades de la Cepal que se encuentran detrás de las negociaciones.

En agosto pasado, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, manifestó a La Tercera que el acuerdo plasma las prioridades de la región y que se trata de algo fundamental para abordar los desafíos ante el cambio climático. En ese sentido, agregó, "esperamos contar con Chile entre el grupo de países que estén mostrando su compromiso con el desarrollo sostenible, la democracia ambiental y los derechos humanos y nos acompañe en esta oportunidad".

Las declaraciones de la líder de Naciones Unidas en América Latina vinieron semanas después de que distintas ONG enviaran una carta a autoridades mundiales solicitando que se ejerciera una mayor presión para que Chile cediera a la firma.

"Chile se sitúa en una incómoda posición de incumplimiento del mandato que le confiaron los países, consistente en liderar este acuerdo hasta su primera Conferencia de las Partes. Por cierto, esto pone en entredicho la capacidad del gobierno de Chile para presidir las negociaciones de cambio climático", decía el escrito.

La posición de Chile ha sido cuestionada, además, porque durante cuatro años lideró las negociaciones en torno al pacto. Si bien, las conversaciones se iniciaron bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, a mediados del 2018 se publicó en el sitio web de la Cancillería (bajo el gobierno del Presidente Piñera) un llamado a los países de la región a poner la firma en el tratado que definían como "un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental".

Pese a eso, 24 horas antes del día en que todo debía concretarse, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que no participarían en la ceremonia.

Lo que se supo más tarde es que la decisión del Ejecutivo se basó en el segundo párrafo artículo 11 del Acuerdo de Escazú que señala que "las partes prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe". Ese punto, aseguraban desde el gobierno, hacía directa referencia a Bolivia y Paraguay, y que en ese contexto, se debía actuar con cautela.

También se explicó que la determinación se justificó por la entrega de atribuciones al tribunal de La Haya que aparece en el artículo 19, en el que se señala que una fórmula para resolver diferencias entre los países será "el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia".