La fórmula por la que optó el Ejecutivo para vetar la ley de usurpaciones

Tras participar en una reunión del comité político en La Moneda, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció la fórmula que seguirá el Ejecutivo en relación al veto anunciado por la Ley de Usurpaciones, que contendrá observaciones en tres grandes temas: legítima defensa privilegiada, graduación de penas e instrumentos de restitución de los bienes, descartando así la idea de veto sustitutivo único.

La Moneda tenía hasta la medianoche de este viernes para ingresar el veto anunciado por el Ejecutivo al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso. Desde ese día en que se anunció la medida, en el Palacio de Gobierno se comenzó a analizar la fórmula más precisa para modificar la ley aprobada y que contenía aspectos que no son del agrado del Ejecutivo, por lo que se analizaba un paquete “global” para corregir la norma, con el riesgo de ser rechazado.

Sin embargo, ante la falta de consensos con las distintas fuerzas políticas, el Ejecutivo optó por un veto con observaciones independientes en cada aspecto que se busca modificar, donde en algunos casos se adicionan, se suprimen o se sustituyen características de la norma.

En ese sentido, se informó que el veto contempla observaciones en tres materias, como son “la autotutela, la gradualidad de las penas y los instrumentos con los que contarán los propietarios para solicitar la restitución de su bien o predio”, las cuales, según indicó la ministra Tohá, incluyen 10 observaciones de fondo y cuatro temas “formales o de adecuaciones”.

En esa línea, la secretaria de Estado explicó respecto a la autotutela que “lo que hace, es que en el caso de la usurpación, hace valer las reglas generales sobre legítima defensa y sobre detención ciudadana. Entonces, se saca todo este régimen especial que se había creado acá, que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran por sus propias manos, con armas, con terceros y en cualquier momento, ir a hacer reivindicación de su bien, entonces rige las reglas generales”.

“Va a haber durante las primeras horas la posibilidad de hacer la detención ciudadana, la persona va a poder hacer legítima defensa igual que en los delitos generales, pero se hizo esta modificación, este foco, con el objeto de evitar que se promueva que las personas, los civiles, a través de la violencia reivindiquen sus derechos, porque queremos que lo hagan a través del Estado de Derecho, pero se hizo salvaguardando que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo derecho puedan actuar las policías”, agregó la secretaria de Estado.

“Entonces no va a haber esta autotutela, pero sí va a haber esta posibilidad de acción de las policías en cualquier momento. Eso hoy no existe”, explicó Tohá.

Respecto a la gradualidad, la ministra Tohá señaló que “en segundo lugar, se hace una modificación a las penas que estaban previstas para hacerlas graduales. Lo que se busca con esto es evitar lo que pasaba con lo que aprobó originalmente el Congreso, en que situaciones muy distintas quedaban con la misma pena”.

En ese sentido, la autoridad detalló que la usurpación que se hace con violencia e intimidación, se mantendrá la pena que propuso el Congreso durante la discusión legislativa, que corresponde a presidio menor en su grado medio a máximo, “lo que no se toca”.

“Lo que se hace es separar la situación en que la usurpación no hay violencia e intimidación en las personas, pero sí hay daños en las cosas, ahí se establece igual penal de cárcel, pero en un grado inferior”, lo que quedó en presidio menor en grado medio.

En el caso de las ocupaciones pacíficas, donde no hay afectación a las personas, ni a las cosas, ni a Carabineros, se establece que será un juez quien decidirá “si hay pena de cárcel -que sería presidio menor en su grado mínimo- o hay multa”, explicó la secretaria de Estado.

“En este tipo de usurpaciones, totalmente pacífica (...) hay situaciones muy distintas, por ejemplo, lo que conocemos como las tomas en que personas que tienen problema habitacional, una familia, hace una usurpación, o bien, el caso una persona que está haciendo un negocio o que usurpa varias veces un mismo predio y está ganado plata con ello, no puede tener el mismo trato ambas situaciones, entonces se promueve que el juez decida en este espectro de casos, cuando aplica cárcel o cuando aplica una multa”, detalló Tohá.

“En todos los casos, en cualquier tipo de usurpación, ahora la usurpación va a ser un delito y no una falta como en la legislación antigua”, lo que permitirá que las policías puedan actuar en cualquier momento, deteniendo a las personas, algo que destacó Tohá, no se puede realizar con la actuar legislación.

Respecto a los mecanismos con los que contarán los propietarios para la restitución de sus bienes, la ministra Tohá indicó que a la denominada tercería, se agregará otro llamado “restitución anticipada”, el cual “simplemente es una modalidad por la cual se pide que se entregue para disponer de él el bien cuando hay un proceso judicial en curso”.

En el veto que ingresará el Ejecutivo, la titular de Interior afirmó que hay observaciones por separado, por lo que no se ingresó un veto sustitutivo único y se optó por ingresar algunas “que son aditivas, otras son supresivas, otras son sustitutivas. Hay de todos los tipos, según el contenido”.

Sobre la discusión prelegislativa, la ministra Tohá descartó que haya un acuerdo común para la votación del ingreso del Ejecutivo.

“Hubo harto esfuerzo por lograrlo, pero al final había algunos temas en que no había un entendimiento común, particularmente, en cómo debe sancionarse la toma pacífica”, dijo Tohá, quien precisó que se buscará una discusión en el menor plazo posible, disponiendo de urgencia legislativa la discusión del veto.