Gobierno pedirá prórroga para extender estado de excepción en Macrozona Sur y Siches apuesta a alinear al oficialismo

Una minuta de dos páginas envió ayer el Ministerio del Interior a los parlamentarios de las dos coaliciones de gobierno: Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. El texto, titulado “Prórroga de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia”, buscaba dar bajadas a los legisladores oficialistas y justificar la decisión de La Moneda de extender la medida, por 15 días más, en la Macrozona Sur del país.

Dentro del gobierno no cabía duda que, una vez cumplida la última prórroga del estado de excepción (que vence el próximo 15 de junio), se debía renovar. Y así fue anunciado durante la mañana de este jueves por la vicepresidenta Izkia Siches y la titular de Defensa, Maya Fernández. Eso sí, esta vez, la herramienta constitucional debe pasar por un control adicional: a diferencia de la última prórroga -donde solo bastaba con el decreto del gobierno-, esta extensión debe contar con el acuerdo de ambas cámaras del Congreso.

Con eso en vista, Siches adelantó ayer que durante la “próxima semana” iniciarán diálogos con los parlamentarios para “solicitar la ratificación de la ampliación del estado de excepción”. Un despliegue que buscará alinear a las dos coaliciones, en un escenario que para el bloque, sobre todo en Apruebo Dignidad, la medida es difícil de digerir e incomoda.

Así, Siches justificó la decisión. Señaló que, bajo el estado de excepción, los hechos de violencia en la zona han disminuido en más de un 42% comparando períodos de 20 días (del 18 de mayo a 6 de junio), versus los 20 días previos a la declaración de la medida. De 104 a 61 eventos, según consta información de Carabineros proporcionada por la cartera. Mientras que en el mismo período, y en lo que respecta a quema de vehículos y maquinaria, la secretaria de Estado señaló que se ha visto una reducción del 80% de los incidentes. En cuanto a inmuebles incendiados y hechos violentos en ruta, la caída ha sido de un 53% en ambos casos.

Según ha trascendido, y dentro de las informaciones que ha transmitido el gobierno a su coalición, dan cuenta de que este es el estado de excepción en que más militares se han desplegado en una sola zona, y que no ha existido ningún enfrentamiento, sino que los métodos han sido solamente disuasivos.

Así, en la minuta difundida ayer por Interior se reforzó que “los datos indican que los eventos de violencia han disminuido en un 42% durante el EEC, a partir del despliegue de Carabineros y FF.AA.”, y que “la seguridad es una condición necesaria para que el Plan Buen Vivir (PBV) pueda desarrollarse”.

Asimismo, el texto enumera algunos avances del Plan Buen Vivir y se asegura que “el 16 de junio se realizará la primera entrega de tierras planificada para restitución de tierras a comunidades”.

Se espera que parte de esa información Interior la exponga ante el Congreso y las bancadas oficialistas, con el fin de obtener la aprobación de la extensión de la medida. De todas formas, ya hay voces que se han manifestado en contra. Una de ellas es la de la diputada socialista Emilia Nuyado, quien anunció que no respaldará la medida. “Como diputada mapuche seguiré insistiendo en que el único camino es el diálogo, y sigo creyendo que militarizar el wallmapu solo dificulta este diálogo, por eso votaré en contra de la renovación del estado de excepción”, dijo tras conocer el anuncio del gobierno.

En Convergencia Social, en tanto, su par Diego Ibáñez apuntó a que desde la bancada respaldan la medida, pero como una acción complementaria al desarrollo de la agenda del gobierno en la zona.

“Respaldamos la decisión de la ministra de extender el estado de excepción, entendiéndolo solo como una medida complementaria a la implementación del Plan Buen Vivir, que está avanzando para resolver los problemas de fondo. Sabemos que solamente ataca el síntoma y no la enfermedad, pero efectivamente ha ayudado a disminuir hechos de violencia que tensan aún más el escenario de cara al objetivo del gobierno de dar respuestas estructurales al conflicto que enfrentan el Estado chileno y el pueblo nación mapuche”, afirmó.

Dentro de CS, que es el partido del Presidente Boric, señalan que no es cómodo aprobar una medida que fue rechazada en pleno por la bancada mientras Sebastián Piñera era Presidente. “Las razones son comprensibles, pero el estado de excepción no puede convertirse en la normalidad”, comentan.

Por su parte, la diputada de RD Catalina Pérez afirmó que “la próxima semana conversaremos con el gobierno y conoceremos en detalle cómo van los avances en la restitución de tierras, en el desarrollo del Plan Buen Vivir y en las conversaciones que se han sostenido con las comunidades. Creo que es importante que haya apertura a conversar sobre todas las medidas que permitan que la gente en el wallmapu pueda vivir mejor”.

En ese escenario, se espera que este viernes Siches se sume a la reunión de coordinación legislativa habitual que lidera el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, con las bancadas oficialistas.

¿Podría extenderse más allá de los 15 días? Es probable, señalan fuentes del Ejecutivo. Y es por ello que entre los parlamentarios de Apruebo Dignidad ronda la idea de fijar con el gobierno un “límite” a las próximas renovaciones que se puedan hacer a la medida.

En el PC, el parlamentario Matías Ramírez señaló, respecto de su voto, que “no es algo que haya decidido. Estamos a la espera (en la bancada) de información. Hasta el momento no hemos recibido antecedentes”.

Mientras que desde Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch enfatizó que “antes de tomar una decisión, tenemos que estudiarlo. En la próxima reunión de comité político queremos conocer cuál es la evaluación que hacen del estado de excepción y cuál es la mirada que tienen de cómo va a continuar este proceso a futuro”.