Ignacio Irarrázaval, integrante de la Comisión de Probidad: “La calidad de los gastos no lo estamos discutiendo, sino la transparencia en las transferencias”

Este lunes la Comisión para la regulación de la relación entre el Estado, fundaciones y corporaciones, más conocida como la Comisión para la Probidad, entregó su informe final al Presidente Gabriel Boric. Lo anterior, 45 días después de iniciar su trabajo que inició tras el estallido del denominado caso líos de platas y ante las cuestionadas transferencias entre instituciones del Estado y ONGs.

El trabajo de la comisión de Probidad, concluyó en un informe de 46 propuestas para cambios administrativos y legislativos para mejorar la vinculación entre las instituciones del Estado y organizaciones privadas sin fines de lucro. La propuesta se elaboró tras 30 sesiones en que se reunieron sus seis integrantes, entre los que se encontraba Ignacio Irarrázaval.

El también director del Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Católica, describe el trabajo que realizaron como “consciente, con mucha dedicación, intensidad y con buen ánimo”. En esa línea, el también académico cree que “existe un espacio” para implementar buena parte de las medidas que propusieron, de las cuales muchas son administrativas y aplicables de manera más rápida.

¿Cuánto incidió la contingencia en el trabajo de la comisión?

Incidió 100% en el inicio, porque si no hubiese sido por los escándalos que se advirtieron, la comisión no se hubiese constituido. Ahora cada uno de los casos que fueron saliendo a la luz pública a través de los medios de comunicación durante el trabajo de la comisión fueron importantes pero no fueron el tema principal, porque ya íbamos viendo cuáles eran las causales de las situaciones que se estaban produciendo.

Usted mencionaba que vieron unas causales de la situación de los convenios. En su conclusión, ¿qué tan débil es la institucionalidad para asegurar el buen uso de recursos públicos?

La institucionalidad chilena en el concepto de un montón de análisis internacionales del manejo de las finanzas públicas es un país que está bastante en el liderazgo latinoamericano. En general estamos bastante adelantados. Aun así, hay espacio importante de mejoras y que en buenas medidas están sugeridas en el informe que nosotros entregamos hoy día.

¿Cuál sería una de esa medida más importante para fortalecer la institucionalidad?

Hay medidas simples que van por el lado de la Ley de Presupuesto, que al final es una ley que abarca un montón de temas, entonces ahí nosotros sugerimos limitar o definir bien el uso de las glosas presupuestarias porque las glosas hay veces que se contradicen entre ellas y al final lo que ordena la discusión es la de menor jerarquía. Después hay un tema que es bien técnico, pero es algo que se llama el clasificador presupuestario, es qué se puede gastar bajo qué ítem. Se puede mejorar también la evaluación del gasto de capitales, como en inversiones. Yo diría que por el lado del Estado, hay varias cosas que se pueden mejorar.

Menciona varias veces el presupuesto. ¿Con la normativa actual no está asegurado completamente el buen uso de los recursos públicos?

Está bastante asegurado, ahora lamentablemente en el sector público, privado, en la sociedad civil, siempre hay un riesgo de corrupción y nosotros recomendamos varias cosas, incluidas las que te acabo de mencionar, para mejorar más que el buen uso, es la certeza, la transparencia del uso, porque nosotros no nos estamos refiriendo a la efectividad del gasto, que es otro tema más complejo todavía. Es decir, vale la pena transferir X cantidad de dinero a una fundación, ministerio o municipio para que haga una determinada prestación. La calidad del gasto no lo estamos discutiendo, estamos discutiendo más bien la transparencia en la transferencia de los recursos. Es bien importante distinguir esa diferencia.

¿Cuál cree que es la medida más urgente de aplicar o legislar?

Esta discusión de los registros son medidas relativamente fáciles de aplicar, son complejas en lo administrativo, pero es muy importante. O sea, en verdad nosotros necesitamos que todas personas jurídicas sin fines de lucro tengan RUT y que ese RUT le permita hacer un chequeo cruzado con el Servicio de Impuestos Internos o la Contraloría. Entonces yo diría que el hacer estas bases de datos interoperable, que ya existen, pero están poco pulidos. Una medida muy sencilla es que haya traspasos de RUT de un lado para otro y por lo tanto ahí uno puede aplicar inteligencia de negocios, artificial, para hacer cruces y análisis y situaciones de riesgo.

Una de las propuestas es la Ley de Transferencias, ¿Qué permitiría una norma como esa?

Esa ley es importante recordar que estuvo en el programa del Presidente Sebastián Piñera durante su segundo mandato, hubo discusiones preliminares y ese anteproyecto no alcanzó a entrar al Parlamento. España y Brasil tienen leyes generales de transferencia. No es que todas las transferencias en Chile estén con normativa débil, el grueso de las transferencias, como por ejemplo las subvenciones escolares o Mejor Niñez, pero por otro lado hay otros ámbitos, particularmente las transferencias que hacen los gobiernos regionales que no están bien normados. Entonces tener una ley marco o general de transferencias permite dar una estructura general de todas las transferencias y nosotros pensamos que eso es una ley compleja porque va a tocar a muchos sectores, es compleja de tramitar, pero creemos que podría ser un gran aporte.

¿Y qué pasa con el Registro de Beneficiarios Finales?

Se está legislando, el gobierno ha estado trabajando y va en la reforma tributaria que se está discutiendo. Lo que sí, en la propuesta que nosotros hacemos estamos sugiriendo el registro de beneficiarios finales para las instituciones privadas sin fines de lucro, desde un cierto umbral hacia arriba.

Una de las propuestas trata sobre la incompatibilidad de contratación o transferencias de personas con relaciones no formales, ¿cómo se proponen regular algo así?

Eso es imposible de fiscalizarlo totalmente, o sea lo importante ahí es que hay un principio de buena fe, las personas pueden declarar inicialmente qué conflictos de interés tienen y si después el día de mañana se comprueba que sí lo tenían y no lo declararon, entonces ahí es un problema grave. Porque como bien dice, es imposible saber el alcance de esos conflictos de interés.

¿Cree que existe la disposición para avanzar en estas propuestas?

Nosotros la mañana de este lunes tuvimos una conversación con el Presidente y él dijo que por supuesto el gobierno tiene que revisar las propuestas, se las entregamos recién ayer, pero el Presidente se mostró muy disponible, evidentemente que esta es una agenda que ha propuesto esta comisión, el gobierno tendrá que hacerse cargo qué es lo que quieren ellos impulsar y lo que no, pero el Presidente si se mostró muy disponible para entrar a estas propuestas. Yo creo que hay ánimo, por supuesto hay que ir al Parlamento, pero hay muchas medidas que son de carácter administrativo.