Informe del CEP advierte: expertos constituyentes por sí solos no son garantía para corregir errores de la Convención
"Si esto es diseñado como el único o principal medio para proveer de conocimiento al nuevo órgano, será probable que se repitan algunos de los defectos observados en la Convención Constitucional como, por ejemplo, la desigualdad en el acceso al conocimiento por parte de todos los convencionales", dice un documento del think tank escrito por el abogado Lucas Sierra.
Comparando lo que fue la experiencia pasada con la Convención Constitucional y la discusión sobre el órgano constituyente, el abogado constitucionalista e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Lucas Sierra, realizó un informe abordando el rol que debieran tener los expertos en la instancia que redacte la nueva Constitución.
“Es del todo razonable establecer un mecanismo por el cual un órgano constituyente pueda proveerse de un cierto conocimiento especializado”, fue una de sus conclusiones.
Sin embargo, respecto de la posibilidad de que los expertos tengan derecho a voto en el nuevo órgano constituyente, Sierra plantea algunas recomendaciones y también advertencias.
Señala que habilitar a expertos con facultades de un constituyente “se puede lograr de distintas maneras. Por ejemplo, mediante el uso de listas electorales cerradas. O bien, configurando un órgano constituyente de origen mixto, con miembros elegidos directamente por la ciudadanía y expertos designados por el Congreso”.
“Este mecanismo perfectamente podría hacerse, pero pienso que sería un error concebirlo como la vía principal para allegar conocimiento técnico al nuevo órgano constituyente”, observa.
“Por supuesto, las candidaturas pueden incluir expertos -sería absurdo y bien impracticable prohibirlo-, pero si esto es diseñado como el único o principal medio para proveer de conocimiento al nuevo órgano, será probable que se repitan algunos de los defectos observados en la Convención Constitucional como, por ejemplo, la desigualdad en el acceso al conocimiento por parte de todos los convencionales. Además, es posible que cada experto se incline a votar por sus propias ideas”, señala.
En ese sentido, el jurista se inclina por un órgano neutral de asesoría para todos los futuros constituyentes. “Si hay un nuevo órgano constituyente, se debería volver a la idea original del proceso constituyente en 2019: una Secretaría Técnica en forma. Un grupo no demasiado grande de expertos o técnicos debería acompañar a dicho órgano deliberante. No demasiado grande para poder escrutarlos mejor (más transparencia) y para que puedan razonar en conjunto (así podrán ir articulando un lenguaje más común). Nombrado por las fuerzas políticas (en el Congreso o en el nuevo órgano constituyente), dicho grupo debería trabajar de forma abierta y en igualdad de condiciones para todas y todos los integrantes de ese órgano”, concluye.
El documento del CEP viene en momentos en que tanto el oficialismo como la oposición han enfrentado las posturas por el rol que debieran tener los expertos en la nueva instancia constituyente. Mientras Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático han insistido en que la entidad sea 100% electa por la ciudadanía, desde Chile Vamos -especialmente en RN- han promovido que sea un órgano mixto, en que los expertos sean designados por el Congreso Nacional en proporción a sus fuerzas.
Sierra sitúa el debate en torno a las lecciones aprendidas de la Convención, argumentando las deficiencias que tuvo esa instancia en cuanto al uso de expertos. La propuesta emanada desde aquella asamblea finalmente fue rechazada por un 62% en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.
En su repaso, el jurista del CEP argumenta que durante la Convención Constitucional los expertos estaban más radicados como asesores de los convencionales y que la Secretaría Técnica -órgano encargado de dichos análisis de contenidos- no tuvo un rol influyente.
Bajo esa mirada, Sierra plantea que los expertos tengan mayor incidencia. “Esto puede hacerse en la medida que exista, al mismo tiempo, una unidad asesora potente”, que colabore a todos los convencionales por igual.
“En lugar de haberse materializado la idea original de 2019, en el sentido de tener una Secretaría Técnica más potente, centralizada y abierta a todos los convencionales por igual, se optó, en la práctica, por un modelo descentralizado, atomizado e individual de asesoría. La Secretaría Técnica no fue muy relevante, ni siquiera fue consultada por toda la Convención Constitucional”, dice.
Incluso, pone de ejemplo que hubo comisiones -como Principios Constitucionales, Forma de Estado, Medio Ambiente, Bienes Comunes y Modelo Económico- que no usaron el trabajo de la instancia.
Además, el investigador del CEP detecta una serie de problemas, entre ellos que el número de asesores fue creciendo, lo que en la práctica supuso una traba, pues al ser mayor cantidad de gente, más difícil era ponerse de acuerdo. Además, los asesores posiblemente no eran neutrales por su cercanía con los constituyentes.
“En la Convención Constitucional los asesores estuvieron demasiado cerca de sus respectivos convencionales. Si en un nuevo órgano tienen derecho a voto, los técnicos serán convencionales. Ambos casos serían ejemplos de un conocimiento técnico desaprovechado, pues carecería de la mínima neutralidad que puede obtenerse de un grupo asesor centralizado, no muy numeroso, disponible para todos”, comenta.
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