Fiscalía amplía investigación a parlamentarios por personal de apoyo

La causa apuntaba primero, en 2016, a los asesores externos de los diputados. Luego se amplió al mismo tipo de asesores, pero de algunos senadores. Y ahora, tras dos años de indagatoria, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, instruyó a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI diligencias en torno a otros colaboradores de parlamentarios: los contratados bajo Código del Trabajo y que se agrupan en la asignación Personal de Apoyo del Congreso. Es en esta asignación donde se alojan los más estrechos asistentes de los legisladores.

El caso asesorías, que ha mantenido bajo la lupa a todos los parlamentarios desde que la exjefa de prensa de la UDI Lily Zúñiga se autodenunciara por haber emitido boletas presuntamente falsas, tomó un nuevo rumbo. Según fuentes consultadas por La Tercera, la instrucción particular que emitió ahora el Ministerio Público -y que ya se encuentra en manos de la PDI- tiene como objetivo revisar la existencia o no de triangulaciones de dineros entre parlamentarios y asesores.

Según explican conocedores de las diligencias, la PDI ya posee un arqueo sobre colaboradores del Senado, luego de haber colaborado en la investigación del caso Corpesca, cuyo principal imputado es el exsenador Jaime Orpis. El informe policial que deberá evacuar la Bridef, según las fuentes, deberá incluir un análisis de las remuneraciones recibidas por cada trabajador que haya prestado servicios como personal de apoyo entre los años 2011 y 2016.

Según Transparencia Activa del Congreso, en diciembre de 2016, solo en la Cámara existe un registro de más de 900 colaboradores contratados bajo esta figura. En el Senado, en tanto, en la misma fecha el número de asesores pagados como personal de apoyo ascendía a casi 400 personas. Las funciones que desempeña este grupo de asesores van desde choferes, secretarias y asistentes territoriales, hasta jefes de gabinetes.

Tras estos tres años de investigación, la fiscalía ha desarrollado varias diligencias vinculadas. Entre ellas se incluye a los centros de estudios ligados a los distintos partidos políticos. Sin embargo, hasta ahora, el Ministerio Público no ha formalizado la investigación en contra de nadie. Incluso, decidió no perseverar sobre la arista que comenzó Lily Zúñiga y que involucraba a la exdiputada UDI Claudia Nogueira. La dirigenta gremialista, además, fue sobreseída definitivamente del caso.

La Tercera tomó contacto con el fiscal regional Oriente, pero este declinó referirse al alcance de la diligencia.

Una nueva normativa y un nuevo departamento especial para la entrega de asignaciones. Esas son algunas de las consecuencias que dejó la entrega de viáticos abultados a diputados detectados en los pagos de 2018.

A través de una resolución oficial, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, redestinó a 20 funcionarios para la implementación de la Subdirección de Asignaciones Parlamentarias. Si bien la creación de esta unidad estaba autorizada por el Consejo Resolutivo de Asignaciones desde 2012, solo después de que se constataran irregularidades en el pago de viáticos se terminó por designar a personas responsables de su administración.

Así, según la resolución de estos nombramientos -que no pasaron por concurso público-, la funcionaria Virginia Carmona quedará a cargo de la gestión y control de viáticos de los parlamentarios, así como de los pasajes aéreos. Ella también velará por "la buena marcha de esta nueva unidad", dice el escrito. "No significa un peso más para nadie, sino más trabajo para algunos", afirmó Landeros, quien, además, explicitó en la resolución que en seis meses más se llamaría a concurso interno para elegir a los funcionarios definitivos.