Fiscal nacional por ministros Jackson y Montes: “Es posible que tengan que declarar”
Ángel Valencia, quien encabeza el Ministerio Público, dijo que la disposición de los fiscales en este caso “es hacer lo que tengan que hacer, caiga quien caiga”, y que su interés es “llegar lo más arriba, a quienes pudieron haber urdido un mecanismo, si es que ese mecanismo existió”. En tanto, titular de Desarrollo Social aseguró que "no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros”.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, volvió a abordar este martes las investigaciones que realiza el Ministerio Público en relación a las posibles irregularidades en las transferencias de dineros desde el Estado a organizaciones sin fines de lucro ligadas a Revolución Democrática (RD), partido eje del Frente Amplio, y que hizo estallar la actual crisis que enfrenta el gobierno.
La máxima autoridad persecutora mantuvo una reunión con los fiscales que investigan los casos el pasado viernes, en la que se aunaron criterios y se revisaron detalles de las indagatorias.
En entrevista con Radio Universo, Valencia fue consultado acerca de la posibilidad de que los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y de Vivienda, Carlos Montes, sean citados por el Ministerio Público en relación a los convenios, el primero por ser fundador de RD -partido cuyos militantes se han visto involucrados en los posibles fraudes- y el segundo por la entrega de las cuestionadas asignaciones directas que hizo su cartera a las fundaciones.
En el caso de la cartera de Desarrollo Social, la senadora DC, Yasna Provoste, presentó a inicios de julio una denuncia en la fiscalía por convenios entre esa cartera y fundaciones de Atacama.
“Es posible que ellos tengan que declarar”, dijo el fiscal nacional acerca de la eventual citación a los secretarios de Estado por las distintas aristas de los líos políticos.
Y agregó: “En su momento se determinará la calidad, hoy día de momento no advierto, ni he tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado de que tengan rol que permita atribuirles que tienen algún tipo de participación”.
En esa misma línea, el persecutor se refirió a la manera en que enfrentan estas indagatorias: “Solo insistir en algo que hemos dicho de manera reiterada, yo sé que es un lugar común, pero es lo que mejor describe la disposición de los fiscales en este caso: van a hacer lo que tengan que hacer, caiga quien caiga, pase lo que pase”.
“Y no nos interesa solo el último eslabón que recibió el dinero, ni el último involucrado, sino que nos interesa llegar lo más arriba posible, a quienes fueron los que pudieron haber urdido un mecanismo, si es que ese mecanismo existió”, apuntó.
Durante la tarde, y desde la Región de los Ríos, el titular de Desarrollo Social abordó las declaraciones de Valencia. “Nosotros estamos en la misma línea en todos los ministerios, que se esclarezca toda la verdad, que todas las sanciones lleguen a las personas que han sido responsables y, por cierto, hoy día, tal como lo declaraba el fiscal Ángel Valencia, no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros”, dijo, agregando que “si en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear absolutamente en ningún momento”.
Jackson también se refirió a la insistencia de algunas voces de oposición para que abandone el gabinete.
“Yo voy a seguir trabajando en los temas propios del Ministerio de Desarrollo Social siempre que tenga el mandato, ustedes saben los ministros, ministras, los seremis y otros cargos de la administración pública son de exclusiva confianza del Presidente de la República, y hoy día el Presidente lo que me ha encomendado es que me mantenga trabajando en las áreas que son prioritarias para el Gobierno”, enfatizó.
Delitos que se investigan
El fiscal nacional también fue entrevistado este martes por Radio Cooperativa, donde detalló los delitos que se investigan por los líos de platas.
El persecutor explicó que uno de estos delitos es negociaciones incompatibles: “Situaciones en las cuales la ley sanciona que exista un contrato en la que participan personas que tiene un vínculo de parentesco que no está permitido por la ley”.
También se investigan posibles malversaciones de fondos fiscales, “en los cuales un funcionario fiscal haya dispuesto de fondos que se encontraban bajo su cuidado y que haya permitido a otro robarlos”.
Otro eventual delito que se indaga -dijo el fiscal nacional- es el tráfico de influencias: “Es decir, que personas que no podían intervenir en contratos de esta naturaleza hayan tratado de ejercer influencia en otros que sí podían hacerlo para efectos de que esos contratos se dictaran”.
El lunes Valencia ya se había referido a los criterios para abrir las investigaciones por las eventuales irregularidades en estos casos.
En primer lugar, dijo que son fundaciones creadas bajo la nueva ley, que es menos exigente que su antecesora: “Son fundaciones creadas bajo la ley nueva, eso es muy importante, no se crean bajo la ley antigua, la ley antigua era mucho más exigente, la ley nueva es mucho más flexible”.
En segundo término, detalló que las fundaciones no tenían fondos destinados a la beneficencia desde su génesis: “No se aprecian estos fondos cuantiosos destinados a la beneficencia desde el inicio, parece más bien que se constituyen para construir esos fondos”.
En tercer lugar, el espíritu de las fundaciones no se relaciona con los millonarios contratos: “No siempre se condicen los propósitos de las fundaciones con los contratos que se celebran. Insisto”.
El cuarto punto señalado por el fiscal nacional se relaciona a que se trata de fundaciones muy reciente: “Existía muy poca distancia entre la celebración del contrato y la fundación”.
Finalmente, apuntó a la manera en que se destinaban las platas: “Los dineros se giran sin mayores exigencias de las boletas de garantía, de renciones de cuenta previa, de pagos parcializados, de rendición de cuentas”.
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