Jackson anuncia instructivo que regulará actuar de funcionarios públicos durante campaña legal del plebiscito de salida

Durante la jornada de este martes el delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, enfatizó -en medio de un discurso a comunidades mapuche- en la relevancia que tendría el plebiscito de salida constitucional para la zona.

“Es importante ese plebiscito de salida, puede consagrar una Constitución en donde estén reconocidos los pueblos originarios y mapuche y tiene relevancia para todo lo que se va a desarrollar bajo el gobierno del presidente Boric”, dijo la autoridad regional en la comuna de Teodoro Schmidt.

Agregó: “Tiene relevancia para que haya un Estado plurinacional que obligue a los parlamentarios, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a los órganos autónomos a tener en cuenta de que ya no es un Estado de Chile sin plurinacionalidad y sin pueblos y naciones con derechos garantizados, si no con ellos”.

Los dichos de Allard generó una reacción en la oposición. Es así como el diputado por La Araucanía, Henry Leal (UDI), señaló que “la intervención electoral de este Gobierno en el plebiscito de salida llegó a su límite. Las declaraciones del delegado presidencial de La Araucanía son absolutamente vergonzosas e inaceptables (...), todo ello, en horario de trabajo y haciendo uso de recursos públicos, por lo que mañana a primera hora vamos a recurrir a la Contraloría denunciando estos hechos”.

A propósito de aquello el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, anunció un instructivo para explicitar el rol que les compete a los funcionarios públicos durante la campaña legal del plebiscito de salida constitucional.

Comenzó señalando que “habían muchas dudas respecto a cuál es el rol que los distintos funcionarios de gobierno deben cumplir a la hora de que se establezca la campaña que se inicia posterior a la entrega del texto”.

Siguió diciendo que la campaña legal para el plebiscito comienza después de la entrega del texto constitucional, es decir, el 5 de julio. En ese sentido, aseguró que “vamos a tener lo antes posible -porque nos han pedido acelerarlo- un instructivo en el que podamos explicitar a todas las y los funcionarios públicos cuál es el rol que les compete en el ejercicio de sus funciones”.

Eso sí, recalcó que eso es distinto a la preferencias que cada persona puede tener. “El Estado no puede forzar, en este caso, a los funcionarios a no tener opinión política, pero sí prescindencia en el ejercicio de sus funciones”, expresó.

“Esperamos que ese instructivo pueda dejar de manera prístinamente claro el hecho de que una autoridad de gobierno puede tener opinión respecto a los sucesos políticos de nuestro país, lo que es obvio, pero en el ejercicio de sus funciones y en el uso de los recursos públicos hay que tener total cumplimiento y acatamiento a las instrucciones de la Contraloría General de la República”, cerró.

Durante el consejo de gabinete ampliado, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, se abordó el rol del gobierno en el proceso constituyente a casi 5 meses de que se realice el plebiscito del 4 de septiembre.

Dentro de los lineamientos definidos, Boric dijo que “el gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto la del Apruebo como del Rechazo, iguales condiciones para poder difundir su pensamiento, su visión, su opción”.

Añadió que “en ese sentido, el gobierno, con los recursos públicos de todos los chilenos, no puede tratar de incidir en una dirección u otra. Tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de fomentar la participación y de informar, y por cierto que eso lo vamos a hacer como corresponde, ajustándonos a todo lo que señalan los cuerpos legales”.