Fiscal Juan Agustín Meléndez y Consejo Superior aprobado en la Convención: “Se invita a la politización del Ministerio Público”

La Comisión de Sistemas de Justicias finalmente aprobó y despachó el último informe de su bloque temático. En este los convencionales confirmaron que la fiscalía -de aprobarse el nuevo texto constitucional- dejará de ser una institución dirigida de manera unipersonal y será gobernada por un órgano colegiado.

Anteriormente, la misma comisión había aprobado eliminar la figura de fiscal nacional, sin embargo, esto fue rechazado por el pleno. Una vez que el informe retornó a la instancia para ser corregido, los convencionales aprobaron nuevamente esta figura, pero con atribuciones reducidas.

Ante esta discusión, los 19 fiscales regionales enviaron una carta al pleno de la Convención. Además, escogieron al persecutor jefe de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, y a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, como sus representantes frente al tema. En una entrevista con La Tercera, Meléndez aborda las principales críticas desde el Ministerio Público ante lo aprobado, así como también los cambios que, a su juicio, debieron introducirse al órgano persecutor.

Ustedes desde el Ministerio Público han mostrado su rechazo a que se elimine la figura del fiscal nacional. ¿Por qué?

Observamos que con esto se producen ciertos fenómenos que van a burocratizar al Ministerio Público, lo van a tornar más lento en las tomas de sus decisiones. Y criticamos bastante porque se trata de cambiar el diseño del Ministerio Público por una figura que es un órgano colegiado y ya no sería un fiscal nacional. Ya que existe una opinión transversal, creíamos que iba a ser recogida por la Comisión de Justicia. Existe una corriente absoluta de personas que son idóneas en la materia, que saben cómo funciona un Ministerio Público, y se ha dicho que no existe en el mundo un órgano que sea dirigido de esta forma y que, en definitiva, en lo único que se traduce es en que se diluyen las responsabilidades.

¿Y cuál sería el riesgo de aquello?

El riesgo que se está corriendo es de diluir absolutamente las responsabilidades, cuando uno siempre ha escuchado en los últimos años es que debe haber un fiscal nacional que se pueda hacer factible sobre su persona la responsabilidad frente a sus actos. Y acá en vez de buscar esa solución, y estar a la par con el mundo occidental, se hace algo distinto, que es diluir esta responsabilidad y se ve la politización del Ministerio Público frente a este órgano colegiado que lo dirigiría.

¿Es un mal diseño el que está haciendo la Convención en torno al Ministerio Público?

Lo que nosotros decimos no es sobre si es un mal diseño. Lo que estamos sosteniendo es que se afecta el diseño del Ministerio Público, tenemos un diseño estructurado en base a una institución jerárquica. Actualmente el diseño descansa absolutamente en su autonomía, ahora sería dirigido por un órgano superior que va a invitar a la politización del Ministerio Público. Entonces se lesiona el diseño, porque ya la autonomía empieza a tiritar.

¿Por qué se politizaría?

La autoridad superior del Ministerio Público estaría a cargo de tres fiscales que van a ser designados por sus pares. Eso generaría, como en toda elección, una campaña. Habría un funcionario elegido por sus pares, también con campaña. Los otros tres miembros son designados previa elección de la Alta Dirección Pública y votados por el Congreso, o sea, la política. Por lo tanto, si usted me pregunta del diseño, se atenta contra el diseño del Ministerio Público porque se invita a su politización derechamente.

La comisión repuso la figura de fiscal nacional, pero la dejó muy limitada y compartiendo la dirección con un órgano colegiado. ¿Qué le parece ese diseño?

Yo partiría respondiendo a esta primera parte su pregunta: aquí no se repone la figura del fiscal nacional. Lo que sucede acá es que se cambia la denominación de presidente del Consejo Superior del Ministerio Público por la de fiscal nacional. El informe que fue rechazado hace unas semanas en el pleno, y que pasó nuevamente a la comisión, es exactamente el mismo que pasó ahora. La única diferencia que hay es que hoy se dice que se llama no presidente, sino que se llama fiscal nacional, y se agrega que la dirección del Ministerio Público está a cargo de él y del órgano colegiado. Si usted ve quién tiene las facultades de la dirección del Ministerio Público, las tiene el órgano colegiado integrado también por este denominado fiscal nacional. Si usted repone la figura de fiscal nacional tendría que hacerlo con sus facultades y atribuciones.

