Gobierno activa agenda de probidad en medio de investigación por lío de platas entre el Minvu y Democracia Viva

Antes de reunirse con el resto de timoneles oficialistas y con el comité político del gabinete, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, subió hasta el segundo piso de Palacio.

Pese a que Vodanovic evitó dar luces de con quién se reunió, las preocupaciones políticas del PS -y del resto del oficialismo- apuntan al lío de platas políticas que involucra a la Fundación Democracia Viva -de militantes de Revolución Democrática (RD)- y que impacta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado por Carlos Montes (PS): la transferencia de $ 426 millones visados por la autoridad de Vivienda de Antofagasta -dirigida hasta hace algunos días por Carlos Contreras (RD); un exjefe de gabinete de la diputada por la zona, Catalina Pérez (RD)- a la organización cuyo representante legal es el también militante RD de ese partido Daniel Andrade, expareja de la parlamentaria.

Aunque a inicios de esta semana la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que las responsabilidades políticas de parte del Ejecutivo ya estaban establecidas con la solicitud de renuncia del Presidente Gabriel Boric a la subsecretaria Tatiana Rojas, también militante de Revolución Democrática -tras admitir estaba al tanto de las irregularidades en Antofagasta y que “no alcanzó” a advertirle a Montes-, dentro de las colectividades aún no hay tranquilidad respecto al curso del caso que ya investiga Fiscalía.

La preocupación -e indignación- también ha permeado al propio Mandatario. Según publicó La Tercera este martes, el Jefe de Estado pidió revisar todos los convenios suscritos durante su administración, una instrucción que, según explican en La Moneda, se hizo extensiva a todas las carteras y no solo a Vivienda, donde reside el caso Democracia Viva.

Si bien en la nueva metodología de comité político -con menos representantes por coaliciones, donde los timoneles van turnándose semana a semana- a los socialistas no les correspondía acudir en esta ocasión, desde el Partido Radical (PR) cedieron el turno a Vodanovic, quien consideraba importante asistir en medio de este escándalo que salpica a una de sus autoridades en el gabinete.

Asimismo, la jefa del PS también consideró necesario que a la cita acudiera Revolución Democrática (RD), representada por el senador Juan Ignacio Latorre, pese a que ambos timoneles ya han sostenido conversaciones privadas y con el resto de los dirigentes oficialistas presentes.

Aunque la cita giró en torno al detalle que entregó el Ejecutivo del manejo de la emergencia por el sistema frontal, sí hubo espacio para abordar el escándalo de presunta corrupción que hoy remece al oficialismo. Así, luego de discutir el tema, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, según presentes, indicó que el gobierno revisará y pondrá celeridad a proyectos relativos a la transparencia y probidad. Y también verá qué medidas administrativas se pueden adoptar en relación a la materia.

A la salida, dicha bajada fue confirmada por el timonel de RD, Juan Ignacio Latorre. “Hay que ir al fondo del asunto y buscar una agenda concreta de elevar estándares de probidad y transparencia. No está bien la manera como se están transfiriendo recursos, que es una práctica que comenzó, si no nos equivocamos, en el 2019, con fundaciones en el área de vivienda, fundaciones que trabajan, algunas de ellas hace mucho tiempo, en campamentos, en barrios, en territorios, pero hay un monto muy significativo de transferencia por vía convenio, transferencia directa, y eso probablemente requiera revisar ese mecanismo”, aseguró.

Y agregó: “Si bien hemos avanzado como país pero siempre hay espacio para mejorar y el gobierno va a estudiar una agenda para proponer y ojalá llegar a acuerdos transversales. Esto tiene que ver con la modernización del Estado, tiene que ver con la conversación sobre un pacto fiscal más allá de lo tributario”.

En tanto, Vodanovic indicó que “el ministro Elizalde, que estaba presente, se comprometió a hacer una revisión de aquellos proyectos de ley que tienen que ver con transparencia y probidad para poder darles celeridad en el Congreso, así como otras medidas a implementar para que no haya ningún tipo de fisura en nuestra legislación o en las prácticas administrativas que permita que se cuele la corrupción”.