Gobierno retira urgencia a proyecto de integración social tras presión opositora
Ministro de Vivienda decidió postergar votación de iniciativa, que tomó fuerza el año pasado en medio de la ofensiva de Lavín. Oposición acusa que es un proyecto "proinmobiliario".
Para este miércoles estaba contemplado que la sala de la Cámara votara el proyecto de integración social del gobierno, uno de los más relevantes para el Ejecutivo y con el que busca articular su relato y sello social. Sin embargo, el gobierno optó por retirar la urgencia a la iniciativa y postergar la votación.
La decisión se tomó debido a que a última hora del martes diputados de oposición comenzaron a organizarse para sufragar en contra o abstenerse en el hemiciclo ante un mensaje presidencial que algunos en ese sector califican de "proinmobiliario" y que incentivaría la desregulación. En la centroizquierda, por ejemplo, acusan que la iniciativa -que se encuentra en primer trámite- le daría ventajas normativas a privados y a organizaciones sin fines de lucro que se comprometan a entregar porcentajes de sus construcciones a subsidios.
La postura contraria a la medida del gobierno ha sido liderada por el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, Gonzalo Winter (Convergencia Social), quien comenzó a organizar a la centroizquierda. Así, en la antesala de la votación el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) -mandatado por la bancada de su partido- se contactó con el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, para transmitirle las dudas que existen.
Además, le pidió que quitara la urgencia suma a la iniciativa y que se le realicen modificaciones. Y el titular de Vivienda -en coordinación con la Segpres- accedió a la petición para buscar un consenso amplio con la oposición y evitar riesgos de que el proyecto hubiese sido rechazado.
Por esta misma razón, en medio del revés que sufrió la tramitación de la iniciativa Monckeberg se desplegó hoy en el Congreso reuniéndose con parlamentarios opositores de la Comisión de Vivienda -Calisto, Guillermo Teillier, Fidel Espinoza y Carlos Jarpa- para escuchar sus reparos, intentar resolver sus dudas y buscar fórmulas para asegurar un apoyo transversal.
Si bien el proyecto de integración social era parte del programa, se instaló con fuerza en julio de 2018 cuando el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció un proyecto para construir viviendas sociales en el sector de la Rotonda Atenas. Por esos días, el propio Presidente Sebastián Piñera le encargó a Monckeberg reforzar el despliegue del Ejecutivo en este tema, que -de acuerdo a las encuestas- ha servido para posicionar a Lavín como presidenciable.
Consultado por la decisión de retirar la urgencia, el ministro Monckeberg dijo a La Tercera que "un proyecto como integración social necesita apoyos transversales, y nos dimos cuenta que algunos tenían dudas legítimas o derechamente desconocimiento del tremendo y positivo alcance que vamos a tener con esta ley. En esa línea, queremos que el proyecto se apruebe con un apoyo mayoritario de la Cámara de Diputados".
Además, añadió que "hay coincidencia en que es una buena iniciativa, pero que obviamente se puede mejorar, y para eso nos dimos unos días más, donde ya estamos trabajando con las bancadas de los diferentes partidos del oficialismo y de la oposición". En este contexto, en el gobierno dicen que el Minvu evalúa enviar indicaciones al proyecto.
"Se trata de un proyecto para favorecer a las inmobiliarias y fomentar la desregulación en la ciudad. Los casos como los guetos verticales de Estación Central demuestran que la solución no es más mercado y menos regulación urbana. Como oposición, le advertimos al gobierno que en el estado actual no hay ninguna posibilidad de que aprobemos. Por eso tuvo que retirarle la urgencia", sostuvo el diputado Winter, mientras que Calisto comentó que "me parece positivo que el gobierno haya retirado la urgencia a este proyecto". Y explicó que lo que buscan es precisar tres aspectos de la iniciativa: "La remisión a la ley de licitaciones para que esto se haga conforme a la ley vigente y no a un reglamento que pueda dictar de manera autónoma el Minvu; delimitar los terrenos públicos que van a ser destinados para proyectos de construcción por parte de privados o fundaciones (...); y también fijar que a lo menos un 30% de cada uno de estos proyectos estén destinados a subsidios habitacionales".
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