Ex presidente del CADP: "El remedio es peor que la enfermedad"

"Me parece que se está sentando un mal precedente".

Así, el ex director del Servicio Civil y ex presidente del Consejo de Alta Dirección Pública (CDAP) Carlos Williamson se refirió a los últimos fallos de la Corte Suprema en que determinó, por un lado, el carácter indefinido de las relaciones contractuales de más de dos años con personal a contrata y que, por otro lado, unificó criterios con funcionarios a honorarios.

En esa línea, el ex vicerrector de la Universidad Católica puntó a que en los contratos a contrata y honorarios hay flexibilidad, y que si bien se requiere dar mayor estabilidad a los trabajadores, calificó la decisión del máximo tribunal como un retroceso. "Los fallos mencionados están estableciendo inamovilidad, lo que es muy malo".

Williamson dijo no tener dudas en que se debe legislar para que los empleados públicos tengan condiciones laborales dignas que permitan su desarrollo profesional, no obstante, indica que "eso supone que la evaluación de su desempeño debe ser justa y debe permitir que se evalúe su rendimiento. Hoy nada de eso ocurre con la calificación".

Para el académico -quien asumirá hoy la rectoría de la Universidad San Sebastián-, el sistema de calificación actual "protege a funcionarios que no responden con calidad a su trabajo", lo que genera inamovilidad en las plantas.

"Estamos tratando de resolver el problema de la precariedad de esos cargos a contrata con una solución o remedio que es peor que la enfermedad", añadió.

Williamson entregó su alternativa frente a la situación, planteando que "hay que ir a una sola categoría de empleo público flexible, bien remunerado, pero donde la posibilidad de desvinculación por bajo rendimiento sea posible".

Además, Los dos fallos del máximo tribunal dejaron abierta la interrogante respecto de si las desvinculaciones obligan al gobierno a tener que pagar retroactivamente cotizaciones, indemnizaciones y la compensación de feriados.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, sostuvo "que esto se viene consolidando al menos desde fines del año 2014, donde por primera vez la sala laboral unificó algunas cuestiones sobre aplicación del estatuto privado o laboral a los funcionarios a contrata y a honorarios en distintos de servicios públicos (...). La administración, el Ejecutivo y los poderes colegisladores tienen que tomar el toro por las astas en esta materia".

Asimismo, el representante de los jueces manifestó que en adelante se debería mantener este criterio, pues la Corte Suprema unifica. "Los casos similares debieran resolverse de la misma forma (...); es una forma de contratación jurídicamente incorrecta", sentenció.