Inhabilidad por negacionismo, voto desde los 14 años en plebiscito de salida y referirse a Pinochet como dictador: Las propuestas del informe de la Comisión de DD.HH.
El sábado 28 de agosto fue el plazo límite para que las comisiones de la Convención Constitucional presentaran las propuestas de reglamento, las que serán sometidas a votación en el pleno. El texto de la comisión de de Derechos Humanos fue visado la madrugada del sábado y ayer se publicó el consolidado.
Hace un mes que las distintas comisiones y subcomisiones de la Convención trabajan en la elaboración de los respectivos textos de reglamento para definir los lineamientos de funcionamiento del órganos. Un plazo que el sábado 28 de agosto llegó a su fin para la entrega final de propuestas de cara a su discusión y votación en el pleno que se espera esta semana.
Mientras en la Comisión de Reglamento destacó la ratificación del quórum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales, en la Comisión de Participación fue relevante, entre otros aspectos, el visado a un plebiscito dirimidor para aquellas normas que no alcancen los 2/3 pero sí superen los 3/5.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos -que a mediados de agosto llegó a un acuerdo respecto a la participación de Jorge Arancibia en la instancia-, tras recibir más de 300 solicitudes de audiencias, hizo entrega el domingo en la mañana de un informe con sus principales propuestas a aplicar en la Convención.
“Se comenzó un proceso de recopilación de instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza y de documentación respecto de las violaciones de derechos humanos en Chile y sobre los daños permanentes a la Naturaleza, causados por el modelo neoliberal y extractivista imperante en el país”, dice la introducción del documento que detalla 5 focos, con sus respectivos detalles.
Las principales propuestas de la Comisión de DD.HH.
En el primer punto plantean la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos, Ambientales, de la Naturaleza y Garantías Constitucionales. Esta tendría como objetivo la elaboración de la “Propuesta de un sistema integral de derechos y garantías, acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza”.
Según detalla el documento, para abordar las distintas temáticas, la Comisión Permanente podrá crear subcomisiones transitorias con tareas puntuales.
Otro aspecto relevante guarda relación con la inhabilitación de los constituyentes, la que será en caso de que estos “sostengan opiniones, comentarios y/o relatos de carácter negacionista”, pertenezcan a organizaciones que profesen discursos de odio, racismo y/o discriminación en cualquiera sus formas, que exista conflicto de interés o bien que haya sido sancionado por la Comisión de Ética.
En el apartado Normas Transitorias, en tanto, la comisión propone una reparación para las personas mayores que hayan sido víctimas de violaciones de Derechos Humanos, así como proponer mecanismos para satisfacer la demanda de justicia y reparación de todas las víctimas de trauma ocular.
Entre los puntos detallados figura además el dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura –conocida como “Comisión Valech”– por las víctimas reconocidas por ella, reparación integral y regeneración de la Naturaleza.
Además, el informe apunta que se deben abordar “bases de una política de restitución de territorios ancestrales de los pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile”.
En cuanto a su tercer y cuarto pilar, el informe se refiere a la relevancia de “hacer transversal los distintos enfoques” en las distintas comisiones y normas constitucionales, estos son: enfoque de género, diversidades sexo genéricas, diversidades culturales, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, diversidades etarias, de personas con discapacidad, de personas privadas de libertad, de capacidades especiales, etc.
En la quinta y última sección, la Comisión consigna que se debe “establecer expresamente la supremacía constitucional de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, así como también los pactos y tratados suscritos entre el Estado chileno y los pueblos originarios”.
En esta línea, comienza con medidas a aplicar en cuanto a la “verdad histórica, justicia, reparación y garantías de no repetición”, lo que se traduce en un “reconocimiento del derecho de las víctimas de violaciones a DD.HH. conocer la verdad de lo ocurrido”.
También se precisa que “los nombres de los perpetradores de violaciones de DD.HH. no podrán ser utilizados para denominar ciudades, calles, regimientos, imágenes, monumentos, memoriales, museos, escudos, insignias, placas u otras, y menos aún para alabar su memoria y obra”.
Una propuesta seguida por “derogar” las legislaciones de la Dictadura Cívico-Militar, es decir, las establecidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, “para, al referirse al señor Augusto Pinochet Ugarte, reemplazar el vocablo de ‘Presidente de la República’ o ‘Jefe Supremo de la Nación’ por ‘Dictador’”.
Además, la Comisión abordó que aquellos inmuebles que “probadamente hayan sido utilizados como centros de tortura o exterminio en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, sean objeto de declaratoria de monumentos nacionales cuyo destino sea la promoción y defensa de los derechos fundamentales, entregando la administración de estos a las organizaciones de DD.HH.”
En cuanto a las “Garantías de no repetición”, la Comisión detalla la “reformulación del plan de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que se someterán de forma irrestricta al poder civil. A partir de un currículo basado en la doctrina de los Derechos Humanos”, y suma la “desmilitarización de la función policial, la disolución del Consejo de Seguridad Nacional, la derogación del Código de Justicia Militar y la eliminación de la doctrina de Seguridad Nacional”.
Para Carabineros de Chile, presentaron que fuese reemplazado por “una entidad pública que ejerza la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano, desmilitarizado, con carrera funcionaria de escalafón único y que someta su doctrina, sus políticas y el cumplimiento de su labor al respeto irrestricto de los Derechos Humanos”.
Otro punto clave es la creación de un organismo de rango constitucional y de carácter autónomo y permanente que aborde las graves violaciones a los Derechos Humanos, “históricas, recientes o potencialmente a futuro, desde los principios de la Justicia Transicional sobre verdad, justicia, reparación integral, memoria y garantías de no repetición”.
Más adelante en el escrito se propone también que los pueblos Selk ́nam y Tribal Afrodescendiente chileno, sean reconocidos como participantes activos con derechos y deberes en la presente Convención Constitucional.
Por otro lado, en lo que respecta el plebiscito de salida, “la Comisión permanente considerará la incorporación de los adolescentes desde los 14 años para la votación”.
Uno de los puntos finales del documento, plantea redactar un “Preámbulo” en la propuesta de Nueva Constitución. Un fragmento en el que “el poder constituyente dé cuenta de la verdad histórica de los pueblos, reconociendo la vulneración sistemática de los derechos de los pueblos originarios”.
Revisa el texto completo a continuación:
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