Gobierno asegura a partidos que “no habrá más concesiones” a camioneros en medio de presión oficialista para que no haya “privilegios”

“No habrá más concesiones”.

Ese mensaje entregó este lunes la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante el comité político ampliado de La Moneda. Sus palabras venían a despejar las inquietudes que se instalaron en el oficialismo respecto de los alcances del acuerdo al que arribó el Ejecutivo este domingo con los principales gremios de camioneros del país y que se encontraban en paro hace una semana.

Si bien en los partidos había una buena evaluación de la forma en que el gobierno del Presidente Gabriel Boric condujo las negociaciones que se destrabaron este domingo con Confederación Nacional de Transporte de Cargas (CNTC) y otros gremios, algunos dirigentes habían advertido previamente que debían ser cuidadosos y evitar aparecer privilegiando a un grupo particular que -a su juicio- ha apostado por chantajear al Ejecutivo con los cortes de rutas, provocando dificultades en distintas áreas productivas y también a los ciudadanos.

Para desactivar el problema, el gobierno ofreció a los gremios aumentar medidas de seguridad, pero también una inversión de más de 1.500 millones de dólares en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), congelando el valor del diésel por los próximos 4 meses.

Eso sí, La Moneda se mantuvo firme y no cedió ante la petición que se hiciera el viernes por parte de los gremios para que retirara las 32 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE), algo que recalcó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La autoridad, además, subrayó en radio Duna que tampoco se cederá en rebajar el precio de los combustibles. “Es imposible desde el punto de vista fiscal”, reforzó.

Pese al acuerdo propuesto por La Moneda, durante mañana gremios descolgados como la Confederación Transportistas Fuerza del Norte y la Federación Camioneros Centro Sur continuaron movilizados en carreteras de nueve regiones de país.

En ese contexto, el análisis entre los partidos y el comité político de ministros apuntó a que lo ofrecido era suficiente y que no se debía seguir concediendo demandas a estos grupos reducidos. Menos aún cuando -según su interpretación- parte de las movilizaciones tendrían un objetivo político ulterior de “desestabilizar” la gestión frenteamplista y con respaldo explícito de sectores del Partido Republicano.

Así lo había expresado horas antes del comité político el partido del Presidente -Convergencia Social- mediante un comunicado público. “Se ha demostrado que existen grupos que tienen como único objetivo aumentar todavía más sus privilegios a costa del trabajo de todas las familias chilenas, teniendo como método la violencia hacia la comunidad, cortando las principales rutas para generar caos y desestabilización económica”, afirmaron, acusando -además- a sectores de derecha de un actuar “sedicioso”.

A la salida de la cita, los timoneles oficialistas recalcaron que el gobierno no seguirá cediendo a las presiones y que es hora de que los camioneros que se mantienen movilizados despejen las rutas.

“El gobierno, ante movilizaciones de gremios, siempre ha manifestado voluntad de diálogo, lo que se valora positivamente. Pero no hay que seguir cediendo más a una demanda por mayores privilegios para los camioneros. El espacio donde ellos presionaban por medidas ya se cumplió y ahora les toca a ellos liberar las rutas. El gobierno ha sido claro en que el diálogo está abierto, pero no hay más beneficios para este grupo de camioneros”, dijo el timonel de Comunes, Marco Velarde.

Su par de RD, Juan Ignacio Latorre, aseguró que “la ministra del Interior dio cuenta de las negociaciones con los camioneros, la situación del país, los avances y también las dificultades que hay con sectores descolgados. El gobierno está comprometido con llegar a una pronta solución, básicamente porque los camioneros le están haciendo mucho daño a Chile (...). Claramente están ejerciendo un poder de chantaje, un gremio que ha ganado muchos privilegios a punta de chantaje en todos estos años. Y, por tanto, el gobierno está teniendo -por un lado- una línea firme con las querellas de LSE y -por otro- lograr acuerdos en lo que es razonable. Porque claramente hay petitorios absolutamente desproporcionados”.

Y agregó: “Hay sectores que en mi opinión no buscan llegar a acuerdos sino que están buscando hacerle daño al gobierno, están boicoteando la labor del gobierno, justo en un momento -y eso lo conversamos en el comité político- donde el gobierno presentó la ley de pensiones, presupuesto, donde está retomando la agenda, aparecen estos grupos. Por lo demás muy bien acompañados por ciertos parlamentarios del Partido Republicano”.

El secretario general del PS, Camilo Escalona, dijo esperar que el respaldo a estas movilizaciones por parte de sectores de la derecha “no sea la repetición de experiencias históricas muy amargas en el pasado”.

“El balance es positivo porque el gobierno está logrando avanzar en la solución del paro camionero, aunque de manera parcial, pero se encamina hacia lograr desactivar esa movilización. Lógico que hay en algunos miembros de la reunión (comité político) la preocupación porque esta política de hostigamiento sea parte de una filosofía más general de la oposición. Se mira el paro de los camioneros, la política de obstrucción en la Cámara de Diputados, de censura a los presidentes. Hay la preocupación de que la oposición tenga como política general un hostigamiento permanente a la acción del gobierno”, añadió el dirigente.

Misma mirada expresaron desde el Partido Comunista. “Acá hay dos cosas distintas: lo primero, valoramos altamente los avances que ha logrado al gobierno en la tarea que ha representado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para dar cuenta de temas que corresponden a una relación de un gremio -como los camioneros- con un gobierno. Por ejemplo, los temas de seguridad que a ellos les afectan, que es de conocimiento público, donde la manija la tiene -por cierto- el gobierno. Y el otro tema es pretender que sobre la base del peso real y concreto que tiene la actividad de los camioneros en lo que es la distribución, dentro de la actividad económica del país, se use ese elemento de fuerza muy alterador para pretender reivindicaciones que son específicas”, advirtió el dirigente Lautaro Carmona.

Con ese análisis sobre la mesa -y que también se hizo internamente en el comité político que lidera el Presidente-, la ministra Camila Vallejo (Segegob) destacó que las medidas acordadas con los camioneros beneficiarán a todo el país y no solo a un grupo. “Se logró un acuerdo importante, por lo que esperamos obviamente que el resto de los cortes o movilizaciones minoritarias que quedan vayan deponiéndose para poder restablecer la normalidad (...). Siempre vamos a estar disponibles para avanzar en medidas que, sin chantaje y sin extorsión, beneficien a la mayoría de la población”, afirmó.

La vocera, además, tuvo que salir a responder por los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien llamó durante la mañana de ayer a los descolgados a “descolgarse de la imbecilidad”. Las declaraciones de la autoridad no fueron bien vistas en La Moneda y así lo hizo notar Vallejo.

“No usaría las declaraciones en particular que ha hecho, pero el sentido profundo es a velar por intereses generales y no solo aquellos que quieren seguir con las presiones consiguiendo más privilegios de los que tienen”, sostuvo la secretaria de Estado.