El 4º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar con arraigo nacional y prohibición de acercamiento a los dos imputados por amenazas en contra de la convencional constituyente Teresa Marinovic Vial (48).

Se trata de Kevin Vargas Poblete (22) y Roberto Montoya Rodríguez (51), quienes -según la investigación realizada por la PDI- en forma separada tomaron contacto con la representante del distrito 10 para efectuar amenazas a su integridad física.

Los detalles del caso fueron expuestos en la audiencia de formalización. En la instancia se hizo referencia al mensaje que la abogada recibió en su celular el 9 de agosto pasado: “Wena vieja vastar.. ku... te rekuerdo k ahora los anarcos tenemos el poder. A todo fascista y nazi les destruiremos su mundo de fantasía, cuídate que te estamos siguiendo (SIC)”.

Marinovic adjuntó el número telefónico desde donde fueron remitidos estos insultos, y además señaló que “luego de enviarme ese mensaje, comienza a llamarme en al menos cuatro oportunidades vía WhatsApp, llamándome constantemente y todas las llamadas seguidas una de otra. Atendido el miedo que sentía a propósito de sus dichos y el contexto en que estas amenazas se estaban desarrollando, preferí no contestar las llamadas”.

“El 12 de agosto de 2021 recibí en mi teléfono personal vía WhatsApp una imagen de una calavera y la siguiente frase: Se te viene pesaíto. Tere Marinovic y la conche...”, consignó en su querella Marinovic, patrocinada por la abogada Catalina Honorato, socia de Contreras & Cía.

Ante la detención de los dos presuntos autores de las amenazas y su posterior formalización, la convencional constituyente sostuvo que las medidas impuestas “me parecen ejemplificadoras. Poco a poco se ha institucionalizado la costumbre de insultar, amenazar, funar y eso me parece inaceptable”.

La magistrada del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Herrera, le dio al fiscal de Las Condes, Juan Pablo Araya, un plazo de investigación de 90 días. Actualmente la indagatoria es secreta a petición del Ministerio Público, luego que el lunes el tribunal emitiera una orden de detención en contra de ambos imputados. De hecho, la magistrada prohibió el acceso a la prensa a la audiencia.

Para cumplir con la detención, los efectivos de la PDI se debieron trasladar a los domicilios de los imputados en las comunas de Cerro Navia y Valparaíso. Posteriormente, fueron llevados a dependencias de la Bipe, lugar en el que debieron esperar por poco más de 24 horas, luego que el día lunes en la tarde la audiencia de formalización fuera aplazada.

Ambos imputados cuentan con una defensora privada: María Izquierdo llufi, una activa defensora de los derechos humanos y quien, además, participa en Amnistía Internacional.

La abogada María Izquierdo realizó un breve perfil de sus representados. Aseguró que Roberto Montoya Rodríguez (51) es un ciudadano de origen peruano que sufre un cáncer terminal y que “apenas puede hablar”. Asimismo, explicó que Kevin Vargas Poblete (22) es un joven que sufrió trauma ocular y perdió la vista de uno de sus ojos en medio de las manifestaciones del estallido social.

“Fue difícil, porque nadie los quería defender. Algunas personas decían que mis clientes le habían dicho a esta señora cuestiones de corte sexual. Eso no es efectivo, la trataron mal por redes sociales. Pero esas amenazas no fueron serias ni verosímiles como exige la ley. A esta altura nadie va a incendiar el Congreso, fueron insultos que se deben entender en un contexto de conflicto por inestabilidad social”, sostuvo a La Tercera.

Asimismo, la defensora intentó explicar el actuar de los imputados. “La gente se indigna, porque esta señora (Marinovic) es provocadora. Uno de los jóvenes que yo represento tuvo una pérdida ocular. Ella ha negado y ha hecho ironía de las víctimas de daño ocular. El otro chico tiene una metástasis por cáncer pulmonar. Es obvio que hay una indignación, es natural”, apuntó.

“Todo el mundo tiene derecho a defensa, Kevin lo único que dijo que fue un insulto, pero oye, si tienes 20 años, te privan de un ojo, es obvio que sientes rabia e indignación contra un sistema. Sobre todo en contra del sistema, porque a diferencia de lo que pasa en las causas por violaciones a los derechos humanos, en esta se movieron rápido”, concluyó.

Frente a las declaraciones de la abogada de los imputados, Marinovic respondió: “Yo solo he dicho la verdad. Las policías tienen el deber y el derecho de intervenir cuando las personas causan destrozos, queman o saquean. Y cuando me refiero a intervenir es a hacer uso de la fuerza para reprimir la violencia. Si la abogada considera que eso es una provocación que justifica amenazas de muerte contra la vida de mis hijos o de índole sexual, entonces que no ejerza la profesión, porque lo que está diciendo es que el Estado de Derecho no corre”.