Gobierno presenta alternativa para regular uso de armas por policías y militares en intento por tomar control de agenda de seguridad

Tras un minuto de silencio por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, pidió la palabra para preguntarle al presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, por la situación de la reforma de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), iniciativa que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se había comprometido a ingresar esta semana tras varias postergaciones pasadas.

Originalmente esta reforma era la propuesta alternativa que estaba trabajando La Moneda a la llamada ley Nain-Retamal -recientemente aprobada y publicada-, que eleva penas a quienes atenten contra policías y otorga un estatuto de protección a los efectivos (militares y policiales) que hagan uso de armas de servicio en casos extremos.

La idea de La Moneda era dar una respuesta definitiva ante una sentida demanda de las instituciones armadas, que exigían un nuevo marco jurídico para actuaciones en territorio nacional, especialmente en legítima defensa frente a ataques de civiles.

Sin embargo, tras la seguidilla de asesinatos a carabineros que llevaron al Congreso a darle una tramitación exprés a un conjunto de iniciativas, el Ejecutivo perdió el control de la agenda. Esta reforma, en ese sentido, podría ofrecerle una nueva oportunidad al gobierno para subirse a la discusión legislativa con un proyecto propio, aspecto que fue demandado particularmente por los legisladores oficialistas en las reuniones que se realizaron este lunes en La Moneda.

El problema es que debido a cambios tácticos de última hora, la esperada reforma de las RUF no estaba ingresada a eso de las 17 horas, cuando comenzó la sesión de la Sala de la Cámara, lo que aumentó el nerviosismo entre los diputados.

Incluso, ante las consultas, Mirosevic admitió que no tenía información de lo que haría La Moneda. “No sabemos si van ingresar por esta Cámara o el Senado”, precisó.

La calma volvió minutos después, ya que el proyecto finalmente fue ingresado a través de la Cámara.

En lo medular, esta reforma crea una nueva ley, de 19 artículos, que fija principios con los cuales carabineros, detectives, gendarmes o efectivos de las FF.AA. deben guiarse al momento de usar sus armas: a) legalidad; b) necesidad; c) proporcionalidad; d) responsabilidad; y e) racionalidad.

Sobre esa base, la iniciativa establece ciertas obligaciones antes de usar la fuerza. Primero, los funcionarios deben identificarse. Segundo, deben hacer las advertencias previas. Tercero, actuar con gradualidad (por ejemplo, reducir la movilidad de un agresor antes de una acción potencialmente letal). Cuarto, reducir al mínimo daños y lesiones. Quinto, prestar auxilio en caso de uso de la fuerza. Y sexto, reportar los incidentes.

Una vez ingresada la reforma, la ministra Tohá, quien concurrió al Congreso a pedir una nueva prórroga del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío, aprovechó de hacer un suerte de presentación del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza, que tendrá aplicación práctica precisamente en los despliegues militares en el sur y el norte.

La secretaria de Estado explicó que esta norma busca dar rango legal a los protocolos para la legítima defensa. “Las FF.AA., incluso los civiles tienen derecho a defenderse y si tienen armamento tienen derecho a defenderse con su armamento, si están siendo atacados. Eso no vale solo para las FF.AA., vale para cualquier ciudadano. Cuando hay un ataque todos tenemos derechos a defendernos”, dijo.

Además, tratando de dar por superada la polémica que se generó por su referencia sobre la implementación de la ley Nain-Retamal y el caso de San Antonio (donde un carabinero dio muerte a un joven que evadió un control vehicular y atropelló a otro policía), dijo que a su ministerio no le corresponde juzgar si hubo uso correcto o no de las armas de servicio. No obstante, también agregó que “le haríamos muy mal a las policías si les damos a entender que la ley Nain-Retamal sirve para cualquier cosa”.

Por su parte, la ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que “este proyecto dota de garantías a las policías y FF.AA., sobre el proceder que debe tener el personal policial y militar en situaciones excepcionales”.

Esta reforma fue recibida con cautela por la derecha, donde temían que podía ser un retroceso respecto de la ley Nain-Retamal que fijó en el Código Penal una presunción de uso legítimo de fuerza en defensa propia. No obstante, hasta el cierre de esta edición, diputados opositores esperaban analizar bien el texto antes de reaccionar.

En todo caso, el diputado independiente Andrés Jouannet, quien integra la Comisión de Defensa, expresó sus dudas. “Es avance, pero vamos a tener una discusión sobre el principio de la proporcionalidad. La proporcionalidad es relativa. Porque si le llega una piedra a un militar, él no puede reaccionar con otra piedra”, ejemplificó.

En tanto, el diputado DC Erice Aedo, dio su respaldo. “Me parece bien establecer el principio de la proporcionalidad”, señaló.

El ingreso de esta iniciativa coincidió justo con las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, por un lado, y el gobierno y el Congreso, por otro, para sistematizar una agenda de prioridades en materia de seguridad.

Sin embargo, hasta ayer en la tarde seguían las conversaciones telefónicas y presenciales para definir una lista de iniciativas.

Ayer, el presidente de la Cámara fue consultado en la Sala y señaló que “no tenemos nada concluyente aún, solo una declaración de intenciones de tramitar junto al Senado y el gobierno un listado de leyes, pero el listado no está cerrado, no está resuelto”.

Tras el asesinato del cabo Daniel Palma, ascendido en forma póstuma a suboficial mayor, el jueves pasado, el Presidente Gabriel Boric había encabezado un encuentro con todos los poderes del Estado. En la cita estaban los titulares del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el mismo Mirosevic (liberal), entre otras autoridades. También estaban la ministra Tohá y el titular de Justicia, Luis Cordero, quien ayer esbozó algunas iniciativas que estarían dentro de las prioridades como la reforma que crea el Ministerio de Seguridad Pública y los proyectos contra las usurpaciones y los delitos económicos, entre otros.

La derecha, sin embargo, también aspira a poner en esa lista iniciativas que no acomodan a un sector del oficialismo, como la reforma a la ley Antiterrorista.