Fallo de La Haya: la reivindicación del enfoque jurídico

"Todo indica que nuestra prudencia ha sido malinterpretada. Si no denunciamos el carácter transgresor de la Constitución boliviana, si no advertimos que la soberanía se defiende con todos los recursos legítimos del poder (...), es muy posible que los jueces hayan interpretado nuestra prudencia como debilidad política". Ese es uno de los párrafos de una carta que difundieron a inicios de septiembre los diplomáticos José Rodríguez Elizondo y Gabriel Gaspar junto al exembajador Eduardo Rodríguez Guarachi y al excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta.

El texto también planteaba que "anunciar el retiro del Pacto (de Bogotá) solo será inoportuno para quienes no conciben ningún tipo de viraje en nuestra política exterior o creen que Bolivia se resignará ante un fallo adverso", junto con señalar que anunciarlo desde ya no solo es oportuno, sino necesario para quienes saben que la diplomacia no se reduce al derecho, que este es solo parte de la estrategia del gobierno boliviano y que las resoluciones sobre temas de soberanía son decisiones políticas".

La misiva, pero, sobre todo, el énfasis político que se planteaba ahí ha sido apoyado también por otros personajes públicos que cuestionan la estrategia utilizada por Chile para enfrentar temas como, precisamente, el juicio con Bolivia que llegó a su fin. La postura marca un contraste con el énfasis jurídico que se puso en el caso por parte del equipo que lidera el agente Claudio Grossman, línea que, con la decisión de la Corte de La Haya, salió victoriosa. Al menos, esa es la lectura que se hizo en la delegación tras lo que, en el mismo equipo, fue calificado en privado como un resultado sumamente sorpresivo y fuera de todo cálculo.

De ese enfoque han sido impulsores -además de Grossman- los coagentes María Teresa Infante y Alfonso Silva, además del asesor principal del equipo, Alberto van Klaveren. Junto a ellos, algunos mencionan a la subsecretaria de RR.EE., Carolina Valdivia, quien antes fue coordinadora ejecutiva del equipo, y al asesor internacional del segundo piso de La Moneda, Benjamín Salas, a quien algunos en el equipo califican como un abogado "brillante". En el gobierno, además, dicen que Salas ejerce como enlace permanente entre la Cancillería y el Presidente Sebastián Piñera.

Altas fuentes de La Moneda, asimismo, aseguran que este diseño responde, además, a lo razonable para un "país pequeño" que, por lo tanto, tiene un "soft power", como lo califican. Así, las mismas fuentes agregan que eso obliga a "descansar" mucho en el aspecto legal, más que en el político-comunicacional. Y añaden otro elemento: la designación de Valdivia como subsecretaria de RR.EE. es, justamente, una señal de La Moneda sobre el énfasis que se busca. Esto, debido a que ella fue previamente la directora jurídica de Cancillería.

En este contexto, miembros del equipo señalan que el tribunal no entró en ningún momento en un planteamiento sobre si la diplomacia está por sobre el derecho internacional, lo que -indican- contradice la tesis de los cuatro firmantes de esa carta y de quienes, públicamente, piden que Chile apele a elementos más políticos y endurezca su posición frente a Bolivia. "Nos acusaban de ser ingenuos", dice uno de los tantos expertos que han participado en este caso.

Quienes han trabajado en el juicio añaden que, en un momento, se discutió internamente algunos de estos énfasis, pero que la línea mayoritaria fue optar por apostar al énfasis jurídico, aunque sin excluir otros elementos. Así, se planteó -dicen en el equipo- seguir una "línea de raciocinio" que vinculaba los distintos antecedentes de los acercamientos que ha habido entre Chile y Bolivia, conectando un hecho con otro y logrando que eso fuera "jurídicamente sólido e históricamente incontrastable".

Ese elemento -afirman- fue impulsado por Grossman, Infante y Silva: en concreto, presentar en el caso los intercambios que han existido con Bolivia, pero que ese país desechó, junto con enfrentar los documentos históricos pensando desde el punto de vista de un juez, no de un diplomático. Esto, versus un potencial énfasis político que hubiera implicado "deconstruir" la historia y plantear -comentan- que "no ha existido nada" entre ambos países. "La corte toma documentos que tienen una fuerte impronta diplomática y política, pero tiene la obligación de ver dónde está el efecto jurídico de esos documentos", dice a La Tercera, consultada al respecto, la coagente Infante. En la misma línea, Van Klaveren sostiene que "se había instalado en Chile un escepticismo sobre la posibilidad de litigar ante la corte y sobre la posibilidad de ganar un juicio". Y agrega: "Nuestro equipo nunca se dejó arrastrar por ese escepticismo y logramos convencer a la corte".

En contraste, los defensores de la necesidad de un trabajo más político apelan al hecho de que si bien Chile obtuvo un triunfo, sostienen que la tensión con Bolivia por la aspiración marítima de ese país seguirá, algo que plantea un desafío para el gobierno chileno (ver páginas 10-11), sobre todo tras la interpretación que le dio Evo Morales a uno de los párrafos de la sentencia.