Gendarmes no sindicalizados y presos con menos libertades: Cordero detalla condiciones de nueva cárcel de máxima seguridad

Al menos dos proyectos de ley enviará el gobierno para materializar la construcción y puesta en marcha de una “cárcel de máxima seguridad” para el crimen organizado, según le informó el ministro de Justicia, Luis Cordero, a los diputados y senadores de las Comisiones de Seguridad y Constitución de ambas ramas del Congreso, en la reunión que sostuvo esta mañana.

A estas iniciativas se sumaría una tercera reforma complementaria, pero de carácter más general (no exclusiva para la cárcel de alta seguridad), que obliga a las declaraciones de patrimonio e intereses de todos los gendarmes, a modo de elevar la transparencia y las exigencias de probidad en el servicio de prisiones.

Tal como explicó el mismo Cordero, en una entrevista el domingo en TVN, estas modificaciones legales no solo tienen como objetivo agilizar el desarrollo de la obra física (que ha encontrado resistencia de vecinos y de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler), también buscan crear un nuevo sistema para operar estos recintos especiales. Ello implica también realizar ajustes legislativos para el personal de Gendarmería y para endurecer las condiciones de encierro de los internos, que, al ser parte de bandas criminales, tienen un poder económico mayor al de un preso común.

En la cita de esta mañana, Cordero le informó a los diputados y senadores uno de los proyectos buscar agilizar la construcción del recinto para evitar que surjan bloqueos de índole administrativo.

No obstante, la otra iniciativa específica para estas cárceles de máxima seguridad intentará generar un estatuto especial a los gendarmes y a los internos de estos recintos.

En el caso de funcionarios, no solo se exigirá una formación diferenciada y una cuidadosa selección, también se protegerá sus identidades y se les dará una bonificación adicional en su remuneración para tratar de neutralizar ofertas de corrupción de los presos.

Además, en el encuentro, el ministro adelantó otro cambio sorpresivo: el proyecto intentará regular que los gendarmes que trabajen en estos penales especiales no estén sindicalizados para evitar inhabilidades y choques de intereses.

“Se habló de la necesidad de que Gendarmería lleve a sus mejores funcionarios, en términos de experiencia y evaluación, con incentivos económicos (en su remuneración) que aseguren su integridad pública, porque tendrán que custodiar a personas muy ricas, con fortunas amasadas por el delito. Una de las cosas que mencionó el ministro es que los funcionarios en este régimen especial van a tener la prohibición de afiliación sindical”, explicó el diputado Leonardo Soto (PS), quien integra la Comisión de Constitución de la Cámara.

Actualmente el personal de Gendarmería, tanto civil como uniformado, puede integrar agrupaciones de funcionarios, a diferencia de otros cuerpos armados como Carabineros, la PDI o las FF.AA. La razón de ello, es que sus efectivos al tener el mandato del Estado a portar armas tienen una responsabilidad y un poder distinto al de otro funcionario público.

Este mismo proyecto de ley -que regulará al personal- también incluirá otro apartado para los internos, que tendrían que estar sometidos a condiciones de reclusión más estrictas por razones de seguridad.

“Supone un conjunto de medidas intrusivas, como la posibilidad de grabar la imagen y conversaciones en su interior”, sostuvo el ministro el domingo en TVN.

No obstante, estas restricciones también abarcarían las horas fuera de las celdas, el aislamiento y el régimen de visitas, posiblemente sin contacto físico.

“Respecto de los cambios en las medidas de reclusión, el ministro señaló, en la reunión, que se requerirá una reforma y, en ese sentido, estamos disponibles para avanzar y apoyar estos cambios junto con la creación de la fuerza especial de gendarmería, que debido a las características del trabajo que desarrollarán en la cárcel de máxima seguridad, necesitará condiciones particulares por el riesgo, la formación y el manejo que hay que tener para resguardar a líderes de bandas criminales en un recinto penitenciario”, comentó la diputada Alejandra Placencia (PC).