¿Por qué cree que la comisión ha insistido en que el Ministerio Público sea dirigido por un consejo superior?

No tengo conocimiento de cuáles serán sus razonamientos mayores, salvo lo que he escuchado que se ha planteado la necesidad de que las decisiones se tomen por más de una persona. Lo que se dice, en definitiva, es que siendo más los que intervienen en la toma de decisiones, es una decisión más razonada, más pensada. Pero fíjese que eso se contradice cuando lo que se está hablando es de la dirección de un órgano que es de gestión, de un tema específico de la persecución penal, por lo tanto, un órgano colegiado solamente va dilatar la toma de decisión frente a materias que no pueden tener el soporte del tiempo como un factor que juegue en contra.

¿Cuáles considera usted que son los principales riesgos de que la fiscalía sea dirigida por un consejo?

Hay infinidades de temas que tienen que ser resueltos por un fiscal nacional. Por ejemplo, cuando se suscitan dificultades entre fiscales regionales respecto de una investigación sobre una situación penal, resuelve el fiscal nacional. Se va a tener que esperar que el órgano colegiado lo haga de oficio. ¿Quién va a representar al Ministerio Público ante las comisiones, en la coordinación de justicia penal, ante la Comisión de Seguridad Pública Nacional? Un fiscal nacional pero que no tiene atribuciones de la dirección, solo de la representación.

¿Y qué proponen ustedes?

Lo que hemos propuesto es que sea el Consejo General de Fiscales Regionales, con el fiscal nacional y que ya no sea solamente un órgano consultivo, sino que sí pueda tomar decisiones, que sea más vinculante.

Ustedes han hablado también sobre posibles problemas con el sistema de control, ¿qué significaría aquello?

La Constitución actual señala el proceso de remoción para el fiscal nacional en ciertos casos. Entonces, cuando se ha sostenido durante todo este tiempo que lo que se requiere es un mayor control, ahora no hay control.

¿Por qué?

Desaparece el control a través de la vía de la remoción. Entonces habrá un Ministerio Público con una dirección superior a cargo de un fiscal nacional y un consejo superior, pero que no son susceptibles de ser removidos. Entonces nadie puede sostener hoy en día que existe un mayor control que el que tenemos hoy. Puede ser cuestionado el sistema de control, pero existe. Y eso es una gran diferencia. Se está planteando un organismo autónomo, pero sin control en cuanto a su remoción y eso el día de mañana puede tener su consecuencia.

¿Cuáles consideran ustedes que son los cambios que requería realizar la Convención al Ministerio Público?

Nosotros insistimos, y siempre lo hemos dicho, en que tiene que existir un mecanismo de selección, de elecciones, de designación del fiscal nacional que esté dotado de legitimación social. Vale decir, que no existan dudas en cuanto a su sistema de nombramiento, que sea el más idóneo, transparente y público, con mecanismos propiamente de prohibiciones frente a futuras o posibles conversaciones previas, lobby, etc.

¿Qué autocrítica hace usted como fiscal de haber llegado a este punto, de que se haya querido reformar tanto la fiscalía?

Entendemos que necesariamente los mecanismos de selección tienen que ser perfeccionados y lo hemos dicho reiteradamente. Incluso lo dijimos en la carta a la Convención respecto del punto de los procesos de selección, que creemos que se debe tener más controles, se debe tener procesos de selección más idóneos y que se podría fortalecer la figura nacional, pero controlando absolutamente desde su inicio hasta su fin.

El fiscal Abbott dijo que no comparten en el Ministerio Público el debate constituyente, ¿eso es generalizado o es más bien una opinión del fiscal nacional?

Creemos que en el debate se están omitiendo cosas que son trascendentales, como por ejemplo, cómo se diluye la responsabilidad en vez de focalizarla en un fiscal nacional. Creemos que esa era una tarea fundamental a realizarse, hacer responsable al fiscal nacional de sus actuaciones.