Gobierno incluye a FF.AA. en regulación de contrataciones de parientes

El lunes pasado venció el plazo para que el gobierno ingresara indicaciones al proyecto de ley de integridad pública, que se encuentra con urgencia suma, en su primer trámite constitucional en el Senado. Así, el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, envió al Congreso algunas modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo, que apuntan, entre otras materias, a extender la regulación de la contratación de parientes a otras autoridades del Estado.

El proyecto, que fue ingresado el 6 de julio, se concretó luego del debate que se instaló por la decisión del Presidente Sebastián Piñera de designar a su hermano Pablo como embajador en Argentina, lo que terminó revirtiendo en medio de las críticas y de la iniciativa antinepotismo que, por esos días, impulsaba Evópoli.

Con las nuevas indicaciones se plantea incorporar "a los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, ministros de Corte Suprema, director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, fiscal nacional del Ministerio Público, contralor general de la República y subcontralor general de la República dentro del listado de autoridades cuyos parientes que se pretenda contratar en órganos de la administración del Estado deban pasar por la elaboración de un informe del Consejo de Alta Dirección Pública".

De esta manera, se suman otras autoridades del Estado a las que ya estaban contempladas, entre ellas, el propio Presidente de la República, ministros y subsecretarios.

La incorporación de las FF.AA. en la regulación se concreta luego de los casos de irregularidades en el uso de recursos fiscales en el Ejército, lo que desató una serie de críticas e iniciativas por parte de La Moneda.

De igual manera, en las indicaciones del Ejecutivo se busca continuar regulando la denominada puerta giratoria. Eso sí, ahora se propone prohibir que exautoridades y exfuncionarios del Estado sean contratados por organismos internacionales. Esto, en los casos "respecto de los cuales, de forma específica, personal y directa, hayan emitido actos, resoluciones o dictámenes; participado en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiere adoptado algún acuerdo o resolución a su respecto, o intervenido en los procedimientos administrativos, finalizados o no, que produjeron o producirán dichos actos administrativos".

Asimismo, se establece una regulación posempleo de los exoficiales generales de las FF.AA. y niveles jerárquicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad, con el objetivo de que "no puedan integrar directorios ni prestar ningún tipo de servicio, gratuito o remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas que estén inscritas en cualquiera de los registros de proveedores del sector defensa".

La prohibición se extiende por el plazo de un año desde su retiro temporal o absoluto, "haciéndose aplicable a los organismos internacionales respecto de los cuales, de forma específica, personal y directa, hayan emitido actos, resoluciones o dictámenes".

Asimismo, se plantea que los exoficiales, a contar de la fecha de cese en sus funciones, no podrán realizar lobby o gestión de intereses particulares por un año ante la misma institución donde trabajaron o ante cualquier organismo del sector de defensa. Y, además, se indica que se deben informar sus participaciones societarias y todas las actividades económicas.

En caso de cometer una infracción, las indicaciones del gobierno establecen una multa a beneficio fiscal entre 100 y 2.000 unidades tributarias mensuales, y la inhabilidad para prestar servicios al Estado a cualquier título por cinco años.

En La Moneda esperan que en enero el mensaje esté aprobado en el Senado y que, durante el primer semestre del próximo año, sortee su trámite en la Cámara.