Filtraciones en causas penales: fiscal nacional apunta a “equilibrio” entre transparencia y protección de la información

El fiscal nacional Ángel Valencia, en el marco de su asistencia a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se refirió a las medidas que está adoptando el Ministerio Público para garantizar la seguridad de la información en investigaciones penales.

La participación de la máxima autoridad del organismo en la instancia se da en medio de las polémicas que se han instalado debido a filtraciones de causas penales, entre ellas del caso Monsalve y de la denuncia en contra del Presidente Gabriel Boric.

Ante los parlamentarios de la comisión, Valencia señaló: “Las acciones que hemos desplegado junto al proceso de revisión permanente nos permite garantizar o asegurar de la mejor manera no solo la protección, sino que también, más importante, la trazabilidad del uso de la información, estableciendo responsabilidad directa en caso de vulneraciones”.

En ese sentido, apuntó que en los casos en que eventualmente han existido filtraciones de antecedentes de causas penales o acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público, “se han abierto las correspondientes investigaciones penales o administrativas para establecer la responsabilidad penal o disciplinaria, según corresponda, nombrándose incluso a fiscales regionales a cargo de las respectivas causas penales seguidas por el delito que resulta imputable en dichas situaciones”.

A la vez, el fiscal nacional destacó que “muchas de las vulneraciones a nuestros sistemas de seguridad de información han sido detectadas como consecuencia de las medidas que hemos adoptado”.

“Yo entiendo que tengan mucha relevancia o mucho interés cuando abrimos investigación administrativa porque estamos detectando violaciones de seguridad a la información, pero las estamos detectando porque ahora tenemos sistemas que nos permiten detectarlas”, reforzó.

Con todo, planteó que la experiencia comparada les ha ofrecido valiosas lecciones, entre ellas, que “la transparencia y la protección de la información no son excluyentes”, pero que tienen “que equilibrarse mediante mecanismos normativos que sean claros y rigurosos”.

A continuación, dio a conocer algunas propuestas legislativas emanadas desde el Ministerio Público. “En primer lugar, planteamos la modificación del artículo 260 del Código Procesal Penal para permitir que el fiscal, con autorización judicial, pueda restringir el acceso a información sensible cuando exista riesgo para la seguridad pública, la privacidad de las personas, la protección de sujetos procesales o la eficacia de las investigaciones”.

En segundo término, Valencia expresó que resulta importante que la normativa “establezca criterios claros para diferenciar qué información puede ser entregada a las partes, asegurando siempre el derecho de defensa, pero sin comprometer la integridad de la investigación ni la seguridad de las personas involucradas”.

La máxima autoridad del Ministerio Público, en tercer lugar propuso “la tipificación del delito específico de divulgación indebida de información investigativa”.

Así mismo, recalcó que la propuesta “no busca restringir el derecho a la información, ni limitar la transparencia del proceso, ni mucho menos el trabajo de la prensa”, sino que “proteger la confianza en el sistema de justicia y el debido proceso, fortalecer la acción penal, y garantizar que las investigaciones puedan desarrollarse de manera eficaz y segura, respetando siempre los derechos de las víctimas, testigos y todas las partes involucradas”.