Infraestructura crítica: Congreso y Metro quedarían fuera de normativa

La escena que protagonizó a comienzos de enero el líder de la oposición a Nicolás Maduro, Juan Guaidó, intentando saltarse la reja de la Asamblea Nacional de ese país luego de que militares apostados en las afueras del edificio le impidieran el ingreso, fue usada como ejemplo por parlamentarios de distintos sectores a la hora de abordar sus reparos frente al proyecto de ley sobre infraestructura crítica.

La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados y fue aprobada el lunes por la Comisión de Constitución de esa corporación, busca que en “caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación”, el Presidente de la República pueda “declarar un estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica” por 30 días, los cuales pueden ser prorrogables por una sola vez por otros 30 días, con respaldo del Congreso.

Y aunque la iniciativa ya superó su primer escollo en la Cámara, el alto quórum que requiere en sala (3/5 de los diputados en ejercicio, esto es 93 legisladores) hizo que ayer el ministro de Defensa, Alberto Espina, reconociera que su aprobación “está difícil” y, por lo tanto, expresara la disposición del Ejecutivo para perfeccionar el texto.

“Tenemos la mejor disposición de consensuar un proyecto en la Cámara, manteniendo la base de que el Presidente pueda tener la facultad, en caso de grave peligro para la infraestructura crítica, de hacer uso de las Fuerzas Armadas sin que ellos se involucren en el resguardo del orden público”, dijo el ministro a La Tercera, agregando que “si podemos perfeccionar el proyecto para tener su aprobación, bienvenido sea”. Ahora bien, junto con calificar el texto como “fundamental”, Espina enfatizó que “si no se aprueba, será responsabilidad exclusiva de la oposición que vota en contra”.

Para los distintos parlamentarios consultados, la aprobación de la iniciativa requiere cambios al texto, principalmente para acotarlo, definiendo claramente las áreas a las que se refiere. Así, entre las propuestas que ya comenzaron a trabajar los legisladores se delimitaría el ámbito de resguardo, dejando fuera, entre otros, los edificios del Congreso o de la Corte Suprema y las estaciones de Metro.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC) -cuyo voto en esa instancia permitió viabilizar el trámite de la iniciativa-, trabajó en indicaciones que buscan “establecer las categorías de infraestructura crítica en la propia Constitución” y evitar que la determinación “quede al arbitrio” del Presidente, para lo que se exigiría un informe “con antecedentes fundados” de la ANI, y reduciría su plazo de vigencia a 15 días, prorrogables por otros 15 con acuerdo del Congreso.

Además, propone que a la reforma se sume una ley que explicite los servicios básicos que serían resguardados, entre los que se deberán considerar agua, luz, gas, transporte, telecomunicaciones y recintos hospitalarios y de atención primaria, dejando fuera de la norma “la idea de que las FF.AA. puedan resguardar instalaciones de poderes del Estado como el Congreso, el Palacio de Gobierno o tribunales”, algo sobre lo que el propio ministro Espina ha expresado disposición.

El diputado UDI Jorge Alessandri también expresó su inquietud por algunas de las disposiciones de la iniciativa y, tras conversar con Walker, decidió adherir a sus indicaciones. Según explicó, se debe considerar que la iniciativa busca generar “un peldaño intermedio” entre la declaración de un estado de emergencia y el debido resguardo del orden público, tarea esta última que -dice- “no les corresponde a los militares”. En ese sentido, sostuvo que “se le entrega esta facultad al Presidente de la República justamente para evitar el estado de emergencia”, pero que, tal como está, “es un proyecto que viene muy abierto”.

La misma impresión tiene su par de RN Gonzalo Fuenzalida, quien coincide en reducir el plazo de vigencia a 15 días, eliminar el resguardo de los poderes del Estado y limitar la prerrogativa a redes de telecomunicaciones, sistemas de energía eléctrica, servicios hospitalarios y atención primaria, entre otros.

El diputado PS Leonardo Soto, uno de los seis parlamentarios de la Comisión de Constitución que rechazó la idea de legislar, dijo que el proyecto debe considerar también la redacción de una ley con el listado de servicios susceptibles de ser resguardados por las FF.AA., así como una definición legal de la función correspondiente y los límites para que los efectivos militares puedan hacer uso de la fuerza letal en el ejercicio de esa facultad. Asimismo, pide establecer como causal de destitución la responsabilidad del Presidente de la República por actos de militares que infrinjan tratados internacionales en el marco de esta atribución.