Gobierno mantendrá el estado de excepción en la Macrozona Sur y partidos oficialistas enfrentan posturas de cara al comité político

En la antesala de la primera cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, la jornada de este lunes será clave para el anuncio de la continuidad del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia “acotado” en la Macrozona Sur.

A 14 días de su implementación, ya ha trascendido que tras la reunión de comité político se anunciará la prórroga por otros 15 días para que no coincida con la primera batería de anuncios presidenciales del 1 de junio. Por ahora, la medida continuaría bajo las mismas condiciones actuales, pese a las presiones de personeros del Socialismo Democrático para que el Ejecutivo despliegue todas las medidas que faculta la herramienta constitucional, como la presencia en zonas urbanas, colaboración con las fuerzas policiales en labores de control civil o la imposición de toques de queda.

Sin embargo, desde esos partidos señalan que esto no impide en insistir en las instancias formales al gobierno en la utilización de más facultades y que la decisión se debió haber comunicado mucho antes para quitarle el “dramatismo” que suscita en las filas de Apruebo Dignidad.

Fuentes del Ejecutivo señalan que el despliegue militar seguirá concentrado en las rutas de las provincias del Biobío y Arauco y en toda la región de La Araucanía, sin modificaciones. Eso sí, se introducirían algunas innovaciones para el ‘segundo tiempo’ de la medida, como el fortalecimiento de la presencia de fuerza militar en rutas secundarias que conducen a faenas forestales y otros “puntos críticos” en la zona, a propósito del asesinato de Segundo Catril (66), quien fue baleado en medio de una emboscada al bus que lo trasladaba a trabajos de reforestación.

Sin embargo, desde el gobierno han transmitido a las colectividades que cualquier cambio mayor no será informado en detalle, bajo la lógica de no entregar información estratégica a los grupos armados que están presentes en la zona. Desde Defensa indican -en privado- que, hasta el cierre de esta edición, no se había requerido mayor dotación de fuerzas militares para la zona.

Así, el dilema de la fórmula “acotada” vuelve a generar discrepancias entre ambas coaliciones oficialistas. Durante la semana pasada, el senador Fidel Espinoza (PS) emplazó al Mandatario a dar señales más fuertes en seguridad y afirmó que “soy de izquierda, soy hijo de un ejecutado político y no tengo ningún trauma en que un militar esté en la calle contribuyendo a la seguridad de la población como debe ser”. Mientras que el representante de Apruebo Dignidad, el senador RD Juan Ignacio Latorre, llamó a cuestionarse “si vamos a enfrentar siempre los problemas complejos con militares, o avanzar hacia una ‘mexicanización’ del conflicto”.

En Palacio insisten que más allá de la redacción del decreto -que acota la presencia de las FF.AA. solo a rutas-, con el estado de excepción vigente basta que el jefe de defensa nacional entregue la orden de ampliar la presencia de tropas militares a otras zonas para que la medida se extienda.

Cerca del mediodía de este lunes -como ya es usual- está convocado el comité político ampliado con los representantes de los partidos de ambas coaliciones. En la cita, se espera que las colectividades marquen sus posturas y soliciten al Ejecutivo avances del plan “Buen Vivir” anunciado en paralelo a la medida militar.

Quien se extendió largamente ayer domingo sobre el tema fue el timonel del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier. El jefe del partido con mayor incidencia dentro de Apruebo Dignidad señaló en Radio Nuevo Mundo que “estamos por mantener el estado de excepción ‘acotado’, esperemos que por no mucho tiempo y demos tiempo para que se empiecen a producir las medidas que el gobierno ya ha determinado y, además, y muy importante, que se empiecen a producir los diálogos necesarios. No sé cuánto el gobierno ha avanzado en eso, seguramente hay contactos reservados, pero esa es una cuestión esencial: avanzar en el diálogo con los distintos sectores del pueblo mapuche”.

Mientras que desde Comunes, su presidente, Marco Velarde, adelanta que “más que ampliar el estado de excepción a otras rutas o zonas, se hace urgente priorizar la inteligencia policial para dar con los responsables del robo de madera y de los hechos de violencia en la zona. Lo importante es que las medidas no afecten el proceso de diálogo y confianza con comunidades mapuche. Hay que evitar en el mediano y largo plazo la militarización como una constante. Vamos a exigir al gobierno que mantenga el plan ‘Buen Vivir’, su coalición Apruebo Dignidad lo apoyará ante las presiones de la derecha”.

Desde el Socialismo Democrático, en cambio, la jefa del PPD, Natalia Piergentili, adelanta que planteará reflotar el proyecto de infraestructura crítica (o “estado intermedio”) que fue desechado hace algunas semanas por el Ejecutivo, tras los reparos expuestos por el PC y por RD. Manifiesta que legislar sobre ese punto permitiría el despliegue de FF.AA. en asuntos internos -como el resguardo de lo que se defina como infraestructura crítica- como un mecanismo más permanente, sin acudir a estados de excepción. “El PPD se comprometió a apoyar al Presidente en la agenda de la Macrozona Sur, pero preferimos que pongamos el énfasis en el proyecto de infraestructura crítica, que creemos que puede ser más eficiente”, agrega.

Mientras que el timonel PS, Andrés Santander, reitera que “hemos decidido respaldar todos los instrumentos y herramientas que decida utilizar el gobierno y que estén en el marco de la normativa legal vigente”.